La Red de Organismos de Derechos Humanos de la provincia convocan a acompañar a los familiares de Tito, a recibir sus restos, este sábado en la plaza Urquiza. Además, manifestaron su preocupación por las políticas del Gobierno nacional.

El pasado 5 de abril, la familia de Raúl Tito Maschio recibió la información sobre la identificación de sus restos en el Cementerio de La Plata. Casi dos meses después, el 1 de junio tuvieron la notificación oficial de la Justicia, que confirmó el reconocimiento de los restos del concordiense detenido-desaparecido por cuarenta años, cuando con sus 22 años fue secuestrado y desaparecido por la dictadura cívico-militar-clerical, el 6 de diciembre de 1977. La Red de Organismos de Derechos Humanos de Entre Ríos convocan al recibimiento en su tierra natal de Tito, acompañando a sus familiares, tras décadas de búsqueda de verdad y justicia, este sábado en la plaza Urquiza, a partir de las 15.30 hs.
«Este sábado 30 de junio a las 15.30 en la plaza Urquiza de Concordia, donde se encuentra el reloj de sol en memoria de los desaparecidos, Tito estará de regreso y será recibido por su familiares y compañeros», precisó en un comunicado la Red que integran Madres de Plaza de Mayo de Gualeguaychú, la Asociación de Familiares y Amigos de Detenidos Desaparecidos y ex Presos Políticos de Concordia, la Comisión Memoria, Verdad y Justicia de Concepción del Uruguay, Hijxs Paraná, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Asociación de ex Presos La Solapa, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Gualeguay, Hijxs Concordia, Agmer central, y sus sedes de Gualeguaychú y Concepción del Uruguay.
Tito era estudiante de Psicología en la Universidad Nacional de La Plata, donde fue detenido-desaparecido el 6 de diciembre de 1977. Tras décadas de búsqueda por la verdad y la justicia, sus restos fueron localizados en 2009 en el Cementerio de La Pata, donde estaba enterrado como NN, e identificado en abril de este año.
Encuentro en Gualeguaychú
Los distintos organismos de derechos humanos de la provincia se reunieron el pasado 23 de junio en Gualeguaychú «Con el propósito de fortalecer un proceso de coordinación y articulación» de agendas y prácticas. Durante el encuentro convocaron a la actividad de este sábado en Concordia y advirtieron por el contexto actual y cuestionaron el rumbo del Gobierno nacional.
En un comunicado, difundido luego de la instancia colectiva, resaltaron la «preocupación ante lo que ocurre en el plano económico, político y social en nuestro país y consideramos que hay que analizarlo en el complejo contexto latinoamericano y mundial».
Se precisó que «luego de haber vivido más de una década de gobiernos nacionales y populares en la región, con la mejora en la calidad de vida de sus respectivas poblaciones, alcanzando niveles de equidad y distribución del ingreso inédito en la historia latinoamericana, hoy atravesamos una etapa de fuertes retrocesos». Además se afirmó que «a partir del 10 diciembre de 2015 en la Argentina, en la figura de Mauricio Macri como presidente de la Nación, asumió un gobierno oligárquico y neoliberal que repartió el Estado entre un puñado de grupos económicos y empresas transnacionales, que produjeron en poco más de dos años una inmensa transferencia de riqueza desde los sectores populares hacia las franjas más concentradas del capital». Se añadió que «esta etapa se ha caracterizado por un fuerte deterioro de las políticas públicas inclusivas, el recorte en el presupuesto de educación y salud y la destrucción de los derechos laborales y sociales».
La Red de Organismos de Derechos Humanos de Entre Ríos destacó que «el feroz endeudamiento adoptado desde el primer día de gobierno y el pedido de financiamiento al Fondo Monetario Internacional compromete nuestra soberanía nacional a los designios de los países centrales y al capital financiero internacional y somete al pueblo argentino a recetas neoliberales que solo han producido mayor desocupación, pobreza y exclusión social». Se puntualizó que «los condicionamientos que deberá pagar nuestro país por dicho préstamo implicarán una aceleración del ajuste económico que está llevando a cabo el gobierno nacional en contra de las conquistas históricas del movimiento obrero y los sectores más desprotegidos de nuestra sociedad».
Se cuestionó que el Gobierno nacional «tiene plena conciencia de que su proyecto de país para pocos no puede imponerse sin un esquema represivo y la complicidad de los grandes medios de comunicación. Desde allí se estigmatiza a los sectores populares organizados, construyendo la imagen de un “enemigo interno”, con el fin de justificar el uso de las Fuerzas Armadas para reprimir a nuestro pueblo y para acallar la resistencia social que producen las políticas antipopulares del gobierno». También se denunció que la Ministra Patricia Bullrich «ha sido instruida e instruye a sus subordinados para hacer del gatillo fácil, la persecución política y la prisión arbitraria de militantes sociales, una nefasta política de Estado».
«Reafirmamos el rol de los organismos de Derechos Humanos en nuestra sociedad, con la bandera en alto de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, quienes demostraron a lo largo de su historia que la única lucha que se pierde es la que se abandona, lucha que la sostendremos en paz y dignidad, dentro de las reglas de la democracia. Exigiendo que los diferentes actores del Estado cumplan con el respeto irrestricto a las normas que se fueron construyendo en estos años», se señaló en el escrito difundido.
Se valoró que «los crímenes por delitos de lesa humanidad continúan siendo juzgados por los tribunales de nuestro país con todas las garantías constitucionales que los genocidas no les dieron a sus víctimas». Y se remarcó que esta construcción «es parte de nuestra sociedad que no quiere volver a vivir en la impunidad, lo demostró saliendo a las calles cuando hubo intentos de retroceder en el juzgamiento a los genocidas».
«Continuaremos edificando los pilares de Memoria, Verdad y Justicia buscando a nuestras hermanas y hermanos apropiados en lo que fue el plan sistemático de robo de bebés; buscando los restos de nuestros familiares y amigos; exigiendo el juicio y castigo a los responsables militares y civiles que fueron parte del terrorismo de Estado ejecutado en nuestro país», se advirtió.
Por otro lado, la Red remarcó la necesidad de «intervenir en las políticas públicas que generan violencia institucional y afectan directamente en los derechos de una gran parte de nuestra sociedad. Es indispensable interpelar a nuestros legisladores para que puedan diseñar normas que se adapten a los parámetros de este tiempo».
Se lamentó que «la revolución de la alegría que nos vendieron fue solo el ropaje de una miseria planificada que condena a la mayoría del pueblo a una vida indigna». Aunque se destacó que «este pueblo tiene historia y sabe reinventarse, porque atravesó la más sangrienta dictadura cívico-militar-eclesial, luchó en contra del olvido y la impunidad, supo transformar el dolor y el miedo en justicia».
«Porque nuestras compañeras y compañeros lucharon por un país para todos y se los llevaron por un país para pocos, seguiremos luchando por una patria que incluya a las mayorías», se finalizó.