No hay centros de día y noche, políticas públicas ni presupuesto que aborde la temática. Pese a contar con una ordenanza sancionada, el Estado no interviene en una problemática que aumenta. El silencio del HCD.
Por Mariano Osuna
El cierre del dispositivo comunitario Casa Solidaria, ante la falta de respaldo estatal; la carencia de políticas públicas que aborden la problemática desde una perspectiva de derechos humanos; el contexto socioeconómico donde cada vez más familias y personas son empujadas a sobrevivir de la basura y dormir en la calle; la inacción del Honorable Concejo Deliberante, pese a contar con la ordenanza 8932, sancionada desde 2010; y la inexistencia de un espacio de día y noche, de un equipo interdisciplinario y de recursos para intervenir en la temática, caracterizan el escenario actual de las personas en situación de calle.
El contexto que atraviesa al país, del cual la ciudad de Paraná no es ajeno, volvió a instalar en la agenda pública una problemática estructural. En diciembre de 2010, el intendente José Carlos Halle promulgó la ordenanza que dispone la creación del “Programa de Asistencia Integral para Personas en Situación de Calle”, una iniciativa presentada por la oposición, que pese a ser acotada en el abordaje sentó un precedente respecto a legislaciones hacia la transformación de los dispositivos estatales para intervenir en esta temática. La Ordenanza 8932 conceptualizaba sobre el significado de quienes atraviesan esta situación y habilitaba la creación de un Alojamiento Municipal Transitorio, dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos. Entre sus argumentos, se planteaba un abordaje que supere las lógicas asistenciales urgentes y contribuya a la reconstrucción de los proyectos de vida de cada persona. La norma también facilitaba la formación del “Fondo Especial de Asistencia Integral para Personas en Situación de Calle”, del “Servicio Social de Atención Telefónica” gratuita que recibiría las demandas de atención de personas en situación de calle, riesgo social o derechos vulnerados, y de un Mapa de Asistencia Integral, tras un cotidiano relevamiento. A ocho años de su promulgación, nada de eso sucedió.
El 5 de mayo de 2016, el Honorable Concejo Deliberante modificó la ordenanza 8932 mediante la norma 9394, impulsada por el Ejecutivo local, a cargo de Sergio Varisco. “Es decisión de este gobierno municipal trabajar decididamente en el abordaje de un tema tan sensible desde el punto de vista humano”, había afirmado en su momento el concejal del oficialismo, Pablo Hernández, festejando la legislación que tampoco fue puesta en funcionamiento.
Como no ocurrió desde 2010, la ordenanza original, y su modificación, nunca tuvo respuestas en las tres gestiones municipales que la sucedieron. Lo cierto es que la situación se agudizó en los últimos tiempos con un contexto de despidos, la inflación, el enfriamiento de la economía y del consumo popular, la desactivación y el desfinanciamiento de redes estatales que intervenían en distintos barrios de la ciudad y la disolución de organizaciones comunitarias.
Un grupo de espacios colectivos que acompañan diariamente a las personas en situación de calle presentó en el año 2016 un petitorio donde se exigía la implementación real del programa creado con aquella ordenanza sancionada en 2010. El texto, presentado al HCD, la Municipalidad de Paraná y el Gobierno provincial, fue acompañado por más de 4 mil firmas y sólo tuvo respuestas en el Concejo Deliberante, donde semanas después se hizo uso de la herramienta legislativa Voz y Opinión Ciudadana. La idea de realizar la exposición al Ejecutivo provincial, tuvo que ver con reiteradas denuncias de violencia institucional hacia personas en situación de calle.
Sólo durante cinco meses del año pasado hubo un improvisado lugar para dormir montado en el Centro de Integración Comunitaria (CIC), ubicado en calles Roque Saenz Peña y Fermín Garay. El precario refugio contenía menos de 20 camas, duchas frías, un policía como único personal, y cerraba cada mañana a las 7 hs. El resto de los meses se mantuvo el CIC cerrado con la explicación que el frío ya no existía, como si la situación de calle se reduciría a un abrigo, o incluso a un techo. Queda claro que los dispositivos del Estado, de manera articulada, con presupuesto y equipos interdisciplinarios, deben intervenir en el plato de comida y en un lugar para dormir, pero también en el acceso a la cultura, educación, salud, en la reconstrucción de los lazos quebrados y en la construcción de su proyecto de vida.
Actualmente el único lugar existente es la Residencia municipal “Madre Teresa de Calcuta”, ubicada en calle Don Bosco 1724. No obstante sólo acepta varones adultos a partir de una determinada edad, tiene pocas camas y no acepta niñas, niños, adolescentes ni mujeres adultas. Otra limitante significativa para abordar la temática.
Actualmente la única mano amiga son algunas organizaciones solidarias como Suma de Voluntades, que comparten un plato de comida en distintos puntos estratégicos. No es una prioridad para el Ejecutivo municipal, tampoco para el Honorable Concejo Deliberante donde ninguno de los tres bloques superó algún vago pedido de informe al Jefe comunal.
Tampoco hubo respuestas del Gobierno provincial, a quien se le presentó propuestas por intermedio del Ministerio de Desarrollo Social. Casa Solidaria, un dispositivo comunitario conformado por distintos profesionales, propuso en reiteradas ocasiones al Ejecuto provincial y a la Administración municipal para que tomen su modelo desde el Estado. Nunca hubo respuestas, hasta que la inacción y el propio contexto, antes conceptualizado, terminó en la disolución del espacio organizacional.
Hoy el diagnóstico es desalentador. Sin registros oficiales, la situación de calle se ha multiplicado y las herramientas del Estado se han disminuido. Cuidando coches, sobreviviendo del basural, durmiendo en las puertas de LT 14, plazas públicas o el Centro de Salud de barrio Paraná IV, las voces de las propias personas ratifican ese lamentable crecimiento. Se acerca el invierno, estación que visibiliza aún más la indiferencia, el abandono y la violación de derechos, mientras desaparecidos sociales esperan respuestas.