Ricardo Frank defendió el aumento del boleto de colectivos dispuesto por el Ejecutivo

Continúa el debate en Comisión del Concejo Deliberante de Paraná por la nueva tarifa dispuesta por el Gobierno local que establece un aumento del 70%. El secretario de Servicios Públicos, dijo que el incremento se determinó por “una tarifa política”.

Este miércoles se realizó un nuevo encuentro de la Comisión de Servicios Públicos del Concejo Deliberante de Paraná, con el objetivo de analizar y debatir el proyecto enviado por el Ejecutivo, donde se contempla un incremento del costo del pasaje del transporte público de la ciudad que ronda el 70% anual. En esta ocasión, el secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad y presidente del órgano de control del Sistema Integrado de Transporte Urbano (SITU), Ricardo Frank, expuso la posición del oficialismo y las razones del Ejecutivo para determinar un incremento que es resistido por buena parte de la comunidad y los concejales de la oposición, así como de los que integran el bloque Paraná de Pie.

Frank indicó que ante el pedido de actualización de la tarifa por parte de las empresas concesionarias, el organismo de control que preside convocó a los organismos técnicos para la determinación “de una tarifa técnica media” y que, luego del análisis, “se arribó a un valor de 9,26 pesos aproximadamente”.

En ese sentido, añadió que tomando como referencia este cálculo “había que llegar a la tarifa plana, que es lo que se eleva para conocimiento del Departamento Ejecutivo, la cual llegó a 13, 50 pesos, que en realidad es un tarifa política”.

Más adelante explicitó que para la fijación de nuevos importes tarifarios “se utilizaron los parámetros de referencia desde enero a diciembre del año 2017, que reflejaron un total de 2.290.000 pasajeros”.

Al referirse a una actualización del boleto de un diez por ciento desde el 1º de julio próximo, dijo que tal incremento se aplicará por única vez, y aclaró que el mismo responde a la pauta salarial acordada por organización gremial del transporte automotor.

Cabe mencionar que la UTE conformada entre ERSA Urbano y Mariano Moreno, en los tres primeros meses recibió subsidios nacionales por el orden de los 60 millones de pesos y que, según la paritaria firmada por la Unión Tranviaria Automotor (UTA), el incremento salarial para este año es del 15% en tres cuotas, de las cuales, la tercera, se paga en enero de 2019.

De aprobarse el aumento propuesto por el Ejecutivo y que los concejales deberán votar el próximo 28 de mayo en una sesión que se realizará en el teatro 3 de Febrero de la capital entrerriana, Paraná tendría el boleto de colectivos más caro de la provincia, donde el promedio es de 12 pesos, y un salto porcentual que no se ha registrado en otras partes, ya que el 55% en cuanto se promulgue la eventual ordenanza, más el 10% de julio, redondean un incremento real en torno al 70%.

La tarifa plana que se iría por encima de los 14 pesos pasaría a ser una de las más caras del país, con un servicio notablemente inferior al que se presta en ciudades como Rosario, Santa Fe o Córdoba, que suelen utilizarse como parámetro de comparación para la capital entrerriana.

Etienot pidió por un servicio “justo, razonable y transparente”

Durante la reunión de Comisión que preside Elsa Salazar (Paraná de Pie), la viceintendenta y presidenta del Concejo Deliberante de Paraná, Josefina Etienot, sostuvo: “Lo único que nos interesa es que los servicios que están concesionados cumplan con la Constitución de la Provincia de Entre Ríos, donde dice que deben prestar un servicio justo, razonable y transparente”.

Más adelante, consideró que “la justicia debería estar entre el valor del boleto y el servicio que presta la empresa”.

Respecto a los incumplimientos en la prestación del servicio, propuso al defensor del Pueblo, Luis Garay, y al director de Defensa del Consumidor, Pablo Gabioud, buscar la forma de penalizar a las prestatarias, en estos casos.

Valor del boleto acorde al poder adquisitivo de los usuarios

El titular de la Defensoría del Pueblo de Paraná, Luis Garay, al participar hoy de la segunda reunión ampliada de la Comisión de Servicios Públicos del Concejo Deliberante, para analizar el nuevo valor de la tarifa de colectivos afirmó que del debate sobre esta cuestión “debe salir un precio del boleto acorde al poder adquisitivo de los usuarios”.

“Las explicaciones de Frank no nos alcanzan para entender el porqué del aumento del boleto a 13,50 pesos”, afirmó Garay.

Garay comentó que el precio del boleto “no es la mayor queja de los ciudadanos en la Defensoría”, y apuntó que los reclamos de los usuarios recaen fundamentalmente sobre el incumplimiento de las frecuencias, falta de limpieza de los micros, carencia de garitas, falta de señalización y otras falencias en la prestación del servicio, que están muy por encima del valor del boleto.

Respecto a sus consideraciones referidas a este tema, señaló que “desde hace muchos años, y aclaremos que se trata de las mismas empresas, el servicio que se viene brindando es pésimo”.

Según el pliego de condiciones aceptado por las empresas concesionarias para la explotación del servicio público, las tarifas se conforman según lo establecido en la ordenanza marco regulatorio del transporte urbano de pasajeros, Nº 9462. Allí, una de las variables a tener en cuenta es el Salario Mínimo Vital y Móvil, vigente al momento del cálculo. Sin embargo, según los expresó uno de los especialistas en costos propuestos por la oposición en el órgano de control del SITU, Carlos Maisterrena, ese marco regulatorio no se está aplicando, por ende, el SMV, no tiene ninguna incidencia en la tarifa actual. Ello debido a que el servicio según lo dispone el pliego para la nueva concesión, no está vigente ya que aún no se implementaron los cambios allí dispuestos que, tras varias postergaciones, se pondrían en marcha en julio. Actualmente, el cálculo de la tarifa se determina mediante una Resolución del Ministerio de Transporte de la Nación y los datos son brindados por las propias empresas.

Posiciones encontradas

Tras dos encuentros de la Comisión de Servicios Públicos, la situación parece trabada en la defensa del oficialismo del proyecto del Ejecutivo, por un lado, y el rechazo a cualquier tipo de modificación tarifaria de parte de los concejales del FPV, por otro.

Tras una acción a puro reglamento y con apoyo de organizaciones de vecinos, los concejales del peronismo y del bloque Paraná de Pie, una escisión de Cambiemos protagonizada por los ediles Elsa Salazar y Santiago Gaitán, y la presidenta del cuerpo, Josefina Etienot, lograron torcer la voluntad del oficialismo que pretendía tratar sobre tablas y aprobar el aumento el mismo día en que ingresó a tratamiento, en la sesión del pasado 26 de abril. El proyecto del Ejecutivo fue derivado a la Comisión de Servicios Públicos a la vez que se amplió la participación en esa comisión, incluyendo a todos los concejales, a los integrantes del órgano de control y a los vecinos que pudieron plantear sus inquietudes mediante nota escrita. Además se dispuso que la sesión en que se someterá a votación el nuevo cuadro tarifario se realice en el marco del programa El Concejo en Tu Barrio, designándose al teatro Municipal de la ciudad como el lugar para el plenario.

Por primera vez el oficialismo en el Concejo Deliberante apareció en aprietos. Stefania Cora, del FPV, ingresó un proyecto que declara la emergencia tarifaria y suspende los aumentos por 12 meses hasta que se realice un estudio en profundidad de la prestación del servicio y los costos del mismo, en tanto que el bloque UNA – Frente Renovador, aliado de Cambiemos, propuso escalonar los aumentos y postergar para el año que viene el 10% restante proyectado para julio. Desde Paraná de Pie, sostienen que la evaluación de la calidad del servicio debe ser prioritaria y previa a la modificación de la tarifa.

La respuesta de Ricardo Frank, establece la posición del Ejecutivo, la decisión “es política” y ya está tomada. Esa es la explicación al precio de 13.50 para la tarifa plana. El punto de encuentro parece estar lejos por el momento de lograr alguna modificación que beneficie a los usuarios. La emergencia tarifaria, si bien recoge cierto apoyo de la Asamblea Ciudadana Vecinalista de Paraná y de la Multisectorial Ciudadana, parece innegociable, ya que no habilita ningún tipo de aumento y confronta directamente con la postura del Ejecutivo. La falta de información que dé cuenta de cómo se llega al incremento del 70% y las irregularidades  del proceso son un argumento contundente de parte del FPV, pero el oficialismo parece dispuesto a no volver sobre esos pasos. De ese modo se encamina a una encerrona, donde tendrá que decidir si hace valer su mayoría compuesta por los votos propios más los dos que aportan Luis Díaz y Silvina Fadel y aprueba una ordenanza resistida por los vecinos, a la que podría dar un viso de consenso si da lugar al aumento escalonado que proponen desde UNA – Frente Renovador, y paga el consecuente costo político de esa decisión, o si da lugar a la iniciativa del FPV y pone en stand by los aumentos durante un año, para revisar el servicio y relavar datos para establecer un nuevo cálculo de costos.

Aún queda camino por recorrer para llegar a esa situación, el próximo encuentro será el próximo jueves de 17 de mayo y tal vez sea el momento de que el Ejecutivo comience a mostrar hacia donde piensa avanzar frente a esta situación.

Fuente: Lmneuquen; La Izquierda Diario.