Se trata de Jorge Horacio Capellino, quien durante la última dictadura cívico militar se desempeñó como jefe de Clínica Médica del hospital. Se lo imputa como coautor en los homicidios y desapariciones forzadas de Sobko, Osuna y Fernández, entre otros cargos.

El pasado jueves, los abogados querellantes que se desempeñan en la Mega Causa Área Paraná II en el marco del juicio por los delitos de Lesa Humanidad cometidos en Entre Ríos durante la última dictadura cívico militar, presentaron un escrito donde piden la prisión perpetua para Jorge Horacio Capellino.
El acusado se desempeñó como jefe de Clínica Médica del Hospital Militar de Paraná durante la última dictadura en la Argentina y se lo imputa de haber tenido intervención como coautor en los homicidios y posteriores desapariciones forzadas de Pedro Sobko, Juan Alberto Osuna y Carlos José María Fernández, y en la detención ilegal, torturas, vejámenes y apremios ilegales que sufrió un sobreviviente. Razón por la cual los abogados querellantes, Sofía Uranga (HIJOS); Marcelo Boeykens (en representación de Clarisa Sobko) y Ana Lucía Tejera (Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación), reclamaron prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua, de cumplimiento efectivo en cárcel común. “Además peticionaron que sea condenado por el delito internacional de genocidio, o al menos que el juez federal Pablo Seró deje plasmado en su veredicto que los crímenes fueron cometidos en el marco del segundo genocidio nacional”, explicaron desde la agrupación HIJOS.
Además, expresaron que “La causa Capellino, tramita por el antiguo y ya derogado Código de Procedimientos en Materia Penal, un beneficio que en estas y otras causas tienen los genocidas enjuiciados en Entre Ríos. Por este motivo el pedido de pena fue efectuado por escrito y no en el marco de un juicio oral y público y a la vista de toda la sociedad, como hubiera correspondido”.
La acusación contra el médico del Hospital Militar es un desprendimiento de la Megacausa Área Paraná, que concentró a la mayor cantidad de hechos ocurridos en esta zona de la provincia, y que se iniciara con la recuperación de la democracia. Desde HIJOS reclamaron que “lxs familiares de las víctimas llevan 35 años esperando el veredicto del Poder Judicial. El mismo tiempo que Capellino y sus pares genocidas llevan manteniendo el pacto de silencio e impunidad”.
En el escrito presentado por la querella se considera probado que el imputado tuvo “directa relación con los hechos ilícitos que se le imputan, llevados a cabo en el ámbito del II Cuerpo del Ejército Subzona 22 ‘Paraná’” y “ha sido parte de un engranaje represivo indispensable desde donde se llevaron a cabo las privaciones ilegales de la libertad, los tormentos, las muertes y las desapariciones”.
Los crímenes
Capellino, de 72 años, cumple prisión preventiva en su departamento de avenida Congreso 2540 3º “A” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En 1976 era un médico militar con grado de teniente primero que prestaba sus servicios para la implementación del terrorismo de Estado. El 26 de septiembre de ese año participó de la Masacre de la Tapera, como se recuerda al simulacro de enfrentamiento que las fuerzas armadas montaron en una vivienda de calle Rondeau 1396, entre Almirante Brown y Don Bosco, en la capital entrerriana. Allí fueron masacrados Beto Osuna y Fernández. Ambos estaban maniatados y habían sido salvajemente torturados luego de haber pasado por numerosos Centros Clandestinos de Detención y Tortura en Santa Fe y Paraná. Hubo más de 300 impactos de bala, en un curioso “enfrentamiento” en el que no hubo bajas del lado de las fuerzas armadas y de seguridad y sí “dos extremistas abatidos”. Capellino brindó sus servicios profesionales para que los homicidios se pudieran concretar, efectuó el traslado de los cadáveres hacia el Hospital Militar y contribuyó a su ocultamiento. El cuerpo de Osuna fue recuperado por la familia años después y en 2007 fue identificado y restituido oficialmente por el Equipo Argentino de Antropología Forense. Fernández continúa desaparecido.
Según la acusación, el imputado también tuvo una participación clave en el asesinato y desaparición de Pedro Sobko. El 3 de mayo de 1977 puso su firma en el certificado de defunción de Pedro, consignando el deceso ocurrido el día anterior como el de una persona no identificada (N.N.) e indicando como causa de su muerte “anemia aguda debido a herida de bala en hipocondrio derecho por accidente”. Desde la querella sostienen que es una constancia irregular, no tenía las formalidades requeridas y, sobre todo, porque fraguaba la causa de la muerte. No fue ningún accidente: el padre de Clarisa Sobko, actualmente integrante de HIJOS, había sido detenido en calle Bolivia y había conseguido escaparse del baúl del auto en el que era trasladado, en la zona de avenida Ramírez y Don Bosco, pero fue gravemente herido de un disparo a quemarropa, ante la vista de los vecinos y transeúntes, por el policía federal ya condenado a perpetua Cosme Ignacio Marino Demonte. Lo llevaron agonizando al Hospital Militar, donde falleció ante la vista de quienes hacían el servicio militar y enfermeras que brindaron testimonio a la Justicia. Sus restos aún no han sido encontrados.
Capellino, también participó de las torturas que sufrió un sobreviviente, que fue baleado y detenido el 28 de febrero de 1977 en calle 25 de Mayo de Paraná. Lo llevaron al hospital San Martín, donde fue operado de urgencia, y luego al Hospital Militar. Allí, el acusado fue el encargado de controlar las torturas que padeció la víctima. Su aporte era fundamental para que los tormentos se siguieran cometiendo.
Según señalan los abogados, Jorge Horacio Capellino debe ser condenado por homicidios agravados, privación ilegal de la libertad, imposición de tormentos, vejámenes y apremios ilegales, todos ilícitos enmarcados en el tipo genérico del delito de lesa humanidad y en el específico del delito internacional de genocidio.