Los contratos de obra se mantienen excluidos de la paritaria provincial

El Ejecutivo no incluyó en su oferta salarial a más de 1200 contratos de obra, el eslabón más precario de la planta estatal provincial. ATE y UPCN reclamaron por la discriminación, aunque no hubo rectificaciones.

Todo hace pensar que este viernes 1 de junio habrá acuerdo salarial, el eje prioritario, aunque no el único, de la Mesa paritaria que se reúne en la Secretaria de Trabajo con representantes del Gobierno provincial, UPCN y ATE. La última propuesta, calificada por ambos sindicatos como insuficiente, estaba compuesta por un incremento del 17% en dos tramos, un 8% en marzo y un 9% en julio, además del compromiso de revisión en septiembre si los índices de la inflación superaban el porcentaje acordado. En todos estos meses de instancia paritaria, el Gobierno provincial nunca incluyó en el mínimo garantizado a los contratos de obra, la modalidad más precaria que tiene la administración pública. Aunque los dos sindicatos estatales reclamaron por la discriminación, no parece que el Ejecutivo provincial haya tomado nota.

Pese a que el Gobierno omite difundir la cantidad de contratos de obras que tiene en la provincia, los números exceden las 1200 personas bajo esa modalidad. El 90% de los casos son trabajadoras y trabajadores con antigüedad y funciones de planta permanente, con la única diferencia que la relación laboral se establece con la figura del monotributo, sin vacaciones, aguinaldo ni obra social.

En las distintas propuestas salariales presentadas estos meses por la administración de Gustavo Bordet, se ofreció un mínimo garantizado de $13500 para marzo y de 15 mil para julio para quienes gozan de estabilidad o planta permanente. No obstante, el ofrecimiento no incluye a los contratos de obra, que se renueva cada año bajo una función distinta para disfrazar la estabilidad y antigüedad. Aunque la problemática es estructural, y se visualiza en distintas áreas del Estado nacional, de las administraciones provinciales y de las arcas municipales, en Entre Ríos existen actualmente contratados y contratadas con más de 5 años en esa precaria modalidad.

Cada año, no sólo se renueva el contrato sino que además esas 1200 personas deben esperar que los trámites sigan su trayecto burocrático, tengan la firma del responsable de la repartición, pase por Contaduría, despacho, por la oficina del Gobernador, se le asigne fondos y se abone. Un recorrido que suele durar entre cuatro y cinco meses dependiendo la repartición; meses donde los contratos de obra se mantienen sin cobrar sus salarios pese al cumplimiento de horarios y funciones. Para citar un ejemplo paradójico, en la propia Secretaría de Trabajo hay personas que siguen sin cobrar desde diciembre bajo esta relación laboral.

Cuando Gustavo Bordet asumió como gobernador tomó la decisión de incluir en el mínimo garantizado, luego del reclamo de los sindicatos, a esta precaria forma contractual. Quienes se encuentran en planta, tras los acuerdos en la Mesa Paritaria, reciben los aumentos de recomposición salarial automáticamente al mes siguiente, a veces con retroactivo, según los caminos de la negociación, como debería ser habitualmente. Lo cierto es que en el caso de los contratos de obra, ese aumento se efectivizaba en los últimos dos años con una adenda, ya que es la única forma legal de hacerlo, independiente del contrato, y retroactiva por la diferencia entre el valor de esos contratos y el valor que alcanzan el resto de estatales con las subas acordadas en paritarias. Por citar un ejemplo, en 2017 el básico estaba en 9 mil, mientras el acuerdo salarial lo llevó a 12, haciendo una adenda de 3 mil por cada mes desde agosto.

Lo anterior, ocurrió en los últimos dos años, con la peculiaridad que los aumentos fueron abonados en diciembre del siguiente año. Es decir, que mientras la planta permanente lo cobra en abril, si tomamos el aumento de marzo decretado por el Ejecutivo provincial, las y los contratados lo hacen en diciembre o incluso en enero del año siguiente, con la pérdida de poder adquisitivo, con las mediciones propias y ajenas de inflación. Una cadena de precarización, agravada en un contexto donde en pocos meses hubo devaluación, tarifazos e inflación sostenida.

Este año esa adenda no estuvo presente en ninguna de las propuestas salariales discutidas en la Mesa paritaria, pese al constante reclamo de la Asociación de Trabajadores del Estado y la Unión del Personal Civil de la Nación. En la próxima reunión, este viernes en la Secretaría de Trabajo, se espera que el Ejecutivo ofrezca un 19% en tres tramos, con idénticas características a la acordada con los gremios docentes. En el camino quedan diferentes puntos que, vale decirlo, los sindicatos expusieron en sus planteos, aunque siempre el Gobierno llevó el diálogo al número salarial. También queda la situación de los contratos de obra, inmersos en una cadena de precarización laboral.