La última reunión de Comisión por el aumento del boleto de colectivos en Paraná pasó a un cuarto intermedio

La Comisión de Servicios Públicos del Concejo Deliberante de la capital entrerriana realiza el cuarto encuentro para analizar el proyecto de Ordenanza del Ejecutivo que eleva en un 65% la tarifa de transporte público para este año. Su definición pasó para mañana.

Por Pablo Urrutia.

Esta mañana tuvo lugar la cuarta y la que sería la última reunión de la Comisión de Servicios Públicos del Concejo Deliberante de Paraná, abocada al análisis del proyecto de Ordenanza enviado por el Ejecutivo Municipal que eleva en un 65% el costo del boleto de colectivos para este año en la ciudad. La negociación parece estancada entre las distintas posiciones y la falta de acuerdo respecto al modo de determinar la tarifa, aunque se habría arribado al dictamen de comisión que permitirá que el proyecto sea tratado el próximo 28 de mayo en el Teatro 3 de Febrero. Sólo resta el cuadro de costos presentado por el especialista propuesto por el bloque Paraná de Pie, razón por la cual se decidió pasar un cuarto intermedio hasta este martes.

Cabe recordar que, según la iniciativa, el aumento en la tarifa plana consiste en un 55% a partir de su eventual promulgación y un 10% en julio, cuando se implementen los cambios en el servicio dispuestos en el pliego de la nueva concesión, en manos de la empresa ERSA Urbano – Mariano Moreno. La propuesta recogió el rechazo de los ediles del FPV y de Paraná de Pie, que en la sesión del pasado jueves 26 de abril, motivó el pase a la presente comisión para su análisis. La pulseada en la que el oficialismo tenía los votos y la decisión para ir por el tratamiento sobre tablas y consecuente aprobación ese mismo día, estuvo acompañada por el reclamo de vecinos encabezados por la Multisectorial Ciudadana y la Asamblea Ciudadana Vecinalista, y contó además con el apoyo de la presidente del cuerpo legislativo local, Josefina Etienot.

En aquellas circunstancias se presentaron dos proyectos alternativos, uno, del FPV, propone declarar la emergencia tarifaria en la ciudad, congelando la tarifa actual durante doce meses y realizar una revisión completa de la prestación del servicio, una de las razones para la cual fue creado el órgano de control del SITU; en tanto que el otro, del bloque UNA–Frente Renovador, dispone un incremento escalonado del aumento y posterga el 10% de julio para el año que viene.

Durante los sucesivos encuentros, quedó de relieve la falta de claridad en el cálculo para determinar el cuadro tarifario. En su momento, el secretario de Servicios Públicos de la ciudad, Ricardo Frank, dijo que el incremento se determinó por “una tarifa política”. Esto en respuesta a las razones por las cuales, del análisis técnico de los especialistas, surgió una tarifa media de 9,26 pesos, y el Ejecutivo llevó la tarifa plana a 13,50 iniciales que hacía fin de año redondearía en 15 pesos.

El eje de la discusión pasó a ser el modo en que se calcula esa tarifa. Según el pliego de condiciones, debería regirse por la Ordenanza marco del transporte urbano de pasajeros, Nº 9462. Allí se determinan los componentes que conforman dicho cálculo y uno de los factores que incluye es el Salario Mínimo Vital y Móvil. Sin embargo, según los expresó el especialista en costos propuestos por la oposición en el órgano de control del SITU, Carlos Maisterrena, ese marco regulatorio no se está aplicando, por ende, el SMV, no tiene ninguna incidencia en la tarifa actual. La razón es que el pliego para la nueva concesión, no está vigente ya que aún no se implementaron los cambios allí dispuestos que, tras varias postergaciones, se pondrían en marcha en julio. Actualmente, el cálculo de la tarifa se determina mediante una Resolución del Ministerio de Transporte de la Nación y los datos son brindados por las propias empresas, explicó Maisterrena en declaraciones a Agenda De Radio.

Pero, de las expresiones de los participantes en la Comisión de Servicios Públicos, no queda claro si esto es así en realidad, ya que una de las objeciones que se hacen al proyecto del Ejecutivo es justamente que aplica el modo establecido en el nuevo pliego y es esa fórmula “da ganancias extraordinarias a la empresa”, según manifestó la concejala Stefanía Cora, integrante de la Comisión por el FPV.

Proyecto alternativo

De los proyectos alternativos presentados in voce en la misma sesión en que ingresó para su tratamiento el proyecto del DEM, se desprenden algunas falencias. El del bloque UNA – Frente Renovador, sostiene el incremento, aunque lo aplica de manera gradual; en tanto que el del Frente para la Victoria no admite punto de acuerdo, ya que suspende cualquier modificación tarifaria por 12 meses, lo cual podría derivar en un conflicto con la empresa, que ya está reclamando un resarcimiento millonario de parte del Estado local por las demoras en la implementación del nuevo pliego de condiciones.

Ante esa situación, en la anteúltima reunión de Comisión, la presidenta del Concejo Deliberante, Josefina Etienot, propuso avanzar en un proyecto alternativo que destrabe las posiciones.

“El Pliego Licitatorio establece que la tarifa se fija por un servicio. Al todavía no estar en vigencia el servicio, si nosotros no aplicamos el Pliego a los fines del cálculo de la tarifa, porque hacemos una modificación al inciso 2 del artículo 11º no habría ninguna afectación, porque todavía la empresa no empezó a prestar el servicio que está en el Pliego. Pero sí, tiene la concesión”, explicó la presidenta del Concejo Deliberante capitalino.

En este sentido, argumentó: “Creo que habría que cambiar la forma en la que se calcula la tarifa, a los fines de establecer la claridad que plantean los especialistas en costos, que es necesaria para saber cuál es el artículo, del mismo cuerpo legal, con la misma jerarquía y tiempo, que vale a los fines del cálculo”.

“En ese contexto, creo que sería sumamente oportuno la generación de un proyecto alternativo, que puede llegar a derivar del expediente que envió el Departamento Ejecutivo Municipal, modificando los precios de conformidad y con sustento legal en estos fundamentos”, apuntó.

Al referirse a dicha propuesta, Etienot aclaró: “Sería para evitar que el Departamento Ejecutivo recupere ciertas facultades para fijar el precio del boleto, y de esta manera no se avasalle la potestad republicana que ganamos con la sanción del nuevo Marco Regulatorio”.

Sobre el planteo, vale decir que al ingresar en una encerrona la negociación a la que hábilmente habían obligado al oficialismo el bloque del FPV, la propia Etienot y con el apoyo determinante de Paraná de Pie, se estaría ante la posibilidad de que no se resuelva la situación en tiempo y forma y sea el Ejecutivo quien determine por decreto la nueva tarifa, facultad que le confiere la Ley de Municipios.

“Coincido con Zamero, en la generación de una ordenanza que establezca un observatorio que asegure que el servicio se preste eficientemente, que el ciudadano lo elija por sobre cualquier otra alternativa de transporte, ya que ése es el interés municipal”, concluyó, aunque la conformación de ese observatorio era el espíritu del órgano de control del SITU, reducido actualmente a un ámbito de discusión de tarifas reclamadas por la empresa.

Las empresas sostienen el reclamo por tarifa y una demanda millonaria

El analista en Costos por las empresas concesionarias del transporte urbano de pasajeros en colectivos, Sebastián Lischet, sostuvo en la reunión pasada que “las empresas están solicitando un precio del boleto de 15, 20 pesos”.

Indicó que ello encuentra fundamento en lo que se adjudicó en la concesión del transporte público, en base a lo dispuesto en el Marco Regulatorio.

Lischet precisó que el valor de la nueva tarifa se calculó de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones para la concesión del servicio de transporte urbano de pasajeros en colectivos, y añadió: “Eso es lo que venimos a informar hoy“.

Al explayarse sobre este punto, indicó que “la tarifa técnica es la que se solicitó en el SITU, y que fue aprobada por éste”.

“El porcentaje aplicado es el coeficiente de participación de todos los pasajeros generales que da una resultante de 15,20 para la tarifa plana”, puntualizó Lischet. Y agregó: “Para tener el mejor servicio, lo tenemos que pagar entre todos”.

Sobre este tema, el especialista reafirmó que ese es el valor del boleto que las concesionarias reclaman, e indicó: “Nosotros no nos vamos a salir de lo que dice el Pliego de Condiciones”.

Luego, en declaraciones a la prensa, el representante de ERSA Urbano – Mariano Moreno reveló que las firmas que actualmente explotan el mencionado servicio público están reclamando a la Municipalidad de Paraná el pago de una suma del orden de los 10 millones de pesos “en concepto de diferencias salariales que no están contempladas en enero, febrero y marzo (de 2018) y la diferencia del cupo de gasoil que las empresas, hasta diciembre de 2017, pagaban 8 pesos, y ahora están pagando 10 pesos el litro de combustible”.

Puntualizó que el reclamo por tal concepto por el periodo enero – marzo del corriente año asciende a 5 millones 400 mil pesos y, computando el mes de abril pasado, “que no está imputado y próximo a presentar (mediante expediente ante el Departamento Ejecutivo), “el monto reflejaría alrededor de 10 millones de pesos en concepto de deuda actualizada, que es la compensación que pide la UTR Buses Paraná a la Municipalidad”.

“Esa actuación se debió haber hecho con tarifa en su momento, y (esa deuda) fue acumulándose y esa diferencia las empresas la deben pagar de su bolsillo, para solventar los gastos operativos de todos los meses”, explicitó.

La renuncia de Zamero

En la reunión realizada el jueves pasado, el especialista en costos presentado por el oficialismo, dio a conocer su renuncia a continuar integrando el órgano de control del SITU. Se trata de Reinaldo Zamero, cuya foto junto al gerente de ERSA Urbano fuera publicada por este medio, dando cuenta de una relación personal de reñida compatibilidad con el espacio que le fuera designado por Cambiemos.

Vale decir que Zamero fue parte de los análisis que dieron con una tarifa media levemente superior a los 9 pesos. Al referirse a su estudio para definir la tarifa plana aseguró que el cálculo arrojó un valor de 12,57, un peso por debajo de lo decidido por el Ejecutivo. “La tarifa plana deja de ser equitativa, y pasa a ser un sistema solidario, donde unos usuarios subsidian a otros”, remarcó. Luego de la reunión oficializó su renuncia a la representación del oficialismo en el órgano.