El Tribunal de Juicios y Apelaciones sentenció este viernes al joven por homicidio simple en grado de tentativa. Los jueces nunca reconocieron su identidad de género y desconocieron los reiteradas agresiones.

Por Mariano Osuna
El pasado 13 de octubre de 2016 Joe Lemonge, un joven trans de Santa Elena, fue atacado en su vivienda por tres varones por su identidad de género. Previamente, las agresiones de los violentos se había dado en otras dos ocasiones. Joe se defendió, hirió a uno de sus hostigadores y terminó acusada de tentativa de homicidio. Este viernes, el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, con sede en La Paz, a cargo de la jueza Cristina Lía Vandembroucke, decidió condenarlo a cinco años y seis meses de prisión, desconociendo la defensa del ataque e incluso violentando durante todo el proceso judicial la identidad de género del joven.
Luego de la judicialización, múltiples organizaciones de la disidencia sexual, del activismo trans y del movimiento de mujeres se movilizaron para visibilizar la situación de Joe, parecida en cuanto al rol del Poder Judicial, al injusto proceso que sufrió Higui, quien estuvo presa por defenderse de una violación colectiva y correctiva de un grupo de agresores. Los atacantes del joven se encuentran en sus casas, mientras que Joe, que se defendió, está con una pena de cinco años y medio.
En retroceso
El fallo visibiliza las limitaciones del Poder judicial de la provincia de Entre Ríos. No sólo suprimió cualquiera perspectiva de género y de derechos humanos al omitir los ataques sufrido por Joe, sino que además durante toda la instancia judicial se trató al joven como mujer, violentando su identidad de género y desconociendo su identidad autopercibida.
La organización Sexualidades Disidentes denunció en un escrito enviado a Agenda Abierta que «desconocieron su identidad de género durante todo el proceso». Se reclamó que «no dieron lugar al pedido de defensa propia» y se repudió que «nuevamente la justicia castiga a quien se defiende de una agresión, del hostigamiento y violencia por ser trans, por no corresponder a los mandatos que nos son impuestos en esta sociedad machista y patriarcal».
«Se sigue violentando a nuestras identidades», se reclamó. «Estamos en alerta, y no vamos a parar hasta ver a Joe absuelto y en libertad», se advirtió.
El hecho se visibilizó y se convirtió en un reclamo colectivo. El reclamo de su absolución se instaló en la agenda pública, se propagó en la ciudadanía, en las proclamas urgentes. Su nombre, como los de Higui o Diana Sacayán, se transformaron en la voz generalizada contra la impunidad. La solidaridad llegó de distintas provincias, e incluso con una concentración en la Casa de Entre Ríos, en Buenos Aires. La condena a Joe demostró la falta de políticas públicas hacia la disidencia sexual desde la restitución de derechos. Y también reflejó el sistema judicial en el que se sobrevive en Entre Ríos.