La patota republicana

La aprobación del aumento del boleto, tal como lo había dispuesto el Ejecutivo, durante la sesión especial del Concejo Deliberante de Paraná realizada ayer estuvo rodeada y precedida por un hecho bochornoso y violento.

Por Pablo Urrutia.

El Ejecutivo Municipal, que atraviesa una compleja crisis derivada de la causa judicial que lleva adelante el juez federal Leandro Ríos por presuntos vínculos entre el intendente Sergio Varisco y una banda dedicada al narcotráfico, puso toda la carne al asador para manear la sesión que los propios concejales con su voto, habían decidido que se realice con presencia de vecinos y en el Teatro 3 de Febrero. La primer jugada fue de carácter administrativo, no por ello menos autoritaria; la segunda, desde lo militante. Para ambas fue determinante el uso de los recursos del Estado de parte del Gobierno de Cambiemos.

En esa acción política, Varisco se llevó puestas las instituciones. Primero, al negar el uso del coliseo paranaense, desdeñando que la decisión de realizar allí la sesión especial para el tratamiento del aumento del boleto fue aprobada por unanimidad en el HCD y que el Programa El Concejo va al Barrio es un instituto creado por una Ordenanza vigente que además, es de autoría de un concejal de sus propio espacio. Amén de las expectativas que esa posibilidad había generado entre los vecinos.

La salida de los ediles del FPV y Paraná de Pie, ante esa situación, fue forzada. Si se les negaba la posibilidad de sesionar en el Teatro, lo harían en el recinto. Uno de los argumentos fuerza era mantener en el ámbito deliberante la potestad de tener la última palabra en lo referido a tarifas del transporte público, si ello no sucedía, el Ejecutivo resolvía la cuestión vía Decreto, aunque el resultado final no fue diferente a eso. Desde el Ejecutivo apuntaron hacia allí sus cañones. Mediante una convocatoria por redes sociales reunieron el lunes desde las primeras horas de la mañana a una importante cantidad de personas que llegaron al Palacio Municipal para “defender a Varisco”. Se deduce de la consigna que el mandatario local estaría siendo objeto de un ataque cuyas características no se especifican, por obvias razones, y, según se interpreta a partir de los carteles agraviantes y los insultos expresados a viva voz durante la sesión del lunes, ese ataque estaría orquestado por la viceintendenta, Josefina Etienot.

Resulta obvia la necesidad de los partidarios del Varisco de no aclarar en qué consistirían esos ataques porque en esa volteada caerían la justicia federal y el órgano deliberativo del Estado Municipal, y la propia credibilidad de que se trate de verdaderos ataques hacia la figura del Intendente. ¿Acaso puede interpretarse como un ataque la investigación que lleva adelante el juez Leandro Ríos o la intención del Concejo Deliberante de sesionar con presencia de vecinos, cuando lo que estaba en tratamiento era un tema que les atañe directamente?

Los argumentos para negar el uso del teatro son flacos y hasta agresivos hacia los propios paranaenses en el punto en que se hace referencia a la obligatoria preservación del patrimonio histórico y cultural de la ciudad. Compromiso que no se tuvo en cuenta a la hora de copar el Palacio Municipal con una excesiva cantidad de personas que triplicaban la capacidad del recinto del HCD.

Esta segunda maniobra fue violenta e incluso peligrosa para quienes le pusieron el cuerpo. El objetivo de tomar el edificio público incurre en una violencia simbólica que en algunos momentos pasó a materializarse. El concejal Sebastián Bértoli fue agredido físicamente cuando se retiraba del lugar una vez finalizada la sesión. Hubo vecinalistas que fueron amenazados o insultados por quienes decían defender a Varisco en esa ilusoria contienda que, en todo caso, de estar en curso, sus canales han de ser los de la democracia.

No fue democrático el gesto, sino intimidatorio. De ese modo se impidió de manera contundente la presencia de vecinos que se oponían al aumento del 70% que finalmente fue aprobado por los concejales de Cambiemos, Karina Llanes, Emanuel Gainza, María Marta Zuiani, Carlos González, Pablo Hernández y Claudia Acevedo; y los del Frente Renovador, Luis Díaz y Silvina Fadel. No podría ser de otra manera. Si quienes rechazaban el incremento desmesurado eran abucheados y casi no se les permitía hablar en medio de la gritería, sin pertenecer a la fuerza gobernante, no hace falta una gran imaginación para darse cuenta cuál podría haber sido la actitud de los presentes hacia quienes dudaran cuando su voto favorable al Ejecutivo se daba por descontado. Para ejemplo está la situación por la que pasó la concejala Elsa Salazar, que desde hace un tiempo decidió tomar distancia del bloque de Cambiemos y conformar el espacio Paraná de Pie, junto a Santiago Gaitán. La edila debió abandonar su banca, descompuesta por los maltratos recibidos debido a su negativa a votar a favor del aumento y su decisión de conformar otro bloque distinto al oficialista. Cabe decir, Paraná de Pie tuvo una posición fundamental para que la Ordenanza aprobada ayer, fuese debatida previamente en Comisión.

En ese contexto hostil e intimidante, los concejales de la ciudad debieron dar tratamiento al proyecto que dispone un incremento escalonado hasta llegar a los 14,85 pesos a fin de año, redondeando un 70% en el bolsillo de los trabajadores. La única modificación fue subsidiar una parte de ese costo, hasta octubre. Una de las voces presentes en el lugar, aunque no manifiesta, fue la de la empresa concesionaria del transporte. Se le dio lo que pedía.

La situación protagonizada por esta especie de patota republicana, de cuyo accionar es responsable directo el intendente Varisco, aunque se dijo que el encargado de convocar fue Roberto Sabbioni, titular del área de Servicios Ciudadanos de la Municipalidad, es gravísima, representa un hecho sin precedentes y desnuda a una fuerza de Gobierno abrumada por las circunstancias que no son otra cosa que el resultado de propias decisiones, dispuesta a todo a la hora de mantener cierta estabilidad. Pero podría haber sido peor.

Un punto a considerar es cómo se desarrolló el dispositivo de seguridad durante la sesión. La policía llegó sobre los hechos y a penas se limitó a ordenar el caos de gente y evitar desbordes mayores. Debió custodiar el ingreso de los ediles del FPV y Paraná de Pie. Aquellos recaudos celosamente observados para la hipotética sesión en el Teatro cayeron en la indigencia ante la aparente sorpresa de las fuerzas de seguridad que, a pesar de la calma expresada ante los medios, fue sobrepasada por la situación. En esas condiciones, con el recinto colmado y el edificio obstruido por la presencia de personas, muchas de ellas trabajadoras del Municipio en horario laboral, hubiese resultado harto complejo implementar un plan de evacuación de haber sido necesario. Una simple rencilla en el recinto hubiese desatado un evento riesgoso en extremo. Se desprende de lo observado en la jornada del lunes que, la Policía de Entre Ríos, difícilmente hubiese podido garantizar la integridad física de ninguno de los presentes llegado el caso. Por suerte y por presión, las cosas salieron tal como se lo propuso el Ejecutivo. Otro escenario requiere de aventurar hipótesis contrafácticas, pero ninguna de ellas de agradable desenlace.

Los integrantes de la Asamblea Ciudadana Vecinalista, no pudieron ingresar al lugar, y sólo sí lo hicieron quienes previamente habían pedido hacer uso del instituto Voz y Opinión Ciudadana, que llegaron tarde y a duras penas, pidiendo permiso. Y adivine, a la hora de tomar la palabra, fueron interrumpidos e increpados por los presentes. Igual así dijeron lo que tenían para decir, en medio de un clima tenso, y fueron escuchados por los concejales, sólo eso.

Entre toda la gritería, el bullicio, las voces levantadas desde las bancas, la voz representada de la empresa por el oficialismo, la violencia simbólica y material de algunos de los presentes y el autoritarismo en el manejo de la situación de parte del Ejecutivo Muncipal, hubo un silencio latente, una ausencia cuya presencia se podía hasta tocar, la de los usuarios, los vecinos de Paraná que nuevamente deben afrontar un aumento contundente de un servicio que en nada ha cambiado las condiciones que lo convierten en un sufrimiento cotidiano, sin ser escuchados por las autoridades, aún en esta ocasión, cuando parecía que se había abierto una pequeña rendija para su participación en la decisión de los actos de gobierno.