San José avanza en la prohibición del glifosato

Con una charla encabezada por Emilio Vitale, ambientalista de Gualeguaychú, los vecinos que integran las asambleas de Arroyo Perucho y No a los Agrotóxicos en San José Colón, dieron inicio a un ciclo de audiencias que buscan informar, formar e incidir en la normativa local.  

Por Pablo Urrutia.

Este viernes a las 19, el ambientalista integrante de la Unión de Asambleas del Litoral y de la Coordinadora Provincial por una Vida sin Agrotóxicos, Basta es Basta, Emilio Eduardo Vitale, brindó una charla en el Consejo Deliberante de San José para transmitir la experiencia de Gualeguaychú que recientemente aprobó una ordenanza que prohíbe el uso del Glifosato en todo el ejido municipal.  

La actividad estuvo organizada por los vecinos que conforman las asambleas de Barrio Perucho y No a los Agrotóxicos en San José Colón y es la primera de una serie de charlas enmarcadas en el Ciclo de Audiencias Públicas de salud, ambiente y derechos humanos. Mediante esta iniciativa, intentan incidir en la ordenanza que los concejales se aprestan a debatir y sancionar en el mes de mayo, disponiendo la regulación de los agroquímicos en esa ciudad.  

San José, y específicamente los barrios que se encuentran en la zona del arroyo Perucho Verna de esa localidad, fueron noticia nacional hace un tiempo cuando tres escuelas debieron ser evacuadas debido a la afectación que produjo una de las periódicas fumigaciones que la empresa de Ricardo Maxit venía realizando en la explotación de nuez pecán que tiene en esa zona. El hecho fue el emergente de una larga serie de irregularidades que tanto Maxit, como Umberto Odiart, otro productor dedicado al arroz, vienen cometiendo en la vera del mencionado arroyo.  

La situación denunciada por los vecinos es de larga data, pero ante el hecho extremo tomó conocimiento público. La plantación de pecanes se encuentra a escasos metros de una escuela NINA, y allí se realizaban fumigaciones de forma periódica, hasta que el Concejo Deliberante decidió suspenderlas por 180 días cuando la escandalo ya era mayor, afectando a la escuela y al barrio cercano. En tanto que el productor arrocero, desvió el curso del arroyo Perucho para regar su plantación, transformó el paisaje natural de la zona y junto a Maxit realizaron una tala indiscriminada del monte nativo que rodeaba al curso de agua. 

Los vecinos, cansados de los atropellos de los empresarios que incluso cortaron el acceso a calles públicas, decidieron conformar la Asamblea de Arroyo Perucho, ya que los barrios aledaños en los que habitan alrededor de seis mil personas se identifican con ese espacio que en otro momento fue de recreación y esparcimiento. El arroyo es una parte central del ecosistema del lugar, un desagüe natural y un pulmón, su intervención para el desarrollo de actividades privadas deterioró ese equilibrio y afectó la calidad de vida en el lugar. 

Como se dijo, el problema no es nuevo, pero ni las autoridades provinciales, ni la intendenta Irma Monjo, ni los concejales, tomaron nota de las constantes denuncias que realizaban los vecinos, mucho menos llevaron adelante acciones para detener la actividad que incluso viola una normativa municipal que prohíbe el tipo de explotación que ambos productores llevan adelante en el lugar.  

El año pasado, a partir del conflicto ciudadano que genera el impacto que tiene en la salud de las personas el uso intensivo de agroquímicos en los cultivos y que afectan a muchísimas comunidades entrerrianas, los ediles de San José comenzaron a proyectar una ordenanza que regule y ponga un coto a la situación. Este año llegará al Concejo Deliberante y podría aprobarse en el mes de mayo. Los vecinos pretenden que se tome como modelo la reciente norma aprobada en la ciudad de Gualeguaychú que directamente erradica el uso del Glifosato en el ejido municipal, incluso alcanzando la zona de chacras. Esa ordenanza es parte de una política más amplia que el Gobierno de esa localidad viene desarrollando y que implica la transformación del actual modelo de cultivo hacia una alternativa agroecológica. Ese mismo sentido es el que los ciudadanos de San José le quieren dar a la ordenanza que comenzará el mes que viene.  

La audiencia comunitaria 

A principios de este año, la intendenta Monjo, dio lugar a un pedido de los vecinos de convocar a una mediación comunitaria entre el Municipio, los vecinos de la zona de Arroyo Perucho y los productores Ricardo Maxit y Humberto Odiart. Sin embargo, el encuentro entre las partes fue postergado de manera sucesiva. En el medio Maxit volvió a fumigar y las escuelas afectadas debieron ser evacuadas. Hubo niños, niñas y docentes que debieron recurrir al centro de salud de la zona. La amplia cobertura mediática que tuvo el suceso movió algunos resortes. El Concejo Deliberante prohibió las fumigaciones por 180 días. La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos, que coordina el colectivo Paren de Fumigar en las Escuelas, pidió la suspensión de las fumigaciones en cercanías de escuelas rurales por seis meses. La Cámara de Diputados de la provincia realizó una serie de charlas con ambientalistas de renombre que cuestionaron con argumentos científicos el paquete tecnológico de Monsanto que se aplica en el cultivo de alimentos. La conclusión de esos encuentros fue contundente. El presidente de la Cámara, Sergio Urribarri, anunció que los diputados del oficialismo no darían su voto a la norma que ya cuenta con media sanción. 

La voluntad de los gobierno nacional y provincial de liberar más aún el uso de agroquímicos en los cultivos, rodea a los municipios que son los que reciben de forma directa el reclamo y la presión ciudadana a partir del daño que la actividad produce en la salud humana, animal y ambiental.      

La mediación para los vecinos de San José sufrió una nueva dilación, hasta que finalmente, el miércoles de esta semana, tuvo su primer avance. Las abogadas facilitadoras provenientes de la ciudad de Paraná, se reunieron con los representantes de la asamblea de Perucho. Si bien calificaron como satisfactorio el primer encuentro, la modalidad será con reuniones por separado entre las abogadas y cada parte implicada. Los ciudadanos esperan poder dialogar cara a cara con los productores, ya que son vecinos del lugar y entienden que de esa manera puede haber un acuerdo donde la actividad particular de unos no afecte la salud y el medio ambiente del resto de la comunidad.