Paraná: La Defensoría del Pueblo pidió a la Municipalidad reducir el impuesto local de las facturas eléctricas

El 63,70% de la factura que paga el usuario se encuentra compuesta por impuestos nacionales, provinciales y municipales. En una carta formal el organismo pidió a Sergio Varisco revisar ese 24,69% de jurisdicción local.

Por Mariano Osuna

El nuevo incremento de las tarifas eléctricas trajo aparejado efectos inmediatos en el bolsillo de un sector mayoritario del país. Paraná, y Entre Ríos en general, no fueron la excepción a la situación que atraviesan hogares, espacios sin fines de lucro, economías regionales y pequeños comerciantes. En una carta dirigida al intendente de la ciudad, Sergio Varisco, la Defensoría del Pueblo solicitó una disminución de la carga impositiva de la Municipalidad en las boletas de luz. También se exigió que se gestione ante la Provincia que el 8,69% de contribución municipal por el uso del espacio público se incorpore a la estructura de costos operativos de Enersa.

«La definición de lo justo es lo que debería orientar la frontera entre lo legal y lo ilegal; y que no debiera ser posible que la legalidad agrave la injusticia vivida diariamente por los ciudadanos», afirmó la Defensoría en la carta enviada al Jefe Comunal el pasado 30 de marzo.

En el escrito se precisó que «la excesiva carga tributaria que grava a la energía eléctrica, impone a los usuarios una distorsión del valor de dicha energía, en base a un criterio exclusivamente recaudador por parte del Estado, independientemente de la injusticia en el carácter excesivo de dicha carga, y la utilización  de un intermediario en la acción recaudadora (la empresa prestataria), a fin de que este se garantice el cobro de la tasa». Se agregó que ambas motivaciones «producen alteraciones en el valor de la energía eléctrica, incrementando el costo para el consumidor y el costo de producción de bienes y servicios transables. Esto implica una sustancial alteración del mercado».

«Ninguna de estas dos motivaciones a las que hacemos referencia (el carácter exclusivamente recaudador por parte del Estado, independientemente de la injusticia en el exceso de la carga y la utilización de un intermediario en la acción recaudadora) son sostenibles desde el punto de vista de la justicia y de la equidad, ya que se hallan provocando distorsiones en el monto total a abonar por los usuarios sin distinguir capacidades contributivas, y sin considerar que los mismos pueden afectar el acceso a un servicio público básico cuando no se cuenta con los recursos suficientes para afrontar de una sola vez y de manera simultánea, el pago por el servicio consumido y el abono de las cargas tributarias que lo gravan», puntualizó la Defensoría.   

En la carta enviada al Intendente, se afirmó que en el caso del servicio eléctrico, al tratarse de un servicio público equiparable en su carácter a primera necesidad, «encontramos que la elevada carga impositiva que grava a la factura del mismo, y el carácter de imposición indirecta que estos tributos tienen, se encuentran reñidos con la orientación que la propia constitución provincial establece».

«Se insta al Ejecutivo Municipal, a considerar la posibilidad de pagar el costo del alumbrado público mediante las rentas generales provenientes de la coparticipación de impuestos nacionales y provinciales, ya que además de lo indicado anteriormente, dicho servicio se presta a la comunidad en general, y no a una propiedad, ni a un contribuyente en particular», puntualizó el escrito. Se detalló que el alumbrado de las calles, plazas y espacios públicos, «es un servicio del que no se puede realizar ninguna correlación del uso individual y directo del mismo por parte de un contribuyente determinado. Su cobro indirecto a través de la factura de la energía eléctrica, contraría la normativa vigente que ha sido ya señalada; y su asignación directa a una propiedad o usuario determinado es inapropiada, ya que se trata de un servicio público indivisible. Su utilización es de carácter eminentemente comunitario».

La Defensoría reclamó a la Municipalidad que «considere la necesidad de sufragar con ello la factura correspondiente al servicio de alumbrado público en un 50 %, de manera tal que el contribuyente solo tenga que afrontar el pago de una tasa del 8% de su consumo de energía eléctrica, en concepto de alumbrado público». Además se pidió al Ejecutivo de la capital entrerriana que realice «las gestiones correspondientes ante las autoridades provinciales, para que la alícuota del 8.69% aplicada sobre el consumo de energía eléctrica de los usuarios domiciliarios, en concepto de contribución municipal por el uso del espacio público, sea incorporada a la estructura de costos operativos de la empresa prestataria de dicho servicio, ya que es ella el sujeto gravado con dicha tasa, y no  el usuario domiciliario».