El Defensor del Pueblo cuestionó la metodología que usó el Sistema Integral del Transporte Urbano sobre el pedido de aumento de la tarifa. Además criticó la suspensión y realización de la reunión fuera de los términos pautados.
Por Mariano Osuna
Este jueves Agenda Abierta informó sobre la decisión del Órgano de Control y Monitoreo del Sistema Integrado de Transporte Urbano (SITU) de aprobar por mayoría el aumento del boleto, demandado por las empresas y respaldado por los especialistas de costos contratados en representación del Ejecutivo municipal y del bloque de Cambiemos del Honorable Concejo Deliberante (el contador que ingresó por el bloque del Frente Para la Victoria presentó otro informe en minoría). Las reuniones del SITU, compuesto por el Municipio, UTA, los bloques legislativos, las empresas y la Defensoría del Pueblo, se encuentran estipuladas por acta para los días miércoles, aunque en la instancia del 4 de abril se decidió la suspensión en las últimas horas del martes y su reprogramación para el jueves 5. Sin la presencia de la Defensoría, y sin acuerdo unánime en los informes técnicos, el SITU decidió habilitar el incremento solicitado por las empresas. Esa propuesta ya fue remitida al intendente Sergio Varisco, quien debe definir sobre el valor final de la nueva tarifa del transporte urbano de pasajeros. El defensor del Pueblo de Paraná, Luis Garay, cuestionó la metodología y la resolución.
«El SITU venía reuniéndose todos los miércoles. Ya estaba fijado por acta que los miércoles a las 8.30 eran las reuniones. Hace aproximadamente cuatro miércoles presentó la empresa un pedido de aumento de boleto, que quedó por supuesto a consideración de un trabajo técnico que hacen los profesionales que han sido contratados a tal efecto, especialistas en costos, uno por el bloque del Frente Para la Victoria, uno por el bloque Cambiemos y otro por el Poder Ejecutivo», explicó en detalle el camino que derivó en el escenario actual. «Son tres contadores los que trabajan en el tema. Ellos sacan los valores de acuerdo al IPK, el Índice de Pasajeros por Kilómetros y los subsidios que van recibiendo o no por parte del Gobierno nacional. Se quedó que cuando tuvieran el informe lo iban a presentar en el SITU», relató el Defensor del Pueblo en diálogo con Agenda Abierta. «Este miércoles 4 se suspendió la reunión, nos avisaron a última hora del martes. Entendíamos nosotros que lo lógico era pasarlo para el miércoles siguiente, pero decidieron pasarlo para el jueves», lamentó.
Ese encuentro fue trascendental porque en esa reunión se definió aprobar el incremento pedido por las empresas, y ni siquiera con la unanimidad de los especialistas en costos. «Nosotros como Defensoría teníamos compromisos de agenda, no es fácil suspender todas las actividades cuando ya vienen programándose con días y horas las reuniones. Entonces presentamos un escrito temprano, diciendo que nosotros no íbamos a estar presentes», afirmó Garay. «Ratificando lo que veníamos sosteniendo en todas las reuniones, que es que antes de hablar del aumento del boleto había que resolver el tema del servicio, sobre todo las frecuencias, que es el déficit más importante y la mayor queja que hay en la Defensoría sobre la empresa», puntualizó. Y agregó que «para eso había que instalar nuevamente y dar más transparencia a lo que es el control satelital, al GPS».
«En la misma nota dijimos que si decidían los especialistas en costos presentar el informe técnico, que nos corra el traslado para nosotros en el transcurso de la semana poder verlo, estudiarlo, analizarlo y el miércoles siguiente ver si lo aprobábamos o no. Sobre todo después que nos enteramos que hubo dos informes diferentes, que no coincidían. Por un lado el informe del bloque Cambiemos y del Ejecutivo y por otro lado el del Frente Para la Victoria», describió Garay.
«El SITU lo que hace al aprobar por mayoría es enviarle al Intendente un detalle de lo que se consideró que en costos era lo que había que aumentar. Esto no es vinculante, el Intendente tiene ahora en sus manos la posibilidad de no hacer lugar a este dictamen hecho por mayoría y que por otro lado se basó solamente en un informe técnico», cuestionó el Defensor.
La pelota ahora está del mostrador del Ejecutivo municipal. «Puede llegar a poner otro monto, como pasó la vez anterior que fue inferior al realizado del costo real», precisó Garay. «Luego el Intendente tendrá que enviar al Concejo Deliberante, porque son los concejales los que determinan el costo del boleto», señaló.
«Hicimos dos recomendaciones, una en el 2015 y otra en el 2017, donde pedimos que se conforme una mesa de seguimiento pero con mayor amplitud, que tenga representantes de los usuarios, llámese de sindicatos estatales, de municipales, de comercio, estudiantes, docentes, jubilados, vecinalistas, recordó el Defensor sobre las sugerencias no escuchadas por la Municipalidad.
Advirtió además que «todavía no está la concesión nueva en marcha. Esto significa que los valores que tomaron se hicieron con la concesión vieja, con la anterior. Ese IPK, la fórmula que tienen los técnicos de costo para sacar el valor de un boleto puede llegar a variar a partir del 2 de mayo cuando empiece la nueva concesión». Explicó que no se sabe «que puede pasar» y adelantó que este miércoles volverán a verse las caras. «Nos reuniremos y aclararemos entre los miembros del SITU por qué decidieron hacer la reunión el día jueves», finalizó.