Las relaciones carnales entre ERSA y el Gobierno municipal de Paraná

La foto viralizada en redes sociales muestra la familiaridad entre el gerente de la empresa colectivos, Roberto Albizu y Reinaldo Zamero, uno de los contadores que debía evaluar la viabilidad del 65% de aumento del boleto en el marco del Órgano de Control.

Por Pablo Urrutia.

El Municipio de Paraná acaba de anunciar que este año el boleto de colectivos de la ciudad aumentará un 65%. La cifra es escandalosa, excepto para los concejales del oficialismo y del bloque UNA – Frente Renovador, y los técnicos del Órgano Integral de Monitoreo y Control (SITU), que a pesar de su pomposo nombre es la instancia administrativa previa para darle curso a los incrementos que la empresa ERSA Urbano dispone, el Ejecutivo respalda y traduce en un proyecto de ordenanza que puesto a consideración del Concejo Deliberante, se aprueba por mayoría simple.

Una fotografía que recientemente comenzó a circular en las redes sociales, da cuenta de la estrecha relación entre el gerente de ERSA Urbano, Roberto Albizu, y algunos actores determinantes en las decisiones gubernamentales que implican una situación dominante de la empresa en detrimento de los usuarios.

El concejal Luis Díaz, representante del bloque Una – Frente Renovador en el SITU, explicó con claridad que el nuevo cuadro tarifario del Servicio Urbano de Pasajeros en Colectivos, “responde a un pedido formulado hace meses por las empresas concesionarias, en virtud que el valor del boleto al día de hoy está por debajo de la media que rige en todo el país”. Y para despejar toda duda, acotó que los representantes de los ciudadanos en el órgano “no hicimos una sugerencia sobre precios, sino más bien un dictamen sobre recorridos”.

Desde luego, los concejales no tienen facultades para determinar precios del boleto, pero son los que elaboran junto a los otros integrantes del Órgano el dictamen, no vinculante, que luego es elevado al Ejecutivo para su consideración. A su vez, son quienes pueden mediar entre los ciudadanos, el Ejecutivo y la empresa, para lograr mejoras que favorezcan a los usuarios. El argumento de que se aumenta exponencialmente el costo del boleto y por ende el monto de los subsidios que el Estado Municipal destina a sostener las tarifas especiales es porque las tarifas están atrasadas en relación a la media que rige en el país es, por lo menos, pobre.

Sobre ese punto, Díaz indicó que para elaborar el dictamen “se tomó en cuenta el análisis técnico aportado por especialistas en costos convocados para el caso”.

La composición del SITU da cuenta por sí misma de la posición favorable que tiene la empresa a la hora de solicitar los aumentos de tarifas. Lo engorroso surge cuando son los usuarios quienes reclaman mejoras en el servicio que encabeza el ranking de quejas ciudadanas, junto con la telefonía celular. De hecho, no tienen representación directa en el órgano, más que la que pueden aportar el Defensor del Pueblo, un técnico y un concejal por la minoría.

A saber, el Órgano de Control y Monitoreo del Sistema Integral de Transporte Urbano (SITU) está conformado por 13 integrantes, de los cuales, 4 son funcionarios del Ejecutivo; 4 son los especialistas en materia de costos o transporte, mencionados por el concejal Luis Díaz, de los cuales uno es nombrado por el Ejecutivo, otro por la empresa prestataria del servicio público, y los dos restantes por la mayoría y la minoría en el Concejo Deliberante; a su vez, hay tres concejales, uno por cada espacio, aunque este año debió haber cuatro, ya que el bloque de Cambiemos sufrió una escisión con la creación del bloque Paraná de Pie; completan la grilla, un representante de la Unión Tranviaria Automotor (UTA) y el Defensor del Pueblo de la ciudad de Paraná.

No resulta difícil inferir que a la hora de establecer las relaciones dentro del SITU, la empresa cuenta con una posición favorable debido a que cuenta con la mayoría por el apoyo tácito del Ejecutivo. Los cuatro funcionarios, más el representante del gremio de los choferes están de ese lado, a los cuales se suman el concejal del oficialismo y el del bloque UNA – Frente Renovador, Gainza y Díaz, quienes han hecho público su apoyo a la decisión de aumentar el costo de la tarifa. No así el integrante por el bloque del Frente para la Victoria, concejal Enrique Ríos y el defensor del Pueblo, Luis Garay.

Pero, como bien dijo el concejal del FR, son los especialistas en costos o transporte quienes aportan el análisis que justifica o no el aumento solicitado por la empresa concesionaria del transporte público de la ciudad y en base al cual, los integrantes políticos de la mesa elaboran el dictamen. En ese esquema, la mayoría a favor de la empresa, es abrumadora. De los cuatro especialistas, uno es designado por el Ejecutivo Municipal; otro por la empresa; el tercero por la mayoría en el HCD y el cuarto por la minoría en ese órgano legislativo. Se puede imaginar que en su calidad de técnicos, «los especialistas en costos o transporte» detentarían cierta objetividad fría a la hora del estudio de la propuesta empresarial, pero eso sólo en el plano de lo imaginario.

Si hasta aquí, por correlación de fuerzas y por lobby, uno podía interpretar cierta posición dominante de la empresa dentro del órgano que debe decidir, entre otras cosas, la viabilidad o no de los aumentos tarifarios de un servicio público, esa situación se vuelve clara y obscena cuando aparecen fotos de uno de los «especialistas» comiendo un asado con el gerente general de ERSA Urbano.

Los de la foto son el contador Reinaldo Zamero, designado en el Órgano de Control por el bloque de concejales del oficialismo, y Roberto Albizu, gerente general de empresa concesionaria del transporte público colectivo de la ciudad de Paraná. Está claro que no se trata de un asado de camaradería o en el marco de un evento empresarial, si no de una situación bien íntima y de entrecasa.

Entonces, si la posición actual de la empresa a la hora de imponer incrementos del 65% anual en el costo del pasaje se sugería favorable en el segmento político del órgano que debería ejercer algún tipo de control sobre el servicio, en el espacio concreto del aval a ese aumento, es decir, del «análisis técnico aportado por especialistas en costos convocados para el caso» es de lisa y llana connivencia.

La empresa dentro del Estado

Roberto Albizu es gerente general de ERSA en la ciudad de Paraná, prácticamente desde la llegada de la empresa a la capital entrerriana, cuando dejó de lado sus aspiraciones políticas para pasar al sector privado. Justamente, su carrera en política la inició de la mano de la familia Varisco, siendo uno de los fundadores del MUR, sector interno del radicalismo que conduce el actual intendente Sergio Varisco y funcionario en dos gestiones, siempre ligado al área de transporte.

Con el retorno de Varisco al Gobierno de la ciudad, Albizu incrementó su poder de lobby a favor de la empresa que el año pasado volvió a quedarse con la concesión del transporte público colectivo, al presentarse bajo la formalidad de una UTE con la empresa Mariano Moreno, como única oferente.

La situación del transporte en la capital entrerriana es cuasi monopólica. De hecho, las supuestas diferentes empresas que operan, no compiten entre sí, y en los hechos responden al unicomando de ERSA. Actúan como una sóla empresa porque en los hechos, lo son.

Albizu, es la empresa dentro del Estado. Ha logrado impulsar funcionarios en el marco de la gestión que lleva adelante su amigo personal y actúa como una especie de asesor externo. No es lo que se dice un todo terreno, ya que su campo de acción es sólo el del transporte y desde allí ha logrado hacer prevalecer los intereses de la empresa a la cual representa, aunque últimamente apuesta a diversificar las prestaciones de ERSA hacia el Municipio. En nota anterior, dimos cuentas de la existencia de un plan de negocios para privatizar el servicio de recolección de residuos urbanos que pasaría a estar en manos de Logística Urbana Sociedad Anónima (LUSA) empresa a través de la cual el Grupo ERSA realiza el servicio privado de limpieza y recolección, por ejemplo, en Córdoba.

Con el dinero de los contribuyentes

ERSA Urbano presta en Paraná un servicio, a todas luces, deficiente. Los coches con accesibilidad para personas con movilidad reducida prácticamente no existen, a pesar de ser un reclamo sostenido en el tiempo por las distintas gestiones y de haber sido una de las banderas del oficialismo durante la formulación del pliego de condiciones para la licitación del servicio que volvió a quedar en manos de la empresa correntina. Los cambios en los sentidos de circulación de las calles céntricas y la reubicación de las paradas decididos por el actual Gobierno local, más la falta de mantenimiento, dejaron sin garitas a los vecinos, que aguardan los coches a la intemperie y en lugares no aptos para la espera. El anuncio reciente del cambio en los recorridos dejó al descubierto la posición ventajosa de ERSA frente a los usuarios y el reclamo de los vecinos postergó su implementación.

Ante la insistente demanda ciudadana de que se mejoren las frecuencias y se respeten al menos los horarios publicados por las diferentes líneas en sus páginas web, se avanzó en una solución llamativa. Los choferes incrementaron la velocidad del transporte, lo que convierte a los vehículos en una batidora donde su sobrecarga en los horarios picos hace penoso viajar en colectivo en la ciudad, pero al menos, se cumple con las frecuencias. Esta mejora a medias, y a costa de la incomodidad y el riesgo de los usuarios es el único paliativo logrado hasta el momento.

Pocas empresas de servicios cuentan con la posibilidad de cobrar el servicio antes que este se concrete. Tal es el caso de los colectivos desde el momento de la implementación del sistema prepago de tarjetas magnéticas. Una ventaja más para la prestataria a la cual debe agregarse el sistema de subsidios del Estado y el modo en que es gestionado, por ejemplo, por ERSA. Sin una ostensible mejora del servicio desde hace alrededor de dos años, la empresa ha obtenido millonarias sumas por esa vía, no sólo del Estado nacional, si no también del Municipio y sin embargo, vuelve a ajustar su tarifa sobre el bolsillo de los usuarios.

El negocio de ERSA, según ejemplos locales y de otras ciudades, parece redondo. Quedarse con servicios públicos que antes eran prestados por empresas estatales (Córdoba), cooperativas o asociaciones locales (Paraná), para luego empobrecer la prestación del mismo para abaratar costos y bajo el argumento de la nula rentabilidad gestionar y exigir subsidios al Estado. Sin embargo, por ejemplo, tan solo en el primer trimestre del año, el monopolio Ersa/Mariano Moreno recibió 52 millones de pesos en concepto de uno de los subsidios directos que recibe; lo que significan alrededor 17 millones de pesos por mes durante los primeros tres meses de 2018. Esa suma supera holgadamente, de hecho triplica, lo que la empresa destina al costo laboral, es decir, el pago de sueldos. Uno de los argumentos para aplicar un incremento del 65% en el costo general del boleto, 55% en breve y 10% en julio, es el pago de la actualización de los salarios a los trabajadores. En febrero pasado, la UTA firmó el acuerdo paritario que implica un aumento en cuotas del 15% para este año.