La oposición en Diputados se une contra los aumentos de tarifas de los servicios públicos

A propuesta del FPV, habrá hoy una sesión especial para debatir un puñado de proyectos que congelan y retrotraen las tarifas, suspenden los cortes por falta de pago y atan los incrementos a la evolución de los salarios. El Massismo y el peronismo no kirchnerista darán quórum.

Por Pablo Urrutia.

Los exponenciales aumentos en las tarifas de los servicios públicos registrados durante este último tiempo a partir de lo que se denominó “sinceramiento” desde el oficialismo nacional, termina finalmente impactando en el Ejecutivo Nacional. Hoy a las 11 habrá una sesión especial en la Cámara de Diputados de la nación que ya cuenta con el apoyo de todos los bloques de la oposición y obligará a Cambiemos a bajar al recinto para impedir el tratamiento sobre tablas del proyecto para lo cual se requieren dos tercios de los presentes.

En distintos puntos del país hubo reclamos ciudadanos de diversas características. En la provincia de Entre Ríos, donde el eje es la tarifa eléctrica, los inconducentes planteos jurídicos de las organizaciones de consumidores mantuvieron impasible el impacto en el bolsillo de los trabajadores y pequeños y medianos empresarios y productores. Los reclamos hacia el Gobierno de Gustavo Bordet, chocaron con la esgrimida imposibilidad de la provincia de incidir en un cuadro tarifario que determina la empresa mayorista, Cammesa. En el ámbito legislativo, un proyecto de resolución promovido por el diputado Pedro Báez, que insta al EPRE a suspender los cortes por falta de pago durante 180 días, fue acompañado por la bancada oficialista y está pendiente su tratamiento en la Cámara Baja entrerriana.

Como una tibia respuesta, desde el Gobierno provincial, en conjunto con el EPRE y Enersa, presentaron un programa para mejorar las instalaciones eléctricas en viviendas precarias ubicadas en barrios en situación de vulnerabilidad. Para acceder al programa, que consiste en la entrega de un kit con distintos insumos para realizar la instalación y el trabajo de Enersa, hay que estar conectado legalmente al servicio o realizar el trámite.

En ese contexto, los vecinos de La Paz obtuvieron resultados. Lograron un descuento del 18% correspondiente a impuestos municipales a partir de un reclamo que tuvo una llamativa escalada en esa localidad entrerriana con quema de cubiertas y cortes de calle en distintos puntos de la ciudad que se sostuvieron durante dos días.

En ese mismo sentido se pronunció recientemente el defensor del Pueblo, Luis Garay. El argumento es que el 63,70% de la factura que paga el usuario se encuentra compuesta por impuestos nacionales, provinciales y municipales. En una carta formal el organismo pidió a Sergio Varisco revisar ese 24,69% de jurisdicción local.

Recientemente, el Centro Comercial e Industrial de Paraná pidió a la Municipalidad que se revisen los impuestos en la tarifa eléctrica. El argumento se basa en “estudios del Centro de Análisis Sociales y Económicos de la Federación Económica de Entre Ríos – CASE – que indica que, para los consumidores domiciliarios la sumatoria de impuestos ronda el 37% (y puede ser mayor) del monto total de la factura. Pero cuando se analiza el peso de este factor en los pequeños comerciantes, ese porcentaje ronda el 40%, costo que, o soporta el titular de la actividad económica, a instancias de unas ya exiguas ganancias o lo traslada a los consumidores finales”.

Hace un tiempo Hugo Grassi, presidente de la Federación de Entrerriana de Clubes se expresó sobre la difícil situación que atraviesan los clubes de barrio de la provincia a partir de los tarifazos de luz y gas que se están implementado. Como contracara, el dirigente deportivo cuestionó que nación no cumple con el compromiso de efectuar descuentos, vía reintegros para los clubes de barrio. Las facturas se tornan impagables.

La vía de descuento por rebaja de impuestos tiene un efecto negativo sobre los municipios, ya que implica una caída en la recaudación a favor de las empresas que mantienen inamovible sus precios. De hecho, el análisis de las facturas y el debate en torno a la alta participación de los impuestos en el precio final surgió a partir de los desmesurados aumentos en los costos de la energía dispuestos por el Gobierno nacional.

El tarifazo en la calle y en el Congreso

Este miércoles, habrá un ruidazo en distintos puntos del país en reclamo por los incrementos de las tarifas de luz, agua, gas y transporte que según un reciente estudio de la Universidad Nacional de Avellandea, insume un 21% del salario de los trabajadores que perciben el mínimo. Que son la mayoría, principalmente quienes se desempeñan en el Estado y los jubilados.

Para ese mismo día, miércoles 18 de abril a las 11, el bloque de diputados nacionales FpV-PJ, junto a otros bloques parlamentarios, plantearon un pedido de sesión especial con el fin de tratar los numerosos proyectos que proponen congelar las tarifas de los servicios públicos y retrotraer los precios. El pedido lleva las firmas de Agustín Rossi, Nicolás Del Caño (Frente de Izquierda) y de Leonardo Grosso y Araceli Ferreyra, ambos del Peronismo para la Victoria.

Los legisladores proponen abordar en esa sesión especial seis proyectos presentados oportunamente en los que reclaman medidas tales como “dejar sin efecto los aumentos tarifarios de los servicios públicos de gas, electricidad, agua potable y cloacas”, a partir de enero pasado. El de Verónica Mercado que sugiere crear un Régimen de acceso igualitario a servicios esenciales y bienes públicos.

También hay un proyecto de Araceli Ferreyra para revisar las tarifas de servicios públicos; uno de Del Caño para congelar las tarifas y crear una Comisión para la Auditoría, balance y revisión de las mismas, y otro de Silvia Horne (Movimiento Evita) para dejar sin efecto los aumentos de tarifas a partir de enero de 2016.

Además quieren tratar un proyecto del kirchnerista Adrián Grana para declarar la emergencia en servicios públicos esenciales, suspender los aumentos tarifarios y crear una bicameral que evalúe el régimen tarifario.

Hay además dos proyectos del diputado entrerriano Julio Solanas, que propone eliminar el IVA en las facturas y el del propio Agustín Rossi que retrotrae las tarifas al año pasado, suspende los cortes y propone que los incrementos en los servicios públicos no superen el promedio de aumento anual acordado por los trabajadores en paritarias.

El Massimo y el bloque de los gobernadores darán quórum pero rompen el tratamiento

Mientras los cristinistas diagramaban una sesión con la consigna de “congelar y retrotraer tarifas” (la ex presidenta promueve una ley en el Senado), los referentes del Frente Renovador y Argentina Federal (la fuerza de los gobernadores peronistas) comenzaron a redactar un proyecto que propone indexar los aumentos de servicios públicos al Coeficiente de Variación Salarial (CVS).

“Vamos a pedir cumplir el fallo de la Corte Suprema de 2016 e impedir aumentos que superen el promedio de las subas salariales”, anticipó Sergio Ziliotto, diputado del bloque Justicialista, principal fuerza de Argentina Federal.

Se refiere al fallo que en 2016 obligó a Juan José Aranguren a retrotraer los aumentos de gas y entre los argumentos de los supremos estuvo el de garantizar tarifas “justas” y “razonables”.

“La única manera de lograrlas es indexando los incrementos al CVS”, insistió Ziliotto, una propuesta que ya había realizado el Frente Renovador, que lideró la pelea contra Aranguren en los últimos años desde la Comisión de Defensa del Consumidor, presidida por Liliana Schwindt.

Este año la relevó Marcela Passo, también del bloque identificado con Sergio Massa. “Desde el 2016 el Frente Renovador viene diciendo que la Corte se ha referido a la proporcionalidad y a la razonabilidad de los aumentos, que no pueden estar por encima de los que gana de sueldo una persona. De lo contrario, es confiscatorio”, señaló Graciela Camaño.

Con un tono más moderado, el Frente Renovador y el peronismo dialoguista tratará de llevar al recinto de Diputados la foto de Gualeguaychú, en que se planteó una propuesta bajo la consigna de dar competitividad electoral al peronismo hacia 2019, en base a una postura de “oposición racional”, diferenciándose el kirchnerismo.

En ese contexto, el diputado Rossi ensaya una salida desde la unidad, propondría elaborar un proyecto en conjunto, que pase a Comisión y luego pueda ser tratado y aprobado por mayoría simple.

Carrió, la policía buena

Como ya vienes siendo desde hace un tiempo, la líder de la Coalición Cívica hace de policía buena denunciando y señalando aquellos flancos de la alianza que integra como una estrategia de contención del electorado que se ve afectado por las políticas de Cambiemos a nivel nacional.

En ese sentido, los aliados del Gobierno alzaron la voz esta semana sobre el aumento de las tarifas. Mientras desde la UCR llevarán una iniciativa a la Casa Rosada, la Coalición Cívica presentará en el Congreso un pedido de informes, dirigido al jefe de Gabiente, Marcos Peña.

En la solicitud se apunta a conocer “la aplicación de los aumentos de las tarifas de los servicios públicos por parte de las empresas prestatarias, y los controles realizados por los entes reguladores y el Poder Ejecutivo”.

Desde ese espacio informaron que “el proyecto pretende saber si existe un manual de normas y procedimientos, si los entes reguladores controlan, y de qué forma, que las empresas apliquen el cuadro tarifario en forma debida”.

También, solicita información para saber “si se han detectado errores de facturación y los porcentajes de reclamos durante el 2016, 2017 y 2018, además de conocer el plan de obras en detalle y su grado de ejecución”. Además, se consulta qué incidencia tienen en lo facturado y cuál es la asignación presupuestaria por el subsidio de energía.

La iniciativa solicitará que las autoridades de las empresas de energía eléctrica y gas natural, como así también las de las cooperativas eléctricas de las provincias, se presenten ante la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia de la Cámara de Diputados, para brindar explicaciones sobre el tema.

Durante la sesión especial, Carrió deberá hacer equilibrio, ya que Cambiemos estará obligado a bajar al recinto para evitar el tratamiento sobre tabla de los proyectos y defender al ministro Aranguren, que será el blanco de las críticas de toda la oposición.

El enojo de Cambiemos

La situación pone en apuros al Gobierno nacional, arrinconado por los reclamos de los ciudadanos a los largo del país y, ahora, el planteo den Diputados.

El encargado de responder fue el jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien en declaraciones a la prensa acreditada en la Casa Rosada, dijo que la postura de un sector de la oposición de pretender que se retrotraigan tarifas forma parte de “la actitud demagógica e irresponsable de quienes quebraron el sistema económico y energético de nuestro país, como la expresidenta”.

“No nos sorprende que tenga posturas demagógicas, porque sabemos que no está en una actitud constructiva”, afirmó el jefe de Gabinete.

Peña aseguró que “hemos planteado es una política de tarifa social para ayudar a los sectores más vulnerables y eso es lo que hemos estado haciendo al mismo tiempo de que vamos acelerando la inversión”.

Si bien no hay riesgo de que algunos de los proyectos de la oposición sea siquiera tratado hoy, la situación pone incómodo al Gobierno ya que acumula fuerza del lado de la oposición que hoy tendrá una foto de unidad al menos en la Cámara de Diputados, a la vez que fuerza a los legisladores oficialista a exponerse en la defensa de Juan José Aranguren, aunque seguramente se apelará en mayor medida al desgastado argumento de la pesada herencia, ya esbozado por el Jefe de ministros.

El proyecto de Cristina

Sin fuerza real en la Cámara alta, por el momento, aunque con cierto impacto desde lo declamativo y simbólico, la senadora nacional Cristina Fernández presentó un proyecto de ley para que el Gobierno suspenda los aumentos en las tarifas de luz, gas y agua para usuarios residenciales, PyMEs y cooperativas de trabajo, retrotrayendo su costo al 1° de enero de 2017.

En su iniciativa, la expresidenta propone que en el caso de las PyMEs y las cooperativas de trabajo, el beneficio se aplicará “siempre y cuando no despidan ni suspendan trabajadores y trabajadoras, sin justa causa, hasta el 31 de diciembre del 2019, sin importar su modalidad contractual. Esta protección tarifaria caducará de forma automática en caso de que incumplan esta cláusula”.

Por otra parte, crea en el ámbito del Congreso el “Comité Nacional de Emergencia Tarifaria” con la finalidad de supervisar, controlar e implementar la ley. El mismo estará compuesto por una representación plural de legisladores y asociaciones de usuarios: dos representantes de los usuarios y consumidores; dos representantes de los trabajadores; tres representantes de las empresas prestatarias; cuatro senadores; cuatro diputados, y tres representantes del Poder Ejecutivo. Todos ellos ejercerán su cargo ad-honorem.

Entre otras atribuciones, ese comité tendrá a su cargo la revisión tarifaria integral de las actas acuerdo de renegociación de todos los contratos llevados a cabo con las empresas prestatarias de los servicios públicos, desde el 1° de enero del año 2017 hasta la culminación de la emergencia pública en materia tarifaria.

Esta revisión será vinculante, y tendrá por objeto adecuar los cuadros tarifarios vigentes hacia una tarifa “justa y razonable”.

Fuente: Parlamentario; LPO; Agenda Abierta.