La Multisectorial de Derechos Humanos cuestionó el proyecto de espionaje del Bloque Justicialista

Organismos de derechos humanos y organizaciones sociales, políticas y gremiales denunciaron la propuesta legislativa que habilita el espionaje masivo y sistemático. Guastavino uno de los autores y Kunath una de las firmantes.

Por Mariano Osuna

El pasado 2 de marzo se presentó en el Senado nacional un proyecto violatorio de los derechos humanos, que habilita la concentración de recursos al Ejecutivo nacional para inteligencia sobre cualquier persona. La iniciativa, de autoría de los senadores Rodolfo Urtubey y Pedro Guastavino, del Bloque Justicialista, también habilita la utilización del software israelí Pegasus, una herramienta de espionaje que permite invadir en las cámaras y los micrófonos de celulares y computadoras personales. La iniciativa sumó el 10 de abril, en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales las firmas de Sigrid Kunath, Federico Pinedo, Doria de Cara, Oscar Castillo, Ernesto Martínez, Cristina Fiore Viñuales, Néstor Poccard, Guillermo Snopek, Silvia Elías y Juan M. Pais. El proyecto iba a tratarse este miércoles 18 de abril pero se postergó para la próxima semana. Organizaciones sociales, políticas, gremiales, del movimiento de mujeres, de derechos humanos y sindicales de Entre Ríos repudiaron el propósito del plan, alertaron sobre sus implicancias y denunciaron la legalización de la persecución en manos del Estado.

«Las organizaciones que integramos la Multisectorial de Derechos Humanos repudiamos enérgicamente un nuevo intento de avasallar nuestros derechos y libertades, como es el proyecto para ampliar el espionaje y la persecución que ya se viene haciendo sobre los ciudadanos y ciudadanas, pero fundamentalmente sobre quienes denunciamos y nos oponemos al ajuste y la represión», advirtieron en un comunicado enviado a Agenda Abierta.

Remarcaron que este miércoles «se iba a votar en el Senado silenciosamente, sin debate público, utilizando las maniobras de ocultamiento de siempre, una modificación al Código Procesal Penal con el objetivo de legalizar el espionaje discrecional, sistemático y masivo y así penetrar sin obstáculos en la intimidad de una persona». Reclamaron que lass modificaciones habilitan «la utilización de herramientas como el micrófono, la cámara y el localizador satelital del teléfono o computadora de la persona vigilada, incluyendo el seguimiento de cada uno de sus pasos y hasta sus encuentros íntimos».

«El texto propuesto, ahora con dictamen de Comisión, incorpora modificaciones importantes al régimen procesal que amplían las capacidades estatales para invadir la privacidad en el marco de una investigación penal», denunció el escrito firmado por la Asociación de Familiares y Amigos de Desaparecidos de Entre Ríos, Hijos e hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio, La Solapa, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, H.I.J.O.S. Concordia, APDH Gualeguay, la Asociación de familiares y amigos de detenidos desaparecidos y ex presos políticos de Concordia, Familiares y Amigos de Desaparecidos de Nogoyá, Grupo Madres de Plaza de Mayo Gualeguaychú, Mesa de Memoria, Verdad y Justicia de Concepción del Uruguay, Apyme, Fundación Mujeres Tramando, la Corriente Nacional Lohana Berkins, La Ulloa, Sitradu, La Colectiva, La Caminante, Corriente Peronista Descamisados de Entre Ríos, La Poderosa Entre Ríos, La Cámpora Entre Ríos, La Jauretche, el Movimiento Popular Patria Grande, la Federación Juvenil Comunista, el Partido Solidario (PSOL), Luche y Vuelve, la Agrupación P. Freire, el Comité Milagro Sala, la Secretaría de Derechos Humanos de CTA Entre Ríos, el Movimiento de Participación Estudiantil (MPE), el Partido Comunista y el Partido Comunista Congreso Extraordinario.

Alertaron que «es preocupante que el Estado avance sobre la posibilidad de intervenir en el fuero íntimo de quienes son objeto de un proceso sin que exista un debate respecto a la forma y alcance que dichas medidas deben tener para ajustarse a un debido respeto de las garantías constitucionales de los imputados y a la protección de sus datos personales». Precisaron que «queda un amplio margen para cometer abusos y no se garantiza un adecuado control por parte de un organismo imparcial».

Guastavino y Kunath, entre los impulsores

«No llaman la atención los objetivos de este proyecto, ya que de aprobarse representaría uno de los tantos atropellos sobre los derechos y libertades que el gobierno nacional viene implementando desde el 10 de diciembre de 2015», afirmaron desde las múltiples organizaciones que conforman la Multisectorial de Derechos Humanos. «Resulta altamente preocupante que esto haya sido presentado desde un bloque que, al menos en los papeles, corresponde a la oposición. Sus autores los senadores Rodolfo Urtubey y el entrerriano Pedro Guillermo Guastavino. Entre los firmantes está la también entrerriana Sigrid Kunath», denunciaron.

En el escrito diundido, recordaron que «este sector partidario ya ha contribuido con Cambiemos en la aprobación de medidas antipopulares, como fueron la reforma jubilatoria y los pactos fiscales de ajuste entre la Nación y las provincias». Y destacaron que «ahora esa alianza de hecho sirve para avanzar en la política represiva persecutoria del gobierno nacional, la misma que pretende la mano dura de la doctrina Chocobar, que tiene presos políticos, que responde con balas y gases a la protesta social y que es responsable nada menos que de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado y el asesinato de Rafael Nahuel». Avisaron que asistimos «a un alineamiento peligroso de doble filo: en el programa económico neoliberal y en el programa represivo».

«Preguntamos al presidente Mauricio Macri, a los intendentes de Entre Ríos, al gobernador Gustavo Bordet, si se sentirían cómodos viviendo en una sociedad en que sea legal que sus conversaciones y hasta sus imágenes privadas puedan ser no sólo intervenidas sino también filtradas y hechas públicas», interpelaron a los distintos poderes ejecutivos.

En el comunicado enviado a Agenda Abierta, expresaron que por tratarse de un proyecto «que afecta las garantías de todos y todas, exigimos una discusión amplia en el contexto de un debate parlamentario con la debida participación de todos los sectores políticos, de especialistas y de organizaciones de la sociedad civil».  Además exigieron a los legisladores y las legisladoras nacionales, especialmente a los electos en las urnas por los entrerrianos y entrerrianas, «que se abstengan de votar una nueva ley en contra de los intereses populares y de los derechos humanos».