El Gobierno nacional quiere prohibir por ley los impuestos provinciales y las tasas en las facturas de servicios

La iniciativa fue presentada ayer en el Senado y plantea “garantizar el derecho constitucional de los usuarios y consumidores a recibir una información adecuada, veraz y precisa relativa al consumo de los servicios públicos esenciales”.

El Ejecutivo apunta a lograr en el parlamento lo que propuso el lunes y así presionar a los gobernadores que se mostraron reticentes a tomar el camino emprendido por María Eugenia Vidal, que en una acción coordinada con el presidente resolvió eliminar de las facturas de luz, gas y agua, las cargas provinciales. Para ello cuenta, desde luego, con una situación mucho más holgada que el resto de sus pares.

En ese sentido, el Gobierno nacional remitió este martes por la tarde al Parlamento un proyecto sobre tarifas de servicios públicos, que prevé la eliminación de impuestos provinciales y municipales que, de aprobarse, deberán ser facturados por otros canales.

El tema fue analizado durante una reunión que mantuvieron en la Casa Rosada el jefe de Gabinete, Marcos Peña; el ministro del Interior, Rogelio Frigerio; su viceministro Sebastián García de Luca; la vicepresidente Gabriela Michetti; el titular de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó; el titular del bloque de diputados del Pro Nicolás Massot; el del interbloque Cambiemos, Mario Negri, y la secretaria de Relaciones Parlamentarias Lucía Aboud. Allí también se habló de la sesión especial prevista para este miércoles, pedida por la oposición para tratar un puñado de proyectos referidos a tarifas.

El ingresó al Senado, con las firmas de Esteban Bullrich (Pro-Buenos Aires), Humberto Schiavoni (Pro-Misiones) y Silvia Elías de Pérez (UCR-Tucumán), y se denomina Ley de Transparencia en la Facturación de Servicios Públicos Esenciales y según ha trascendido incluye 13 artículos, donde figuran sanciones económicas a quienes incumplan lo allí establecido.

El proyecto establece que las facturas de servicios públicos esenciales contendrán “exclusivamente los cargos por el consumo realizado por el usuario, calculado según el cuadro tarifario vigente al momento de la facturación, más los cargos por mayor consumo y subsidios si correspondiere”. Se incluye, si correspondiere, al IVA e Ingresos Brutos.

Según la iniciativa, las facturas no podrán incorporar “otro cargo, tasa o concepto ajeno a los expresados”.

El usuario podrá hacer uso del derecho de pagar “sólo el monto que totalicen los conceptos previstos en el artículo seis, imputándose válido el pago del servicio público en cuestión”.

La iniciativa invita a provincias y municipios, y a la Ciudad Autónoma de Bueos Aires a adherir a la ley, que tiene por objeto “garantizar el derecho constitucional de los usuarios y consumidores a recibir una información adecuada, veraz y precisa relativa al consumo de los servicios públicos esenciales”.

Fuente: Parlamentario.