Concordia: La Multisectorial presentó un petitorio contra el aumento de la electricidad

El espacio compuesto por Agmer, ATE, CTA, AMET, Sadop, Camioneros y Apinta exigió el congelamiento de tarifas y la declaración de la energía como un derecho. La presentación se replicó al HCD, Intendente, legisladores y Gobernador.

 

La Multisectorial de Concordia presentó un petitorio al Honorable Concejo Deliberante de la ciudad, al intendente Enrique Cresto, a legisladores provinciales y nacionales y al gobernador Gustavo Bordet, para exigir distintas medidas contra los sostenidos incrementos de la tarifa eléctrica. En la presentación conjunta se pide la congelación de las tarifas, la eliminación de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA (Cammesa) y su reemplazo por un ente nacional de carácter público con representación diversa y colectiva, la exigencia a las empresas para que den conocimiento de los planes de inversión para el servicio y la declaración de la energía como un derecho humano.

«Los tarifazos son una clara expresión de un modelo que privilegia la ganancia de unos pocos y la instrumentación de mecanismos de saqueo neoliberal en perjuicio de la mayoría», denunció la Multisectorial en un comunicado enviado a Agenda Abierta. «Desde la asunción de Mauricio Macri como presidente de la Nación y la política del ministro Juan José Aranguren en el Ministerio de Energía las tarifas de servicios eléctricos y de gas se incrementaron 1300% promedio, atacando especialmente a los sectores populares, así como a las pymes y emprendimientos económicos que generan trabajo», reclamó el espacio compuesto por las seccionales locales de Agmer, ATE, CTA, AMET, Sadop, el Sindicato de Camioneros y la Asociación del Personal del INTA.

 

«Se eliminaron los subsidios que si bien no resultaban un antídoto a la voracidad de las empresas que dominan el sector, la contenían y evitaban que se saqueen los bolsillos de los trabajadores», remarcó la Multisectorial. «En países como Estados Unidos, Francia o China rigen amplios subsidios sobre el servicio eléctrico, mientras que Bolivia declaró a los servicios públicos como un derecho humano», se detalló.

El espacio de Concordia remarcó que «las empresas privadas no mejoran sus servicios porque no invierten sino que embolsan porciones de nuestro salario a través del tarifazo y la Cooperativa Eléctrica que distribuye energía en nuestra ciudad no es formadora de precios en el mercado energético sino que se limita a comprar el que fija el oligopolio y la distribuye a ese costo».

«No nos oponemos a las propuestas que hablan de reducir la carga impositiva sobre el precio de la energía o la provincialización de Salto Grande, así como tampoco a resarcir a nuestra región por la construcción de la represa, pero no van a la cuestión de fondo», se describió en el escrito difundido.

Se repudió «cada aumento de tarifas» y se exigió «una política energética soberana, nacional y participativa en donde ningún interés particular o empresario esté por encima de los usuarios». Además, se precisó que «mientras le ponen negativas a la recomposición salarial, los precios de los servicios básicos vinculados a la explotación de nuestros recursos naturales y su impacto en el transporte y el costo de vida están liberados y sin techo».

La Multisectorial instó «a los concejales de la ciudad de Concordia y legisladores provinciales y senadores departamentales, así como a los diputados nacionales por Entre Ríos, y a los ediles que pertenecen a las fuerzas políticas con representación parlamentaria en el Congreso de la Nación, para que a ellas hagan llegar sus propuestas».

Se exigió la «congelación inmediata de las tarifas hasta que la recomposición salarial alcance los mismos niveles que los tarifazos acumulados desde enero de 2016 sobre el sector de la energía»; la eliminación de la «Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA (Cammesa) que es la empresa creada en años de neoliberalismo que privatizó de hecho el sistema de energía eléctrica, dominada por representantes privados y su reemplazo por ente nacional de carácter público, con Defensoría del Pueblo, que esté integrado por representantes de los usurarios, sindicatos, organizaciones sociales y de jubilados; la elaboración de los marcos legales y regulatorios necesarios para este fin»; la exigencia para «que las compañías eléctricas presenten y den a conocer al públicos sus planes de inversión para mejorar los servicios» y la declaración de «la energía eléctrica como un derecho humano y bien social y no como una mercancía sujeta al lucro».