Chubut: Se cumplieron cinco años de las desapariciones de Genaro y Cristian Calfullanca

Los hermanos mapuches de la localidad de Cholila, departamento de Cushamen, nunca regresaron de la estancia donde efectuaban distintas tareas rurales. El negocio de la tierra como eje de la impunidad y la inacción judicial.

 

El pasado 10 de abril se cumplieron cinco años de la desaparición de Genaro y Cristian Calfullanca, en la localidad de Cholila, departamento de Cushamen, provincia de Chubut. Se trata de dos trabajadores rurales que cumplían funciones para grandes estancias de la Patagonia, en condiciones de total informalidad. Dos mapuche que trabajan la tierra y conocían el territorio en profundidad. Dos hombres, padre e hijo, desaparecidos. Sin novedades del proceso judicial, la causa se encuentra bajo el mismo juez que lleva adelante la investigación por el esclarecimiento de la desaparición forzada, seguida de muerte, de Santiago Maldonado.

Genaro debía declarar en una causa ligada a un conflicto de tierras, pero no apareció. Y desde entonces, no se sabe nada. La Justicia no avanza, no investiga. Porque en Cholila se esconden secretos de un pueblo feudal, vinculados a la tenencia de la tierra y a los grandes negociados de la Patagonia. A 5 años de su desaparición, el poder político y económico de Chubut también intenta desaparecer la causa judicial.

Su familia los busca, denunciando ese contexto que atraviesan los pueblos originarios y las tierras en la provincia. Luego de cinco años, aún no hay indicios sobre el paradero de ambos.

En marzo de 2013, Genaro y Cristian Calfullanca, vecinos de ascendencia mapuche de Cholila, habían sido contratados para alambrar un campo. Eran varias hectáreas cerro adentro, en una región boscosa muy virgen, en el valle del Río Tigre. Desde finales de marzo, hace 5 años, no se supo más de ellos. Los desaparecieron, dejando todas sus pertenencias en el campamento que habían montado para trabajar.

“No se sabe nada, absolutamente nada”, sentenció el abogado de la familia Calfullanca, Edgardo Manosalva. El lunes 9 de abril tuvieron audiencia con el Juez Federal de Esquel, Guido Otranto. Ante este tribunal, la familia Calfullanca realizó en 2015 un pedido de habeas corpus, que está a punto de extinguirse. “El habeas corpus va muriendo porque solamente procede cuando hay una fuerza de seguridad o parapolicial que provoca la detención ilegal. Hasta hoy no existe prueba alguna que involucre fuerzas de seguridad. Por más que la desaparición esté y está probado que fue contra su voluntad”, precisó el letrado. “Hay como una treintena de testigos a lo largo de estos tres años, pericias, hospitales, morgues, de todo el país. Y ¿qué se sabe? Nada en absoluto”, reclamó.

Antes de cerrar el habeas corpus, la familia pidió llevar adelante algunas medidas de prueba, como profundizar sobre unos testimonios, entrevistar a un vecino que nunca fue llamado, peritar el celular de uno de los patrones de Genaro.

El negocio de tierras como telón de fondo

Cholila es una pequeña comuna rural de la precordillera patagónica. Es una extensa región de bosque nativo, con ríos puros y un lago del mismo nombre. Cuenta con apenas 3 mil habitantes, en su mayoría peones rurales de ascendencia mapuche que trabajan para grandes estancias y country vips a la vera del lago. Entre los dueños más hacendados de la tierra aparecen figuras como el ex diputado nacional Francisco De Nárvaez, el empresario y animador televisivo Marcelo Tinelli, el CEO del grupo Techint Paolo Rocca, la firma urbanística Eidico y la multinacional belga Burco.

La localidad fue noticia en el verano de 2015 por un enorme incendio forestal que destruyó más de 40 mil hectáreas de bosque nativo y, casualmente, se inició en el mismo valle en que habían desaparecido los Calfullanca. Este ecocidio le permitió a los dueños de los campos, fraccionar y vender miles de hectáreas; algo que no podían hacer mientras hubiera bosque nativo protegido por la ley. Pero donde ya no hay naturaleza que moleste, se abre espacio para los negocios.

Testigo desaparecido

Genaro Calfullanca era testigo en una causa por daños y amenazas, ligada a un problema de tierras. Tiempo antes de su desaparición, lideró una cuadrilla de peones contratados por una estancia, y mientras trabajaban, presenciaron una discusión violenta entre la estanciera que los contrató y su vecino. Debora Finkelstein denunció a su lindante Oscar Ruiz por amenazas de muerte, y la Justicia inició un proceso de investigación. Genaro Calfullanca tendría que haber declarado. No pudo declarar.

Conexiones con el Poder Político

Oscar Argentino Ruiz, pertenece a una histórica familia de Cholila, y es cuñado de Néstor Becerra, quien por aquel entonces formaba parte del ejecutivo municipal. Becerra, junto al ex intendente de Cholila, Miguel Castro, enfrentaron una serie de denuncias por presuntas entrega de tierras fiscales de manera fraudulenta y por mal desempeño de funcionario público; aunque salieron por la puerta grande, como si nada hubiera pasado.

También pertenecen a un grupo de funcionarios que integran la Sociedad Rural de la región. En agosto del año pasado, Becerra tuvo reuniones con Pablo Noceti, el segundo de Patricia Bullrich. El funcionario nacional estuvo por esta región cordillerana, en reuniones con varios terratenientes y estancieros, como Ronald McDonald, el administrador de los campos de Benetton.

“Hay pruebas de amenazas contra Genaro, pero no me aventuraría a decir que su posible muerte tuvo que ver con que él iba a declarar, pero si toda esta situación de conflictos sumaba”, advirtió Manosalva. Aunque no obstante destacó «el miedo reverencial que existe sobre estas figuras. Por eso ese silencio que hay en Cholila”.

El encubrimiento judicial

Desde que se denunció la desaparición de los Calfullanca, el primer fiscal que debía investigar fue Oscar Oro. Fue el mismo fiscal que impulsó el juicio a los funcionarios de Cholila, y que no se inmutó cuando los dejaron libres. Para la familia Calfullanca, el fiscal Oro no tenía intenciones de avanzar en la investigación y búsqueda. «Ni siquiera recorrió el lugar. No llamaba a testigos, no llamaba a pericias, no hacía nada. Dejaba que pasara el tiempo nomas. Tuvo un rol prominente en esa paralización de la causa porque directamente hacia todo para no avanzar”, se denunció.

Un fiscal que obstaculizó

En 2015, luego de tres años que no hubiera novedades desde la desaparición, la familia decidió denunciar al fiscal Oro por estar “obstaculizando” la investigación y presentaron un habeas corpus ante el Juzgado Federal de Esquel. Como el titular, Guido Otranto, estaba de licencia, quien los recibió fue el juez subrogante Ricardo Gerosa Lewis, un famoso abogado de Esquel apoderado de varias empresas, entre ellas Compañía de Tierras del Sur S.A., la empresa textil y forestal de Luciano Benetton.

“Fue el abogado de Benetton, es la casualidad permanente: de 500 abogados que somos en el foro justo le tocó a él. La toma Ricardo Gerosa Lewis a las 12:15 y a las 17:15 ya tenía firmado el rechazo”, explicó el abogado de la familia.

Lo cierto es que fue más allá que eso. Denunció a la familia por graves acusaciones contra la investigación de la justicia provincial. «Es decir, no solo se hermetizaba aún más la causa por desaparición, sino que se intentó criminalizar a los familiares por denunciar», recalcó el letrado.

La familia Calfullanca apeló la decisión y la Cámara Federal de Comodoro ordenó a Otranto tramitar el habeas corpus, aunque sin pruebas se extinguiría en los próximos meses.

«En Cholila se sabe lo que pasó, pero nadie habla. Vos vas y te dicen hay gente que sabe, ¿pero quién hablaría? Nadie”, explicó Manosalva.

Cada año la recompensa para obtener datos sobre sus paraderos aumenta. Pero nadie arriesga su pellejo. La impunidad y los negociados en la Patagonia encubren desapariciones y asesinatos. Calfullanca, Quintupuray, Cárdenas, Maldonado, Nahuel, son algunos de los nombres que están en la memoria de este territorio, de las comunidades rurales, del pueblo mapuche.

Fuente: Revista Cítrica