Una crónica más de violencia institucional

La policía de Entre Ríos impidió a cuatro mujeres de Paraná subir al colectivo para detenerlas por un supuesto robo, aunque en realidad fue por la simple discriminación de estereotipos impuestos. Unos días después fueron amenazadas.

Por Mariano Osuna

El lunes 26, pasadas las 19 hs, la policía de Entre Ríos detuvo a cuatro mujeres porque las vieron corriendo para tomar el colectivo público de la capital provincial. Son trabajadoras, mujeres, militantes sociales, integrantes del MP por la Dignidad, que venían con bolsas en sus manos de los talleres de repostería que realizan. En ese momento se apresuraron para alcanzar el transporte urbano, aunque solo sufrieron el accionar policial, una violencia institucional atravesada por la discriminación y el racismo. Luego del episodio, donde uno de los agentes de las fuerzas de seguridad las tildó de «mecheras», las mujeres fueron amenazadas por facebook.

Exactamente eran las 19.30 hs, Mara, Lili y otras dos compañeras venían caminando por calle San Martín, luego de la asistencia al curso de repostería, una de las tantas actividades que atraviesan a estas mujeres en el desarrollo territorial cotidiano en sus barrios. Cuando estaban llegando a calle Carbó se dieron cuenta que el colectivo se iba, así que comenzaron a correr para no perderlo. Quienes utilizan el servicio público saben de las dificultades con la agenda propia cuando tenemos que esperar al próximo colectivo. Y más desde que esos recorridos han sido cortados por distintas reorganizaciones del transporte urbano de pasajeros. El policía que estaba parado en calle Villaguay fue quien las detuvo y les impidió subir al transporte público. Desde allí se dieron una secuencia de hechos atravesados por la violencia institucional.

El Movimiento Pájaros por la Dignidad, espacio colectivo donde transitan las cuatro mujeres, precisó en las redes sociales que la policía las paró por sospechosas. «¿Por qué? Se preguntan», mientras se responden que «por negras y vivir en una barriada».  Se destacó que las vecinas «hicieron valer sus derechos, y les pidieron que se identificaran, éstos se enojaron y las maltrataron».

Se advirtió que había «tres policías con sus motos y dos patrulleros rodeando a las cuatro compañeras». Además se alertó que «como si no les bastara, nos siguieron amenazando por Facebook».

Ese día Mara Robín, una de las víctimas de violencia institucional, explicó en su facebook, entre la impotencia y la lucha, que según uno de los policías «una compa tenía el perfil de alguien que había robado». Y se preguntó «¿cual fue el delito? Correr el cole, llevar bolsos o tener pinta de mecheras para ellos». Se lamentó que perdieron más tiempo que si se hubieran tomado el otro cole, además de la violación de derechos, el escrache público y el abuso policial. «Una vergüenza que la fuerza que nos defiende según dicen se ocupe de parar 4 mujeres y requisarlas en la calle como delincuentes», reclamó Robín.

En un comunicado, el MP por la Dignidad afirmó que nos quieren hacer creer «que mas policías en las calles es seguridad». Alertó que «seguridad para los de arriba, es desplegar armas y perseguir a quien no se arrodilla ante las políticas de muerte. Es estigmatizar a las personas por su color de piel o su ropa y dejar la zona liberada para que los poderosos se sigan llenando los bolsillos». No obstante detalló que para los de abajo la seguridad «es tener casa, educación, salud, comida, ser parte de un proyecto de vida colectivo».

El movimiento social repudió «el abuso de poder y la impunidad con la que se maneja la policía de Entre Ríos y las fuerzas de seguridad en su totalidad» y rechazó «la profundización que el gobierno nacional y provincial vienen dando a pasos agigantados en políticas represivas».

 

Lo cierto es que cinco días después no hubo una sólo voz oficial que cuestione el accionar policial. Pasó como pasan tantas situaciones de violencia institucional, por ejemplo las siete denuncias realizadas durante el año pasado por Agenda Abierta por abuso policial a personas en situación de calle. Todo sumado a un contexto nacional donde, según el informe de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional, Correpi, durante 2017 una persona fue asesinada por el aparato represivo del Estado cada 23 horas y donde se naturaliza como política oficial al gatillo fácil.

No alcanzó con lo sufrido el lunes ni con el silencio gubernamental, sino que ahora fueron amenazadas por facebook. Pese a todo, ellas ya se encuentran en su barrio, trabajando como cada día en la construcción colectiva que transforme las injusticias estructurales.