Se desarrollará la primera reunión entre la empresa concesionaria del servicio de Transporte Público Urbano y representantes del Ejecutivo. La discusión es en torno al porcentaje, ya que el secretario de Servicios Públicos dio como un hecho el aumento.

Como adelantamos desde Agenda Abierta, en medio de los anuncios, las marchas y contramarchas en torno a la implementación del nuevo servicio pautado en el marco de la nueva concesión del Servicio de Transporte Público Urbano de la ciudad de Paraná, la empresa concesionaria, ERSA Urbano, ingresó una nota solicitando el aumento de la tarifa.
El recorte de subsidios nacionales a las empresas ya motivó incrementos de hasta el 50% en distintos puntos del país, aunque con diferencias en cuanto a la calidad de la prestación del servicio.
En la ciudad de Paraná es particularmente conflictivo este punto ya que a las quejas permanentes de los usuarios, que son de larga data, se agrega cierta anuencia del Gobierno para con la empresa prestadora.
De hecho, el SITU, órgano de control del transporte público en la ciudad está conformado, entre otros actores, por representantes de la empresa y excluye a su vez la participación de los vecinos. Funcionarios municipales, técnicos y representantes de las empresas, conforman una especie de mayoría, donde la representación ciudadana es mínima.
En el pliego de condiciones dispuesto para la licitación con la que se quedó la UTE conformada por ERSA y Mariano Moreno, en términos reales una sola empresa, por ser la única oferente, no se incluyeron sanciones graves por incumplimiento.
En declaraciones a Diario UNO, el secretario de Servicios Públicos de Paraná, Ricardo Frank, fue claro respecto al aumento del boleto solicitado por la ERSA. “La empresa ha hecho una proyección de costos y seguramente solicitarán una adecuación tarifaria que luego deberá ser tratada por el Órgano de Control y Monitoreo del Sistema Integral del Transporte (SITU) que fue creado por ordenanza”, dijo, y explicó que luego debe ser presentado al Ejecutivo que hará una propuesta y más tarde lo debe tratar el Concejo Deliberante.
Y también fue claro en cuanto a cuál es la posición que toma el Estado Municipal en el marco de la tensión entre la empresa y los usuarios. “Una adecuación tarifaria se tiene que hacer porque el boleto no ha sido tocado a pesar de la disminución de subsidios a nivel nacional y más allá de que la gente se queje por la prestación del servicio”, remarcó.
El último incremento de la tarifa del transporte fue en junio de 2017, y aumentó un 25%, sin que se registraran mejoras en la prestación. Nuevamente el debate en la ciudadanía son los tiempos de espera, además del rechazo al nuevo plan de recorridos presentado por la empresa y aprobado por el Gobierno de Sergio Varisco que durante estos días, tras ver frustrado su intento de implementarlo a partir de los primeros días de marzo, busca trabar cierto consenso con los vecinos. Según se desprende de las palabras de Frank, lo más probable es que el boleto aumente su costo antes de que la empresa aplique mejoras en el servicio y en el mejor de los casos, que esas mejoras terminen estando condicionadas a la aplicación de un nuevo incremento tarifario.