El delegado de ATE en el Hospital Escuela de Salud Mental se refirió al primer Encuentro del Órgano de Revisión en Paraná. Los desafíos, las condiciones de trabajo y las demandas colectivas, parte del diálogo con Agenda Abierta.

Por Mariano Osuna
El pasado viernes 16, Paraná fue la sede del primer Encuentro Nacional de Órganos de Salud Mental, un espacio interdisciplinario creado en el marco de la Ley. El delegado de ATE en el Hospital Escuela, Matías Passi, analizó los avances en la aplicación de la legislación, la situación de las condiciones de trabajo, la falta de insumos básicos, la carencia de presupuesto, la deuda de las orgánicas en las instituciones y hospitales y la necesidad de la creación del Consejo Consultivo del Órgano de Revisión. Lee el documento completo que el Departamento de Salud del sindicato de estatales presentó en el Encuentro realizado en La Vieja Usina.
«El encuentro constituye un avance real en la aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental, ya que reafirma y potencia un espacio que controla las prácticas de salud mental en todo el territorio provincial y vela por el cumplimiento de la misma», expresó Passi en diálogo con Agenda Abierta. «En torno a dicho encuentro es que desde el Departamento de Salud Mental de ATE nos propusimos elaborar un documento conjunto que aporte a la discusión sobre los avances de la aplicación de la Ley, al rol que cumplen lxs trabajadorxs en ese desafío y que de cuenta de la situación en la que nos encontramos lxs trabajadorxs del campo al día de hoy», detalló sobre la participación en la jornada del viernes.
El delegado de ATE en el Hospital Escuela de Salud Mental destacó que en el documento pusieron de manifiesto «la relación directa entre las condiciones laborales y la pretensión de transformar las instituciones en el marco de la Ley Nacional de Salud Mental». Advirtió que «la precarización laboral, en materia de salarios, condiciones contractuales y de insumos básicos para desarrollar nuestra tarea van a contramano de dichas intenciones».
Passi explicó que la calidad de atención que brinda un servicio de salud está «íntimamente relacionado con las condiciones laborales que cuentan lxs trabajadorxs. Siendo nosotrxs, lxs trabajadorxs, lxs hacedorxs de dicha transformación».
Orgánicas y falta de presupuesto
«Otra de las situaciones que demandamos en nuestro documento, es la aprobación de las orgánicas hospitalarias y de los distintos servicios de salud», precisó Passi en declaraciones a Agenda Abierta. Señaló que son necesarias para que «se vean reflejada y reconocidas las funciones de muchos compañeros que desarrollan sus tareas desde un lugar que ni siquiera existe para el sistema de salud». Y agregó que también para que «se reconozca un nuevo modo de abordar la salud mental desde una mirada comunitaria; cuestión que nos lleva a otra situación, la presupuestaria».
«Quienes trabajamos en un efector de salud publica, sabemos que uno de los mayores limitantes es el presupuesto, luchando por la compra de los insumos básicos, con equipamiento muchas veces obsoleto y apelando en demasiadas oportunidades a las donaciones de otras instituciones que dejan en desuso, computadoras, vehículos, mobiliario, etc», sentenció el delegado de ATE sobre el escenario en el que intervienen de manera cotidiana.
Capacitaciones y Consejo Consultivo
Passi reflexionó sobre la necesidad de las capacitaciones. «Exigimos que desde el ingreso de cualquier personal a un servicio de salud mental se promueva la capacitación», afirmó. Y describió que «muchas de las personas que ingresan al sistema de salud y que no provienen del ámbito académico, desconocen por completo el modo en el cual deben desarrollar su tarea, cuales son sus obligaciones, sus derechos y como actuar en la relación con los usuarios».
Señaló que al sistema de salud «lo componemos entre todxs y es de carácter obligatorio la capacitación al personal». Diagnosticó que esto «constituye la diferencia entre tener una institución que trabaje en un mismo sentido, con una misma finalidad, que es la de promover la salud u otra que encuentre en lxs mismxs trabajadorxs la resistencia a dicho cambio».
«Solicitamos la creación del consejo consultivo del Órgano de Revisión, con la intención de dar mayor pluralidad y potencia al trabajo que realizan y la conformación de una mesa interministerial que aborde de manera conjunta las problemáticas de salud de los usuarios», reclamó Passi. «Concebimos al problema de salud como una problemática social, con distintas variables y que deben ser abordadas como tal, como lo son el acceso a la vivienda, al trabajo, entre otras», especificó.
En otro tramo de la entrevista, el trabajador de la salud pública expresó que la Dirección de Salud Mental de la provincia, en voz de su autoridad Carlos Berbara, dejó «el compromiso de seguir trabajando y abordar esta serie de demandas». E insistió que desde ATE sostienen que «el fortalecimiento, organización y reconocimiento de lxs trabajadorxs garantiza un mejor sistema de salud pública y por ende una mejor calidad de vida de los usuarios».
Departamento de Salud Mental
Passi explicó que el espacio en ATE «se constituye a mediados del año pasado luego de un proceso de encuentros y discusiones con compañerxs de los distintos servicios de salud mental de Paraná y de la provincia». Recordó que encuentros «como la Asamblea de Trabajadores de Salud Mental de Entre Ríos en noviembre de 2016 y las distintas recorridas por los hospitales psiquiátricos de la provincia dieron origen al espacio».
Precisó que el Departamento pretende recoger «demandas de lxs comapñerxs que trabajan en los diferentes puntos de la provincia, para unificar y organizar los planteos en torno al campo de la salud mental, elaborando documentos y tomando posicionamientos desde un ámbito provincial, sumando las experiencias de lucha que otrxs compañerxs supieron construir».
Documento presentado en el primer Encuentro
presente documento constituye un escrito diagnostico que efectuamos los trabajadores nucleados en el Departamento de Salud Mental de ATE Entre Ríos. Los miembros de este colectivo trabajamos en diferentes instituciones y dispositivos de salud mental de la provincia con diferentes realidades que en algunos casos se asemejan y en otros no; nuestro análisis intenta trascender la suma de cada uno de ellos. Procura construir una lectura integral de la política en salud mental tensando nuestras propias experiencias de trabajo con, nuestra mirada de las políticas públicas.
Una vez más, manifestamos nuestro agrado frente a la conformación del Órgano de Revisión local, hoy anfitrión de este Primer Encuentro Nacional de Órganos de Revisión, lo cual es un orgullo para todos los que transitamos la Salud Mental y bregamos por la conformación del mismo.
Nuestro escrito, intenta ser respetuoso de las diferentes realidades que hacen a los contextos de trabajo en cada institución y dispositivos de Salud Mental de esta provincia, por lo cual pretende tomar los atravesamientos comunes, pero también los singulares. No por ello cayendo en una generalidad o experiencias particulares, sino más bien, pensando en una lectura integral, en clave de Política Pública en Salud en general y Salud Mental en particular.
Cada experiencia de trabajo en la comunidad es un paso en la adquisición de los derechos históricamente vulnerados a las personas con padecimiento mental, como nuestra situación de precarización laboral incide en los mismos. El funcionamiento de los diferentes circuitos de asistencia, se sostienen fundamentalmente con la voluntad y la clínica artesanal de los trabajadores y el acompañamiento de estudiantes avanzados. Figuras como, residentes, contratos de obra, concurrentes, adscriptos, pasantes, prácticas académicas. Son los que sostienen asistencia que no puede continuarse en el tiempo. Lo cual obtura la calidad y continuidad de todas las prácticas para los usuarios.
Por esto pensamos en los siguientes aportes; consideramos que para defender los derechos de los usuarios e implementar plenamente la Ley de Salud Mental vigente, es necesario mejorar las condiciones laborales de trabajadores, brindar capacitación adecuada, garantizar los insumos necesarios, establecer una agenda políticas claras del área, para que estas se traduzcan en condiciones dignas de asistencia.
Conocemos que menos del 10% del presupuesto de Salud Pública está destinado para salud Mental, lo que impide en muchos casos la concreción de diversas estrategias de abordaje, no se puede pensar que los derechos del usuario no son vulnerados, cuando los derechos de los trabajadores lo son. Como lo son situaciones de inequidad entre los profesionales médicos y aquellos que no lo son.
Las condiciones laborales en nuestra provincia son muy precarias en varios sentidos: salariales, contractuales, de salud, de insumos básicos, pero fundamentalmente la precariedad más importante radica en el modo en que tal o cual dispositivo se inserta, o no en la red de salud y en la estructura administrativa de la cual depende. Al ser cada vez más escasos, por el cierre de varios dispositivos en nuestra región, trabajadores a los cuales no se les renueva el contrato dependiente de programas Nacionales y al estar tan condicionados por esta precariedad el resultado de sus intervenciones y el acceso de los usuarios y sus familias a éstos es muy reducida.
La sanción de la Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones Nº 26.657 en noviembre de 2010, cristaliza décadas de lucha sostenida por diversos sectores de la sociedad civil (Usuarios y sus familias, trabajadores del campo de la salud, organizaciones sociales, de derechos humanos, ámbitos profesionales y académicos, entre otros) por terminar con un modelo manicomial discriminador y estigmatizante que arrasa con los derechos de quien padece y atenta contra su subjetividad, legitimando en su lugar “…la atención comunitaria, descentralizada, participativa, integral, continua y preventiva” planteado en la Declaración de Caracas- OMS – 1990
En orden a esta Norma, recientemente adoptada por la provincia de Entre Ríos, solicitamos una política pública de Salud Mental que tenga desarrollo provincial y avance decididamente en la transformación genuina de las instituciones involucradas en todos los niveles y sectores.
Tenemos una rica historia de una Salud Mental alejada de los intereses corporativos y comprometida con las necesidades de la comunidad de la que se sabe parte, y se cuentan por cientos las experiencias de trabajadores que han construido y siguen construyendo alternativas acordes con la letra y el espíritu de la ley, mucho antes de que ésta fuera sancionada. Este es nuestro capital simbólico y experiencial en el que la implementación de la Ley puede y debe apoyarse.
Pedimos la plena implementación de la Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones, y la urgente puesta en marcha de los dispositivos que en toda la provincia sustituyan las prácticas basadas en el modelo manicomial. Modelo que desde diciembre de 2010 es, además de ilegítimo, ilegal.
Por todo lo expuesto hasta aquí, nos constituimos como colectivo y proponemos:
– Ampliar la partida presupuestaria destinada para el área de Salud Mental. Acorde a los principios antes mencionados, donde los trabajadores en cualquier rol y función sea revindicado, respetado y valorado.
– Exigimos un Plan Provincial de Salud Mental. Con lineamientos de políticas claras y especificas en esta área.
– Rechazar procesos de ajuste y reducción de Personal que signifiquen despidos y/o falta de atención a la comunidad, así como des-jerarquización y enfermedad.
– La necesidad de la conformación y aprobación de orgánicas de los diversos efectores públicos, que reflejen el real funcionamiento. Esto significaría visibilizar la transformación de las prácticas (el trabajo territorial, extra muros, comunitario, intersectorial), del Recurso Humano que lleva a cabo esas prácticas (adecuar su situación laboral, ya que en muchos casos se encuentra flexibilizada y precaria) y por ende será necesario un aumento de recursos y reasignación del presupuesto.
– Capacitación continúa para todos los trabajadores desde el ingreso.
– Demandamos de manera perentoria la creación de una Mesa interministerial, para brindar un abordaje integral en la resolución de los problemas de salud que afectan a las personas con padecimientos mental y a sus trabajadores. A la cual le depositamos la responsabilidad de la construcción colectiva y ejecución de políticas públicas que garanticen condiciones dignas para los usuarios.
– Además, solicitamos la pronta creación del Consejo Consultivo, donde organizaciones sociales como la Asociación de Trabajadores del Estado pueda participar activamente en el Órgano de Revisión local.
Consideramos que estas reivindicaciones que se han vuelto históricas por la falta de respuestas de los sucesivos gobiernos, constituyen un eje central, por el cual deberá transitar la transformación de las instituciones que pretendan mejorar la calidad de atención a los usuarios.
Desde la Asociación Trabajadores de Estado tenemos la firme convicción que el fortalecimiento, organización y reconocimiento de los trabajadores garantiza un mejor sistema de Salud Pública y por ende una mejor calidad de vida de nuestros usuarios