Luis Garay: «La ciudadanía no está pudiendo pagar estos servicios»

En diálogo con Agenda Abierta, el Defensor del Pueblo alertó sobre los aumentos de luz y gas. Además se refirió a la faltante de agua en Paraná, a los cambios del transporte público y a la modificación de la traza del puente.

Por Mariano Osuna

Los incrementos en las tarifas eléctricas y del gas, la faltante de agua en distintos puntos de la ciudad, la aplicación de la nueva concesión del transporte urbano de pasajeros, los cambios de recorridos y frecuencias, y la modificación de la traza del puente Paraná – Santa Fe, atraviesan la agenda pública en la capital entrerriana. En diálogo con Agenda Abierta, el defensor del Pueblo, Luis Garay, cuestionó los aumentos de los servicios, se refirió al apuro en las mutaciones del transporte público y expresó su preocupación por las alteraciones respecto al Puente.

«En la Defensoría ha habido muchos reclamos, sobre todo con el tema luz porque es la temporada donde llegaron las boletas con aumentos muy fuertes», expresó. «Para la Defensoría era importante el fallo que la Asociación de Consumidores Entrerrianos también estaba esperando, porque nos reunimos con ellos para ver la estrategia a seguir. Y era esperar si había una refacturación o no», explicó sobre el fallo de la Cámara Civil y Comercial que rechazó el amparo contra la suba que determinó Enersa. Garay describió que el planteo de la Asociación de Consumidores era «que no se notificó al usuario de los aumentos».

Los tres componentes de la boleta

«Como Defensoría lo que estamos haciendo es clarificando de que se trata el aumento, porque las boletas tienen tres componentes», reflexionó el Defensor. «Uno el costo de la energía a nivel nacional, mayorista, que es Cammesa, quien le vende a Enersa en este caso en Paraná o a las cooperativas en el interior la energía. Ese monto fue el de mayor aumento que hubo por la quita de subsidios», profundizó.

«El segundo ítem tiene que ver con el aumento de la luz a las distribuidoras, que se aprobó en el 2016 por audiencia pública en Villaguay, controlado por el Ente Regulador, de un aumento en su momento del 35%», continuó con su análisis sobre los componentes de las tarifas eléctricas. «También es cierto, y esto lo estamos viendo nosotros, que ha habido aumentos trimestrales que se han ido incorporando junto con el aumento nacional, que repercute en la boleta nacional», añadió en declaraciones con Agenda Abierta.

«Y el tercer componente que es el impositivo y es el más grande, tiene que ver con impuestos nacionales, que es el IVA y con impuestos provinciales, que es Feder, que es un impuesto que cobra la Secretaría de Energía para hacer obras de infraestructura», comentó Garay. Alertó que eso último»hoy no se está cumpliendo en cuanto a que no va a un fondo especial sino a Rentas Generales. Y de hecho Enersa, que es agente de retención, no lo estaba trasladando a Rentas Generales desde noviembre del año pasado».

Sobre el componente impositivo agregó la tasa municipal que «por un lado es el 16% y por otro lado es el 8,6%. En este último ítem nosotros hemos presentado al Ejecutivo municipal un pedido para que se reconsidere ese gravamen y que se analice qué tipo de quita se puede hacer».

Pedido de reunión con el Gobernador

Garay destacó que la Defensoría, a pedido de la Asamblea Ciudadana Vecinalista, «ha solicitado una audiencia con el señor Gobernador, por intermedio del EPRE, para charlar con él (Bordet) y los legisladores sobre la modificación de la ley de Feder». Además expresó que a nivel nacional «la Asociación de Defensores hizo un reclamo para que el IVA comience a bajarse respecto a los servicios esenciales, como en este caso la luz, pero también para el gas y el agua».

Hay un reclamo justo por parte de los ciudadanos

El Defensor del Pueblo de Paraná reclamó que las cuestiones políticas se diriman «en la política» y que la situación que hoy se está viviendo «es grave porque la ciudadanía no está pudiendo pagar estos servicios». Exigió que «antes que haya cortes generalizados estaría bueno que, tanto Gobierno nacional, provincial y municipal, al margen de esperar fallos judiciales, empiecen a notar que hay un reclamo justo por parte de los ciudadanos y se empiece a hacer algún tipo de modificación para que todo el costo de la energía no sea trasladado, como se está haciendo hoy, al usuario».

Recordó el fallo de la Corte con respecto al gas que «expresamente dice que cualquier tipo de aumento tiene que ser progresivo, no confiscatorio y razonable. Creemos que esto es para todos los servicios». Añadió que»no se está teniendo en cuenta al usuario» y que «el poder adquisitivo se ha disminuido al sacarse los subsidios y no tener aumentos salariales acorde a las nuevas tarifas».

Hay mucho para hacer con respecto al agua

«Lo del agua en Paraná es un tema grave», afirmó Garay. «Entendemos que, si bien se puede ir corrigiendo cuestiones coyunturales de arreglos de caños o problemas concretos que haya en algún barrio, hay cuestiones de grandes obras de infraestructura que son cloaca y agua», puntualizó. Reclamó que se empiece «de una vez por todas a hacer el cambio de cañerías».

Expresó que existe «una planta potabilizadora que es un ejemplo para la zona», aunque advirtió que «tiene que ir acompañado de una red que en algunos casos se modernizó pero en otro no. Hay mucho para hacer con respecto al agua».

«Sobre el caso puntual de kilómetro cinco y medio tuvimos una reunión con los vecinos en su momento. Hay algunas cuestiones que se cumplieron y otras que no, que era modificar la cisterna que había en la Escuela Tabaré», explicó Garay sobre la zona que espera la finalización de la obra del ensanche de la Avenida De las Américas para el correspondiente cambio de cañerías. «Sabemos que en la última semana otra vez la Municipalidad no está llevando el agua, pero creemos que de todos modos la obra definitiva solucionaría el problema de fondo», avisó.

El transporte urbano de pasajeros: en mayo puede cambiar todo nuevamente.

«La Defensoría participa en el Sistema Integrado de Transporte Urbano (SITU), que es la comisión que se creó por ordenanza del seguimiento de la nueva concesión», expresó Garay. Describió que ese organismo está compuesto «por el Ejecutivo, representado por el Secretario Legal y Técnico, por Defensa del Consumidor, por la Secretaría de Transporte, por Derechos Humanos y Gobierno, por la UTA, por las empresas, por los tres bloques legislativos y por la Defensoría del Pueblo». Añadió que además se contrató «a cuatro especialistas de costos que hacen un trabajo de seguimiento técnico».

Explicó que es «bastante complejo determinar el costo de un boleto porque hay un índice que se llama IPK que tiene que ver con la incidencia pasajero – kilómetro. Eso se saca con una tabla y en base a eso se da un costo netamente técnico. Después el SITU lo evalúa políticamente y lo envía al Ejecutivo como un dictamen no vinculante, que a su vez lo remite al Concejo Deliberante que determina el costo del boleto», profundizó el Defensor del Pueblo sobre el proceso que determina el incremento de tarifas del transporte público.

No tuvimos respuestas y se hizo, entendemos nosotros, a las apuradas.

«La Defensoría ha venido presentando, desde el momento mismo de la audiencia pública, cuando se iba a concesionar en diciembre del 2016, su postura que entendía que había que prorrogarle a la empresa que estaba hasta el 2018 porque este año vence la concesión del Área Metropolitana, es decir Colonia Avellaneda, San Benito y Oro Verde. Entonces unificar todo en una sola concesión», señaló sobre la postura del organismo. «Algo que no tuvimos respuestas y se hizo, entendemos nosotros, a las apuradas», agregó en diálogo con Agenda Abierta. Precisó también que se pidió que «haya 60 días de prueba si la empresa planteaba algún cambio de recorrido o de paradas».

«Se aprobó por ordenanza la nueva concesión. Tenía que haber entrado en funcionamiento el 18 de febrero, de acuerdo al contrato que firmó el Intendente los primeros días de enero. Por estricto pedido del Ejecutivo (no de las empresas), se suspendió la aplicación hasta el 2 de mayo», detalló el Defensor. «Esto trajo aparejado obviamente problemas de todo tipo. Por un lado el malestar que había por parte de los vecinos que recién se habían enterado que iba a cambiar el recorrido, y faltaba esa información previa que nosotros tanto sosteníamos. Y por otro lado hay un incumplimiento de alguna manera del contrato, que ojalá no traiga consecuencias para el Municipio, y se pueda llegar a tener un final feliz que entendemos tiene que ser con toda la aprobación de las vecinales de los recorridos y con un estudio técnico serio», puntualizó.

«Creo que todo vino mal barajado. Lo que nosotros hoy estamos planteando en el SITU es que si se está trabajando con la concesión vieja ni siquiera el SITU debería ser el órgano que determine un dictamen aunque sea no vinculante porque se está tomando un cálculo con recorridos anteriores a la concesión», advirtió. «Digo esto porque al ser una concesión vieja todavía tiene los de Colonia Avellaneda, Oro Verde y San Benito. Lo concreto es que en mayo si se llega a aplicar todo puede llegar a cambiar nuevamente», adelantó Garay.

Nuevo pedido de aumento de boletos

«La empresa ha pedido formalmente un aumento de boleto. Los técnicos de costos seguramente lo están estudiando, así que el 28 de marzo nos enteraremos cuál es el pedido y ahí daremos nuestra opinión cuando sepamos de qué estamos hablando», expuso sobre el pedido de incremento ed la tarifa del transporte.

Cambio en la traza del puente

«La Defensoría ha pedido informes al Municipio, al Intendente y al Área del plan estratégico municipal, sobre distintos puntos que tienen que ver con la opinión del Municipio y la copia del convenio que se ha firmado entre Provincia – Nación – Municipio», destacó Garay sobre otro de los temas que se instalaron en la agenda pública. «A nosotros nos interesa saber el motivo de por qué se ha elegido la traza en la zona norte de Paraná, sabiendo que perjudica todo lo que es la Toma Vieja y algunos particulares a los que hay que expropiar», afirmó. «Y saber por qué se dejó el viejo proyecto de hacerlo al sur de Paraná, que comunicaba más para el lado de Santa Fe, con la zona de Sauce Viejo, que permitía que el corredor bioceánico cumpla con la función que tenía, potenciando un puerto natural de aguas profundas como el de Diamante, y teniendo un mayor desarrollo desde el punto de vista estratégico y económico», analizó.

«En su momento, cuando recién se habló del puente, nos manifestamos que había que hacer no sólo un puente carretero sino también con vías de tren, porque entendíamos que había que proyectar, ya que se hacía la inversión, algo que estratégicamente nos convenga a todos, pensando en 50 años para adelante», puntualizó sobre la postura de la Defensoría del Pueblo.

Garay expresó que hoy donde se está instalando «está beneficiando prácticamente a la ciudad de Santa Fe en forma exclusiva». Advirtió que si bien «es cierto que se van a hacer nuevas conexiones de lo que es el acceso norte al acceso sur, puede haber mucho perjuicio al hacer entrar el puente a la ciudad de Paraná, al margen que está muy cerca del túnel, y limitaría el desarrollo urbanístico para la zona norte de Paraná».

Audiencia pública

«Desde la Defensoría creemos que sobre el puente hay que seguir dialogándose la nueva instalación y que urgente hay que hacer una Audiencia Pública, de acuerdo lo establece la ley ambiental, para que todos los ciudadanos puedan expresarse», recalcó. «Hoy ni siquiera se ha expedido el poder político de cuando se va a hacer esa Audiencia Pública y ya se está hablando que puede hacerse con capitales privados cuando nosotros creemos que tiene que hacerse con un presupuesto nacional o con algún financiamiento internacional de fondos que estén preparados para este tipo de inversiones», finalizó.