Desarrollo es la única cartera que aún no pagó la adenda acordada en paritarias 2017. Es parte de las liquidaciones de los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Silencio oficial.
Agenda Abierta informó hace algunas semanas que el Gobierno provincial adeuda un porcentaje relevante en las liquidaciones de los sueldos de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año pasado a trabajadoras y trabajadores estatales. Es un porcentaje acordado en negociaciones paritarias, que se demoró en el pago a las formas contractuales de obra, la más precaria de todas. Actualmente, el Ministerio de Desarrollo Social de Entre Ríos es la única cartera que no abonó la deuda que supera los 15 mil pesos, ya que tuvieron que rehacer el trámite.
Las paritarias del año pasado finalizaron en la segunda mitad de 2017. En aquél acuerdo entre el Gobierno provincial, la Asociación de Trabajadores del Estado y la Unión del Personal Civil de la Nación, se estableció que el piso, es decir el salario mínimo, sería de 12 mil pesos mensuales.
Mientras para quienes se encuentran en situación de planta permanente la reparación fue casi automática, para la modalidad contractual denominada “de obra”, la más precaria en sus formas, la decisión involucró la necesidad de una adenda que garantice el dinero que se origina en la diferencia entre el valor establecido por contrato y los 12 mil pesos actuales. Lo cierto es que el Desarrollo Social es la única cartera ministerial que aún debe esas liquidaciones.
Además de las demoras evitables, los trámites tuvieron que hacerse nuevamente porque se habían efectuado con la partida presupuestaria anterior. El escenario no parece modificarse en los próximos días ya que aún los contratados de obra no han ni facturado (son monotributistas) la adenda.
En contexto
El contrato de obra es una problemática estructural. Una deuda del Estado que contrata a personas por un año para un proyecto específico cuando en la mayoría de sus casos sólo se trata de trabajadores de planta a los que se los somete a formas contractuales precarias ante la supuesta falta de presupuesto para establecer la estabilidad del empleado. Vale añadir que esta modalidad de contrato no incluye vacaciones ni aguinaldos y que al renovarse cada año muchas veces los primeros meses recién se cobran entre abril y junio. Actualmente hay personas con ocho años en esa relación contractual, sin ningún respaldo que su propio trabajo.
Más precarización
El silencio oficial ensordece, aunque a la falta de liquidación de parte de los salarios de los últimos cinco meses del 2017 se suma que tampoco han cobrado enero y febrero porque los respectivos contratos ni siquiera fueron firmados en el Ministerio que conduce Laura Stratta. El escenario es de flexibilización absoluta, y sin respuestas oficiales, mientras la comunidad trabajadora más precarizada atraviesa su octavo mes con liquidaciones adeudadas.