Diputados entrerrianos aprobaron por unanimidad la ley para combatir el narcomenudeo

Ya tiene sanción definitiva el proyecto enviado por el Ejecutivo provincial. El lunes, Bordet había pedido a los legisladores acelerar los plazos del tratamiento. Desde el Ministerio de Gobierno y Justicia apuestan a recibir los fondos de Nación.

La norma que otorga atribuciones a la Policía provincial para el abordaje del delito de venta de drogas a pequeña escala ya tiene sanción definitiva. Fue uno de los temas prioritarios para la legislatura entrerriana y la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, se puso la gestión al hombro, participando de las reuniones de comisión que le dieron dictamen favorable para su ingreso y tratamiento sobre tablas en el Senado, donde obtuvo media sanción hace una semana. Ayer, la Ley enviada por el Ejecutivo obtuvo el voto unánime de los diputados.

El lunes de esta semana, en la reunión de Gabinete encabezada por el gobernador Bordet, fue uno de los temas principales. El mandatario le pidió a sus legisladores en la Cámara baja “redoblar el compromiso” para acelerar su aprobación, lo cual finalmente sucedió en la sesión inmediatamente posterior.

La ministra Rosario Romero apuntó que existen “gestiones hechas ante el gobierno nacional para que vengan recursos para nuestras cárceles, para pulsera electrónicas, para cromatógrafos y para fortalecer nuestros laboratorios en general”.

“Ese compromiso surge de la de Lay 26.052, artículo quinto, por el cual la Nación tiene que proveer de recursos a las provincias que decidamos investigar nosotros el sistema de narcomenudeo”, remarcó.

Un modo de digitar modificaciones en las legislaciones provinciales desde el Gobierno nacional es justamente sujetar el envío de fondos al cumplimiento de ciertas pautas normativas. Sin embargo, la liberación de esos fondos no suele ser inmediata. El respaldo de Bordet al avance de la lucha contra los denominados quiscos de droga utilizando para ello a la fuerza provincial se plasmó al indicar que la provincia solventará los gastos devenidos de su aplicación con fondos propios hasta tanto el Estado nacional comience a cumplir con la 26.052.

Vale decir que la Norma aprobada ayer aborda la problemática de la droga desde el punitivismo. Romero detalló en ese sentido que “vinculado a narcomenudeo tenemos previstas obras en nuestras cárceles” y destacó que “el gobernador pidió más eficacia administrativa para lograr que las obras se concreten en breve tiempo”.

El senador Ángle Giano, reforzó esa postura al sostener que “hasta hoy sólo puede actuar la justicia y la Policía Federal porque es un delito de competencia federal. Cuando se sancione esta ley, la Policía de Entre Ríos y la Justicia podrán intervenir en lo que es el último eslabón, pero tiene que haber una articulación con Nación porque el problema grande es el narcotráfico”, dijo y acotó: “Más allá de los recursos que nos tiene que transferir por Ley para  fortalecer los sistemas carcelarios, de justicia y las fuerzas de seguridad”.

Los riesgos que implica la Ley es poner el abordaje de una problemática social en manos de una fuerza que no está específicamente preparada para ello y puede derivar en una mayor complejización. Además, algunos estudios sostienen que el avance sobre los quiscos de droga no resuelve el problema del narcotráfico y en algunos casos lo agrava. La comprobada connivencia de la policía de Santa Fe con este mercado ilegal es uno de los ejemplos citados y en el caso más extremo, la militarización de Méjico para el combate de los carteles que sólo ha logrado incrementar a niveles de catástrofe la violencia y la corrupción.

Otro de los puntos cuestionables es la posible estigmatización de la pobreza que conlleva abordar desde la óptica policíaca la problemática y la persecución a consumidores debido a que se corren los límites entre las cantidades para consumo y para venta. De ahí la preocupación provincial por incrementar la capacidad carcelaria para el alojamiento de infractores.

Durante el debate en el Senado, el senador por San Salvador, Lucas Larrarte (FPV), advirtió tangencialmente esta situación al apuntar que  compartía la idea de una aplicación gradual en el marco de un profundo respeto a los Derechos Humanos. “Es importante la cuestión presupuestaria”, dijo señalando la necesidad de los aportes que se hacen a las áreas de salud, ya que “no solo es una cuestión de seguridad”, subrayó.

Larrarte se refería al modo de distribución que propone la norma: El 40% al Ministerio de Salud; el 40% a la Policía de Entre Ríos; y tan sólo el 20% al Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia y al Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf).

Los diputados

En la argumentación, el diputado Diego Lara dijo que la iniciativa “trata una temática instalada en la sociedad y que no ha sido ajena a quienes integramos la Cámara ahora y en la gestión pasada, en la que hubo intentos de avanzar en este sentido”. Desde la sanción de la ley nacional en 2005 hubo discusión entre la competencia federal y que las provincias se arroguen el principio de actuar en este tipo de delitos.

El intento de avanzar en la lucha provincial del narcomenudeo durante la anterior gestión, fue declarado inconstitucional.

En la interpretación final, Lara agrego que “la Corte Suprema de Justicia dejó zanjada la cuestión al determinar la constitucionalidad de la Ley y señalar que hay que atender la voluntad del legislador nacional que entendió el deslinde de competencias hacia las jurisdicciones provinciales”.

Por su parte, la diputada Ayelén Acosta, integrante de la Comisión Bicameral que trabajó en la adhesión a la Ley de narcomenudeo, enfatizó la necesidad de que junto a esta ley se implementen políticas de seguridad que atiendan a este tipo de problemáticas. La diputada Lena subrayó la necesidad de trabajar en la problemática de la drogadicción en pueblos pequeños y en revisar la asignación de los fondos necesarios para su aplicación.

Por su parte, el diputado Kneeteman valoró el tratamiento del Proyecto de Ley, tal como debe ser y refirió a un Proyecto de Ley de su autoría centrado en políticas de seguridad para Entre Ríos.