Bordet busca acotar las asambleas de trabajadores

Desde la Comisión Directiva Central de Agmer repudiaron el Decreto Nº 97/18 MGJ, firmado por el Gobernador de Entre Ríos el pasado 16 de febrero. Pretende “limitar el derecho de los trabajadores a la deliberación en asambleas masivas en lugares públicos” denunciaron.

En las últimas horas, los docentes entrerrianos tomaron conocimiento del Decreto Nº 97/18 del Ministerio de Gobierno y Justicia que modifica el anterior Nº 1318/96 y reglamenta aspectos referidos a la acción gremial de los trabajadores estatales.

Desde la Comisión Directiva de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) emitieron un documento repudiando la iniciativa que lleva la firma del Gobernador Gustavo Bordet y fuera rubricado el 16 de febrero del corriente año.

Desde el gremio puntualizaron que su principal objetivo es que “las asambleas en las que interviene el personal de cada sector deberán taxativamente realizarse dentro de los respectivos lugares de trabajo, que en el caso del colectivo docente son las escuelas” y cuestionario que ello, “impide de esta manera la posibilidad de llevar a cabo reuniones en ámbitos a los que puedan concurrir el conjunto de los trabajadores para expresarse masivamente y sin distinción del establecimiento en el que desarrollan cotidianamente su trabajo”.

“Esta medida, sin precedentes en los tiempos que corren, retrotrae a la provincia a momentos de la historia que han estado signados por prácticas coercitivas en las que la presencia en las calles del movimiento obrero organizado era vista como una amenaza para el poder político ante la carencia de voluntad para alcanzar una solución democrática a las problemáticas de la sociedad y de los trabajadores en particular” señalaron desde Agmer.

A su vez, denunciaron que “el gobierno provincial avanza en una medida de carácter extorsivo y discriminatorio hacia los sindicatos, lo cual no es más que una maniobra frente a la incapacidad para brindar respuestas concretas a las legítimas demandas de los empleados estatales” y agregaron: “Insistimos en que no es silenciando las expresiones colectivas que se logran resolver los conflictos salariales y laborales, sino que por el contrario se trata de un camino que solamente puede encauzarse respetando la disidencia y aceptando el juego democrático que nunca está completo sin la libertad para que la clase trabajadora disponga de manera autónoma de sus ámbitos de deliberación y de los medios para la manifestación colectiva”.

La medida dispuesta por el Gobierno provincial se da en el marco de una creciente conflictividad social en torno a la discusión salarial, cuyo techo del 15% dispuesto por el Gobierno nacional viene siendo respetado sin concesiones. Además, en recientes declaraciones a los medios, el Gobernador Gustavo Bordet se ha manifestado muy crítico con los paros y protestas de los trabajadores entrerrianos que comenzaron esta semana con medidas de fuerza durante dos días y volverán al paro mañana, en adhesión al paro internacional de Mujeres. Esa posición del titular del Ejecutivo provincial se extendió incluso a la actividad del 8M, en que marcó una postura directamente confortativa con las reivindicaciones del movimiento feminista, planteando que hacer paro no hera una forma de “homenajear a la mujer” sino que estas debían estar “educando a nuestros hijos”. La Asamblea Participativa de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans repudió las declaraciones. Desde ese colectivo denunciaron “el disciplinamiento y el amedrentamiento de los ‘patrones’ políticos, laborales y demás varones que no valoran nuestras vidas y nos niegan el ejercicio de derechos”. Y agregaron que este 8 de marzo “nosotras no cumplimos mandatos: no trabajamos para el sistema, no lavamos platos, no cocinamos, no cuidamos hijes, no lavamos la ropa”.

Por último, la Comisión Directiva de Agmer, en referencia al decreto que busca ponerle un coto a las asambleas de trabajadores del Estado, convocó “al resto de las organizaciones de trabajadores a acompañar nuestro rechazo a esta embestida y señalamos al gobierno provincial como el principal responsable de cualquier tipo de tensión que entorpezca la negociación salarial como consecuencia de esta nueva afrenta contra los trabajadores”.