El gremio docente tuvo una audiencia con el defensor General de la Provincia, Maximiliano Benítez. Solicitó una medida precautoria para impedir nuevas fumigaciones. Mariela Leiva, de Paren de Fumigar en las Escuelas, había advertido que “se está naturalizando la situación”.

Por Pablo Urrutia.
Este miércoles 21 de marzo tuvo lugar una audiencia entre representantes de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) y el defensor General de la Provincia de Entre Ríos, Maximiliano Benítez.
El disparador del encuentro fue la fumigación, durante dos días en una semana, en la zona de Arroyo Perucho Verna en San José, que motivó la evacuación de tres escuelas de la zona, afectando a alrededor de 800 niñas, niños y adolescentes. Hubo docentes y estudiantes afectados y la gravedad de la situación que viene desde hace tiempo, trascendió a los medios provinciales y nacionales.
Desde Agmer, presentaron documentación que demuestra las consecuencias sobre la salud de los afectados y se insistió en que “el problema no se circunscribe a este caso aislado, sino que responde a un modelo en el que la integridad de las personas, principalmente los niños, se opone a los intereses corporativos y el poder económico de los productores rurales”, según expresaron en un comunicado emitido desde el gremio. También se hizo referencia “a diversos antecedentes judiciales en la materia, especialmente el fallo que en octubre del año pasado condenó a los responsables de la fumigación sobre la Escuela Primaria N°44 República Argentina de la localidad de Santa Anita en 2014”.
Mariela Leiva, directora de ese establecimiento en el momento en que sucedió aquella fumigación que derivó en la acción judicial, dialogó con el programa Agenda de Radio, en la previa a la audiencia. Allí lamentó lo sucedido en Arroyo Perucho, y recordó que desde el colectivo Paren de Fumigar en las Escuelas “estuvimos acompañando a la comunidad en diversas oportunidades”, y aclaró que la escuela 54, “no es una escuela rural, está en una zona periurbana, rodeada de barrios”.
También mencionó que el viernes, en que sucedió la fumigación en la plantación de árboles de nuez pecán, explotación que lleva adelante Pecanes Pierre SRL, de Ricardo Maxit, estuvo en permanente contacto con la directora del establecimiento afectado. Y repudió “la impunidad con que se están manejando los productores”.
Consultada por la actitud que tuvo el Gobierno de la provincia, que se hizo eco de la situación e inició un abordaje para establecer si hubo infracciones de parte de Maxit, dijo que “poner al frente de esto a la Secretaría de la Producción es como poner al zorro a cuidar las gallinas”. Además agregó que “se está naturalizando el problema. Porque de esos 800 niños y niñas, si hubo dos o tres o uno, quiere decir que las buenas prácticas no existen, suponiendo que eso se hizo respetando la normativa”.
En la audiencia realizada hoy entre Agmer y el Defensor de la provincia, sostiene el comunicado, se indicó que “a raíz de esta situación y con miras a avanzar sobre una acción concreta para evitar de forma urgente que se reiteren hechos de esta naturaleza, los representantes gremiales y las abogadas solicitaron al funcionario judicial que dicte una medida precautoria tendiente a impedir nuevas fumigaciones en campos lindantes a establecimientos educativos de toda la provincia”.
Además, remarcaron que “la pretensión del colectivo docente no se limita a una medida específica y que este pedido representa un principio de solución a corto plazo, puesto que se apunta desde la tarea pedagógica y la lucha gremial a modificar el paradigma productivo de la sociedad y promover un modelo sustentable que no vulnere la salud de la población y sea compatible con la preservación del ambiente, tal y como se viene planteando junto a organizaciones ambientalistas desde la Campaña Paren de Fumigar las Escuelas que lleva adelante nuestro sindicato”.
Por último, cabe mencionar que, en representación de Agmer, estuvieron presentes, Marcelo Pagani y Federico Tálamo, secretario general y vocal de la Comisión Directiva Central, acompañados por la asesora legal Verónica Fischbach y la abogada ambiental Aldana Sasia.