El Gobierno municipal salió por estas horas a aclarar una información que surgió de AgendaAbierta. Se trata del veto a la ordenanza que prohibía el uso del glifosato en Paraná. Y aclaró difundiendo una versión incorrecta.

Por Pablo Urrutia.
El Gobierno municipal salió por estas horas a aclarar una información, sin citar que surgió de AgendaAbierta, y puso para ello a funcionar todo su aparato comunicacional. Se trata del veto a la ordenanza que prohibía el uso del glifosato dentro del ejido de la ciudad de Paraná. Y aclaró difundiendo una versión incorrecta.
El periodismo de las versiones correctas se limitó a levantar el comunicado oficial, pero se entiende, el libre, universal y fácil acceso a la información pública es un asunto pendiente en la capital entrerriana desde que Cambiemos derogó una ordenanza de 2001 sobre el tema y aprobó, el año pasado, otra que hace más engorroso acceder a la misma, pero al menos, mantiene a cubierto las declaraciones juradas de los concejales. Entre otras cosas. Saber qué sucedió realmente con la prohibición del glifosato en la ciudad era tan fácil como leer el Decreto 2154/17, lo difícil era acceder al mismo.
No aparecía en las páginas oficiales, por ejemplo.
La concejal de Cambiemos, Claudia Acevedo, autora de la ordenanza aprobada por unanimidad en la última sesión ordinaria que el Concejo Deliberante realizó en 2017, fue la primera en refutar la afirmación que hizo este medio. Aseguró que la norma 9659/17 está en vigencia e instó a los ciudadanos a, “en caso de ver o sospechar que se están utilizando estos productos, tan nocivos para la salud de todos”, que “alerten a las autoridades pertinentes”. Aunque se olvidó de mencionar dónde y cuáles son las acciones que el Estado municipal llevará adelante en caso de que infrinja la norma. Más adelante se verá por qué. Y no es la única imprecisión en la que recae la edil oficialista.
“Al momento de ser promulgada por el Intendente Sergio Varisco se observó que existía una Ley Nacional que autoriza la venta de este tipo de productos, y una Ordenanza municipal no puede ir en contra de una Ley, por lo tanto se decidió vetar de manera parcial sólo ese artículo que trata de la comercialización, manteniendo todo lo demás donde figura que se prohíbe el uso y aplicación en todo el ejido de la ciudad”, aseguró Acevedo, y mintió como luego lo hizo Walter Rolandelli.
El intendente, vetó 6 artículos de una ordenanza que contiene 13. Teniendo en cuenta que el último es de forma, cabe preguntarse qué promulgó en realidad. Aunque el secretario de Legal y Técnica aseguró a los medios que difundieron su versión que “la ordenanza sigue vigente en su aspecto central”. Entonces, si se vetó lo intrascendente, ¿para qué se tomaron la molestia?¿Y por qué nos enteramos ahora y no en los últimos días de diciembre, cuando fue firmado el decreto?.
Varisco no promulgó, como se animaron a titular algunos optimistas que ante un vaso medio vacío lo ven repleto, sino que vetó la mitad de la ordenanza que pasó de ser una de las más restrictivas en cuanto a la utilización del herbicida, que parece ser el causante de una serie de estragos en la salud de las personas, a una mera declaración de intenciones.
Para no caer en tales incorrecciones, este cronista procuró desde diciembre hacerse de la documentación e información que diera cuenta del derrotero de la ordenanza que, como se dijo, contradecía valientemente la línea del Gobierno nacional en cuanto al uso de agroquímicos, expresada con brutal claridad por el ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, y sostenida también, aunque de forma más discreta, por el de Medio Ambiente, Sergio Bergman; poniendo por encima de los intereses económicos empresariales, la salud de las personas, y resguardando a los paranaenses ante la posible aprobación de una Ley provincial que, entre otros puntos, acerca peligrosamente las fumigaciones a las zonas urbanizadas. Al momento de publicar la nota “Varisco vetó la ordenanza que prohibía el glifosato en Paraná”, solo obtuvo información que decía, Varisco vetó la ordenanza. Luego de la publicación basada en esa información, este cronista, finalmente obtuvo la documentación que venía solicitando desde diciembre. Y se sorprendió.
El Decreto que lleva la firma del intendente de Paraná, deroga artículos sustanciales y deja sin peso alguno la prohibición.
“Vétese parcialmente la Ordenanza citada en el artículo precedente, comprendiendo este veto los Artículos 1°, 5°, 6°, 7°, 8° y 12°”, expresa la decisión del titular del Ejecutivo Municipal, firmada el pasado 21 de diciembre de 2017.
De esa poda dispuesta por el intendente Varisco, queda que sólo se prohíbe la fumigación aérea, una práctica que está siendo dejada de lado, principalmente en cercanía de los poblados, por los propios agricultores, por una relación costos beneficios negativa, frente a la utilización de los denominados Mosquitos que han ido ganando terreno rápidamente.
El uso de los tractores especiales con aspersores a ambos lados (mosquitos) es más práctica, efectiva, y menos costosa, se pierde menos producto y, además, genera menos alarma en la población, ya que no son tan visibles como la avioneta. Es decir, prohíbe una práctica que de hecho los productores han ido abandonando por conveniencia. Sin embargo, los químicos están más concentrados en la fumigación con mosquito. El uso de estas maquinarias, cabe mencionar, es el que ha servido a los legisladores provinciales para achicar la distancia permitida entre el predio en que se aplica el agroquímico y el poblado o escuela, en el proyecto de Ley que ya cuenta con media sanción del Senado y ahora deberán analizar los diputados.
Mediante el veto en cuestión, se eliminó el punto que determinaba las responsabilidades ante la infracción (Art. 5°). En el texto original se consideraba responsables directos quien se beneficie con la aplicación del glifosato (dueño, arrendatario u otras formas de uso de la tierra), quien lleva adelante la fumigación (empresa dueña de las maquinarias y operarios) y solidariamente responsables a los propietarios del terreno en que se haya realizado dicha acción.
El Artículo 6°, suprimido por el veto del Intendente, facultaba a cualquier persona, entidad y a la Defensoría del Pueblo a denunciar, solicitar información y requerir la intervención de las autoridades ante la detección de una infracción.
Además, se elimina el esquema de multas, por lo que no queda claro cual será el reproche que se realizará a quien infrinja la prohibición de fumigar glifosato con avioneta dentro del ejido municipal. De no especificarse en la reglamentación, sólo sería una apelación a la buena voluntad del productor. Por último, se elimina el artículo que proponía la inclusión de las sanciones determinas en la ordenanza al código de faltas, que es subsidiario del anterior. Si no hay multa, no hay nada que incorporar al código; y el artículo 12°, en el que, con buen criterio, se convidaba a los municipios comprendidos en el Área Metropolitana a sancionar normas similares.
En cuanto a las sanciones que Varisco vetó en la ordenanza, cabe mencionar que se establecían multas para las primeras y segundas reincidencias. En el caso último, es decir, un infractor reincidente, debía pagar el equivalente a 50 mil Unidades de Multa (UM), más el decomiso de las maquinarias, productos y herramientas. La UM equivale a 1 litro de nafta súper, por lo que, al precio actual de 23,57 pesos, esa multa superaría el millón de pesos.
Como se desprende del análisis, el veto parcial del Ejecutivo local sí tocó aspectos sustanciales de la norma aprobada de manera unánime por los concejales en la sesión del pasado 30 de noviembre de 2017, convirtiéndola, como suele decirse, en letra muerta. Y si dejó algunos artículos que redundan en regulaciones ya contempladas en leyes provinciales y nacionales, como prohibir el descarte de la basura resultante de las fumigaciones y otras más por el estilo, da la sensación de que sólo lo hizo para evitar pagar el costo político de la decisión, puesto que anular exactamente la mitad de los artículos de la Ordenanza, es vetarla, aunque de forma solapada.