Siguen sin respuestas los contratos de obra en el Ministerio de Desarrollo Social

El porcentaje adeudado de las liquidaciones de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre para trabajadores estatales de la cartera provincial no se abonará este mes. En la Secretaría de Cultura y Turismo ya fue regularizado el pago de la adenda.

Como informó Agenda Abierta, el Gobierno provincial adeuda un valor relevante de los salarios de los últimos cinco meses del año pasado a los contratos de obra, la forma más precaria de relación contractual que utiliza el Estado. La situación irregular se da específicamente en el Ministerio de Desarrollo Social, donde sus trabajadores descartan incluso el pago durante este mes, atravesado por el silencio oficial de la cartera que conduce Laura Stratta. Por su parte, la Secretaria de Turismo y Cultura, Carolina Gaillard, salió rápidamente a dar explicaciones luego de la publicación de una nota de este portal y adelantó que se regularizó el abono de la adenda al sector.

Entre los diversos ejes abordados en las negociaciones paritarias en la segunda mitad del 2017, el piso, es decir el salario mínimo, emergió como uno de los temas relevantes. Su discusión dejó como principal conclusión el compromiso del Ejecutivo provincial de llevar ese valor a los 12 mil pesos mensuales. Mientras para quienes se encuentran en situación de planta permanente la reparación fue casi automática, para la modalidad contractual denominada “de obra”, la más precaria en sus formas, la decisión involucró la necesidad de una adenda que garantice el dinero que se origina en la diferencia entre el valor establecido por contrato y los 12 mil pesos actuales. Ese proceso fue más rápido en algunos ministerios, mientras que en el Ministerio de Desarrollo Social aún se adeudan. Incluso, en la cartera conducida por Laura Stratta se denuncia que los expedientes podrían reiniciarse.

Luego de la información difundida por Agenda Abierta, las repercusiones fueron inmediatas. Gaillard, en diálogo con APF, explicó que asumieron «hace poco más de un mes».  Precisó que están haciendo «un reordenamiento administrativo porque se han fusionado dos carteras; así que estamos resolviendo cómo se unifica toda la parte contable administrativa”. Destacó durante su esposición, días pasados, que “están en proceso de cobro las adendas, que son modificaciones de los contratos que se han suscripto con los agentes que trabajan en el Ministerio de Cultura de Cultura para incrementar los montos”. Las declaraciones fueron un gesto que vale, si se compara con el silencio del Ministerio de Desarrollo Social sobre el incumplimiento de lo acordado en las paritarias del segundo semestre del año pasado. No obstante, en la nota se anuncia de modo textual que «tras acotar que se enteró del reclamo de estos trabajadores por una nota periodística, Gaillard señaló que lo adeudado se paga de una sola vez». Esto último, vale decirlo, es cierto en parte ya que trabajadoras y trabajadores de Cultura realizaron un pedido de audiencia formal, jamás contestado, con fecha de 12 de diciembre.

En contexto

El contrato de obra es una problemática estructural. Una deuda del Estado que contrata a personas por un año para un proyecto específico cuando en la mayoría de sus casos sólo se trata de trabajadores de planta a los que se los somete a formas contractuales precarias ante la supuesta falta de presupuesto para establecer la estabilidad del empleado. Vale añadir que esta modalidad de contrato no incluye vacaciones ni aguinaldos y que al renovarse cada año muchas veces los primeros meses recién se cobran entre abril y junio. Actualmente hay personas con ocho años en esa relación contractual, sin ningún respaldo que su propio trabajo.

La problemática en el Ministerio de Desarrollo Social es compleja. Los contratos de obra aún no fueron convocados para la realización de la respectiva factura de las adendas. En un escenario en el cual la renovación de los contratos (o mejor dicho el trámite de un nuevo contrato) demora algunos meses, y los cobros de los meses de enero a marzo casi siempre se liquidan entre abril y mayo. Los números no cierran en las arcas provinciales, pero menos en el bolsillo de sus trabajadores.