Los fiscales Cánepa y Yedro pidieron la remisión a juicio de la causa que se sustancia bajo la caratula «Aguilera Juan Pablo y otros – Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública».
Este jueves, la Procuración General del Ministerio Público Fiscal de la provincia informó que los fiscales Alejandro Cánepa y Patricia Yedro, dieron por concluida la Investigación Penal Preparatoria (IPP) en el Legajo que se sustancia bajo la carátula Aguilera Juan Pablo y otros – Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y otros, por lo que solicitaron la remisión de la causa a juicio. Es en relación al supuesto direccionamiento entre 2010 a 2015, de 24.204.918,69 pesos por parte del ex gobernador Sergio Daniel Urribarri y el ex ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez, en contrataciones de campañas publicitarias en vía pública a empresas vinculadas a Juan Pablo Aguilera, quien era funcionario público provincial y familiar del exgobernador”.
También están imputados en esta causa Corina Cargnel, Jesús José María Bustamante, Hugo Montañana y Gustavo Tamay, como partícipes primarios, y Luciana Almada, Emiliano Giacopuzzi, Alejandro Almada y Maximiliano Sena, como partícipes secundarios.
La acusación sostuvo que “las empresas TEP SRL y NEXT SRL absorbieron la casi totalidad de la publicidad en vía pública del Estado Provincial, la que se otorgaba desde el Ministerio de Comunicación a cargo de Báez de manera directa y por vía de procedimientos de excepción. También, que otras empresas vinculadas comercialmente a las referidas, como J. M. Bustamante Publicidad y Montañana Publicidad, fueron beneficiadas con idénticos contratos y pautas publicitarias, las que –a su vez– redundaban en beneficio de las empresas de Aguilera a través de un sistema de retornos de dinero que terminaba en sus manos”.
Fiscalía consideró probado a través de una pericia realizada por el cuerpo de peritos calígrafos del STJ, que “existe un gran número de campañas publicitarias fictas, pues los trabajos contratados por el Estado no se llevaban a cabo en las condiciones pautadas, o bien se utilizaba con fines proselitistas, pero se rendía a través de fotomontajes que pretendían acreditar su cabal cumplimiento”.
Fueros
Los fiscales solicitaron al juez de Garantías que pida a la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia el desafuero de los diputados Urribarri y Báez, para permitir su juzgamiento, conforme a lo previsto en el artículo 115 de la Constitución Provincial. No obstante, el diputado Baez, investigado por un supuesto delito, no se amparó en los fueros legislativos y se presentó a prestar declaración ante los fiscales. También renunció a la presidencia de la Comisión de Juicio Político y Procedimientos Constitucionales para no obstaculizar el proceso judicial.
Fuente: El Diario