Escasa repercusión del Decreto contra el nepotismo en Cambiemos de Entre Ríos

En Paraná, el intendente Varisco tiene prácticamente a toda su familia en la estructura del Estado; más discreta es la situación de la viceintendenta Josefina Etienot, aunque no así la de su compañero en el PRO, Emanuel Gainza. Los hermanos Etchevehere, no acusan recibo.

La decisión del Presidente Macri de prohibir por decreto que los funcionarios de primera y segunda línea del Ejecutivo contraten a sus familiares o haya familiares directos ocupando cargos de relevancia, tuvo eco en tan sólo uno de los 29 municipios entrerrianos gobernados por Cambiemos.

Domingo Maiocco, intendente de Victoria, aceptó la renuncia de tres funcionarios. Se trata del asesor letrado adjunto, Cristhian Maiocco, hijo del mandatario; la presidenta de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Municipal, Verónica Torrigiani, pareja del intendente; y la coordinadora de Discapacidad, Claudia Palmero, esposa del titular de la oficina de Anses en Victoria, Gastón Bagnat.

Nadie más, ni los funcionarios nacionales oriundos de Entre Ríos, como el caso de los hermanos Etchevehere, se plegó al ejemplo. Amén de que se trató de un intento por dar un golpe de efecto en la opinión pública y así comenzar a revertir o detener la vertiginosa caída de la imagen positiva de la gestión que encabeza Mauricio Macri, a nivel nacional, en algunos ámbitos municipales y provinciales hubo respuestas, al menos desde lo simbólico.

No fue el caso de Paraná, donde el titular del Ejecutivo Municipal, Sergio Varisco, tiene a casi toda su familia formando parte del Gobierno. Su madre, Magda Mastaglia, es Secretaria de Cultura, y su gestión ha sido muy cuestionada por amplios sectores de la comunidad, sin embargo, permanece en su cargo y la cruzada antinepotismo de Macri no logró siquiera despeinarla.

Humberto Varisco, es hermano del intendente y funcionario Municipal, asesor externo, corrigen para justificar su permanencia. También la hija del intendente tiene un papel relevante dentro de la estructura de Gobierno, Lucía Varisco forma parte de la Secretaría de la Presidencia y tiene mucha influencia dentro de la gestión. A su vez, su novio, Francisco Avero es el Fiscal de Estado, un área de suma relevancia en el municipio paranaense.

El principal argumento para eludir el decreto del Presidente, es que todos son militantes, lo cual es cierto y sabido por los vecinos de la ciudad, pero no fue ese sino el haber accedido por concurso el único requisito para ser excluido de la limpieza de familiares declamada por el Gobierno nacional. Ninguno lo hizo, claro está.

Hasta ahora, la medida presidencial tuvo como único efecto una ruptura amorosa, puesto que desde el Gobierno local aseguran que Lucía Varisco y Avero, ya no son novios, por lo que no serían alcanzados por el Decreto, de imitar el Intendente el ejemplo de Macri.

Eso en lo que respecta al ala radical de la Alianza Cambiemos en Paraná, cuyo apego al lineamiento trazado por la cúpula nacional es táctico y por ende flexible. Sin embargo, a quienes más incomodos la decisión de Mauricio Macri, es a los que ingresaron a la gestión desde el PRO, directamente alineados con el presidente y de quienes mayor compromiso con sus determinaciones se puede esperar, por controvertidas estas que sean.

La viceintendenta, presidenta del Concejo Deliberante de Paraná y autoridad partidaria del PRO en Entre Ríos, Josefina Etienot, tiene a su hermana, Agustina Etienot, en la presidencia, es su secretaria privada, quien lleva su agenda; también una amiga de la infancia, Mercedes Cabral, ocupa un lugar dentro de la estructura de la presidencia del HCD paranaense. Y lejos están, parece, de abandonar sus puestos en pos seguir la iniciativa del Ejecutivo nacional.

En esa línea, y tal vez, más escandalosa es la situación del concejal Emanuel Gainza, quien tiene injerencia directa en la Secretaría de Relaciones Institucionales de la Municipalidad, donde se concentra la mayor cantidad de militantes cercanos al joven edil. Allí fueron contratados la suegra de Gainza y su íntimo amigo, Estela Boeykens y Maximiliano Rodríguez Paulín. Información que salió a la luz cuando una de las compañeras de Gainza denunció que había sido contratada por esa área y cuando cobró se le informó que debía aportar parte del sueldo al espacio comandado por el joven representante del PRO.

Sin embargo, el caso de mayor peso de entrerrianos integrantes de Cambiemos que hicieron caso omiso a la invitación de Mauricio Macri de sumarse a su ejemplo de limitar el nepotismo en la estructura del Estado es el de los hermanos Etchevehere, Juan Diego y Luis Miguel. El primero es presidente del Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER) y delegado en Entre Ríos del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), es decir, un funcionario de segunda línea; en tanto que, como se sabe, Luis Miguel, es el actual Ministro de Agroindustria de la nación.

Los hermanos no han dado seña de haberse enterado del Decreto de Mauricio Macri, mucho menos de plegarse a esa decisión o argumentar públicamente su posición. Luis Miguel, además fue uno de los funcionarios, junto a Jorge Triaca, que con su accionar llevó a la erosión de la imagen positiva y la confianza en la gestión Cambiemos a nivel nacional y provocó la encerrona ante la cual el Presidente debió responder con una decisión que expuso una situación difícil de digerir para su electorado y abrió una grieta dentro de la fuerza política que conduce. Tan así que la propia Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción, área que debe velar por la transparencia de los actos de gobierno, amenazó a una periodista del diario Perfil para que no se difunda que su hermana, Soledad, también es funcionaria.

El escándalo protagonizado por el Ministro de Agroindustria, tras saberse del cobro del bono de 500 mil pesos de parte de la Sociedad Rural, incurriendo en una clara violación a la Ley de Ética Pública, sólo fue opacado por otro mayor, el del Ministro de Trabajo, Jorge Triaca, que tenía una empleada en negro, a quien despidió sin causa, de forma violenta, y ahora enfrenta por ello una demanda por 4 millones de pesos. En el medio, Luis Miguel Etchevehere tuvo que digerir otro papelón devolviendo los 500 mil pesos. Su nombre volverá a estar en los medios periodísticos pasada la segunda quincena de febrero, cuando deberá presentarse ante la justicia entrerriana para prestar declaración indagatoria en la causa que lo investiga por delitos económicos de los que fue denunciado por su hermana Dolores.