El Gobierno provincial adeuda liquidaciones de agosto a trabajadores del Estado

El Ejecutivo entrerriano aún no pagó parte de los sueldos de los últimos cinco meses del año pasado a trabajadores con precaria relación contractual. Era parte del acuerdo paritario 2017.

El Gobierno provincial adeuda un porcentaje relevante en las liquidaciones de los sueldos de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año pasado a trabajadores estatales. La situación más atrasada aparece en los Ministerios de Desarrollo Social y el casi inexistente Ministerio de Cultura y Comunicación, ya que en otras carteras han sido abonadas. Ese monto fue uno de los puntos acordados en paritarias entre el Ejecutivo, la Unión del Personal Civil de la Nación y la Asociación de Trabajadores del Estado. Los contratos de obra, los más afectados.

Entre los diversos ejes abordados en las negociaciones paritarias en la segunda mitad del 2017, el piso, es decir el salario mínimo, emergió como uno de los temas relevantes. Su discusión dejó como principal conclusión el compromiso del Ejecutivo provincial de llevar ese valor a los 12 mil pesos mensuales. Mientras para quienes se encuentran en situación de planta permanente la reparación fue casi automática, para la modalidad contractual denominada «de obra», la más precaria en sus formas, la decisión involucró la necesidad de una adenda que garantice el dinero que se origina en la diferencia entre el valor establecido por contrato y los 12 mil pesos actuales. Ese proceso fue más rápido en algunos ministerios, en un tiempo cercano a cinco meses de demora, mientras que en los Ministerios de Desarrollo Social y Cultura y Comunicación aún se adeudan. Incluso, en la cartera conducida por Laura Stratta se denuncia que los expedientes podrían reiniciarse.

El contrato de obra es una problemática estructural. Una deuda del Estado que contrata a personas por un año para un proyecto específico cuando en la mayoría de sus casos sólo se trata de trabajadores de planta a los que se los somete a formas contractuales precarias ante la supuesta falta de presupuesto para establecer la estabilidad del empleado. Vale añadir que esta modalidad de contrato no incluye vacaciones ni aguinaldos y que al renovarse cada año muchas veces los primeros meses recién se cobran entre abril y junio. Actualmente hay personas con ocho años en esa relación contractual, sin ningún respaldo que su propio trabajo.

En esa línea, hace bastante se viene hablando de pases a planta. Se habla de miles de lugares como reconocimiento a los años de servicio. Lo cierto es que técnicamente el número de plantas no excederá los 150 nombres. El resto sólo tendrá un compromiso de estabilidad, como un espacio intermedio entre la planta y el contrato de servicio, otra de las modalidades utilizadas por el Estado en sus distintas variantes nacional, provinciales y municipales. Ese anuncio en Entre Ríos sobre pases a planta apareció de la mano con un instructivo, discutido con los sindicatos, sobre el proceso para esos nombramientos. Esos 150 nombres tendrán como prioridad a todos los nombres que ya tienen el compromiso estatal de estabilidad por años. El sobrante será para los contratos de servicio, aunque las «vacantes», por decirlo de alguna manera, que este corrimiento genera no serán ocupados por contratados de obra sino que quedará a la discreción del Ejecutivo.