Distintas organizaciones conformaron un Comité de perseguidos políticos por la lucha Mapuche

El pasado viernes, comunidades mapuche, organizaciones sociales, de derechos humanos, de mujeres, niños y adolescentes, ambientalistas, instituciones educativas, académicos y comunicadores, emitieron el pronunciamiento del Comité ante los atropellos del Estado.

El pasado viernes 23 de febrero, un amplio arco de actores sociales emitió el primer comunicado del Comité de Perseguidos Políticos por la Lucha Mapuche, conformado frente a lo que identifican como “una actitud permanente de intolerancia política, ideológica, cultural, filosófica contra el Pueblo Nación Mapuche” de parte del Estado argentino.

Según consta en el documento, esa intolerancia se manifiesta “mediante políticas discriminatorias, violación de Derechos Humanos, brutalidad policial, prisión, exterminio, terrorismo, asesinato extrajudicial, tortura, desaparición forzada y judicialización contra mapuche y/o militantes sociales”. El espacio político, “busca frenar esta nefasta avanzada racista y xenofóbica”, señalaron.

Desde la llegada de Cambiemos al gobierno nacional se ha dado una inusitada agresión hacia los mapuche que se ubican hacia el sur del país y cuya situación hasta ese momento era prácticamente desconocida para la gran mayoría de la población. La muerte de Santiago Maldonado en medio de una represión a la comunidad Pu Lof, en Cushamen y luego el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel, pusieron sin escalas la temática en el centro del debate. Con el paso del tiempo, como suele suceder, la cosa pasó a segundo plano, pero lo cierto es que estos hechos aún siguen rodeados de muchas preguntas.

Recientemente se supo que se analizarán documentos de identidad de distinto tipo para compararlo con el de Maldonado, que tras meses de estar sumergido en el agua conservaba un llamativo perfecto estado. Es decir, esa causa sigue abierta, al igual que la que investiga las circunstancias del asesinato de Nahuel, en el marco de otra represión y desalojo, esta vez de parte de prefectura, de un asentamiento en la zona del Lago Mascardi, en Bariloche.

La estrategia del Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich fue alarmante. La ministra declaró que el beneficio de la duda está del lado de las fuerzas represivas y el corolario de ese discurso fue la recepción y virtual condecoración del policía Chocobar, de parte del presidente Macri. A los pocos días la justica confirmó el procesamiento del efectivo acusado de “homicidio agravado por la utilización de un arma de fuego en exceso en el cumplimiento de un deber”. El alcance de los efectos de esta nueva doctrina en la aplicación de la violencia estatal aún no se puede establecer, pero ya ha producido una serie de asesinatos en lo que va del año, en caos que se denominan de gatillo fácil.

El Comité conformado el pasado viernes, atiende a esta nueva situación, y se conforma por perseguidos políticos por la causa mapuche, comunidades mapuche, organizaciones sociales, organismos de derechos humanos, de la mujer, de niños y adolescentes, organizaciones ambientalistas, instituciones educativas, académicos y comunicadores.

La organización, en su primer pronunciamiento manifestó “un incondicional apoyo al Lonko Weichafe Facundo Jones Huala, preso político mapuche, detenido ilegalmente por el Juez Federal Gustavo Villanueva, responsable además del asesinato del weichafe Rafael Nawel yem”, señala el texto.

En ese sentido, se menciona que “el lonko Facundo Jones Huala fue detenido por Gendarmería Nacional el 27 de junio de 2017 y desde ese entonces ha estado impedido de su libertad por razones políticas. La justicia argentina volverá a juzgar su extradición por segunda vez este miércoles 28 de febrero”.

La causa por la que será analizada su extradición ya fue juzgada y Jones Huala, fue dejado en libertad al dictársele la falta de mérito y comprobarse el falso testimonio de uno de los principales testigos que lo incriminaban de una serie de delitos.

Desde el Comité de Perseguidos Políticos por la Lucha Mapuche, consideran que “el juez Villanueva y el aparato político que lo respalda y presiona, buscarán la forma de castigar al Lonko con sus leyes, para beneficiar a los intereses de los terratenientes, valiéndose de cualquier corrupta artimaña”.

Además exigen, como lo vienen haciendo desde hace tiempo, “la inmediata liberación y no extradición del Lonko Facundo Jones Huala”, al considerar que se lo detienen raxzones política. “Las ideas de un pueblo no se encarcelan, se debaten en un escenario político sin reprimir el ejercicio de la libertad de sus actores, porque la lucha mapuche que lleva adelante el Lonko es compartida por todo el Pueblo Nación Mapuche, porque él es una autoridad que responde por su Pueblo, un pueblo oprimido por el Estado Argentino y obligado a resistir para garantizar sus derechos”, plantearon.

“Parece resistencia pero se trata de la dignidad de un pueblo”, expresa el documento del Comité que a su vez sostiene que “si la justicia no libera al Lonko (Jones Huala), confirmará que sus palabras han hecho y hacen temblar la estructura del Estado construida sobre territorio indígena. Si él no es liberado, significa que se ha convertido en un fuerte disidente político que el Estado necesita castigar para conseguir el temor en el resto del Pueblo Mapuche”.

Por último, desde el Comité advirtieron que “lejos está el Estado de ejemplificar con el castigo, el Pueblo Mapuche se fortalece, crecen sus conciencias ante cada injusticia ejecutada por el Estado Opresor, renacen en sus venas la memoria ancestral y avanza cada vez más a su liberación”.