Lénico Aranda abrió un sumario administrativo a 20 trabajadores municipales para averiguar quién filtró un decreto a un periodista local. Repudios de bloques opositores y del Sindicatos de Obreros y Empleados Municipales.
El acceso a la información pública es un derecho de los ciudadanos a conocer las decisiones que toman las autoridades, sean nacionales, provinciales o municipales. En Entre Ríos, el derecho a la información pública está reconocida en el artículo 13 de la Constitución, y tiene su correlato en el artículo N° 186 de la Carta Orgánica de Municipios, Ley N° 10.027. Sin embargo, existen casos en los que este derecho no se respeta, ya sea por la acción deliberada de los funcionarios o por omisión.
En la ciudad de Diamante, gobernada por Lénico Aranda (Cambiemos), se dio una situación insólita: el Poder Ejecutivo abrió un sumario administrativo a 20 empleados municipales para averiguar quién filtró un decreto a un periodista local. El caso ya generó el repudió del bloque de concejales del Frente para la Victoria (FPV) y del Sindicatos de Obreros y Empleados Municipales.
El sumario sobre los municipales fue dispuesto por el jefe comunal a pedido de la contadora municipal Betiana Monesterolo, quien se quejó porque un periodista local difundió en Facebook la resolución N°820/17, del 5 de diciembre de 2017 en la que solicitó licencia sin goce de haberes.
El 24 de enero, el intendente firmó el decreto N°34/18 que dispone la apertura de una instrucción sumaria “a los efectos de deslindar responsabilidades del personal de planta permanente”. El sumario involucra a 20 empleados de cinco áreas del municipio, que intervinieron en el decreto de la licencia de la contadora: Contaduría, Dirección de Liquidaciones, Asesoría Letrada, Dirección de Administración de Personal y al Concejo Deliberante.
Asimismo, se designó como sumariante al secretario de Hacienda y Finanzas Municipales, Héctor Fabián Baroli, con la asistencia de la asesora legal del municipio. La decisión del intendente provocó una rápida reacción de la oposición y el gremio municipal.
Carlos Zapata, secretario general del sindicato de municipales, dijo que este jueves por la mañana presentaron una nota en la que solicitaron al intendente que anule el sumario. “Primero repudiamos el hecho y luego pedimos una audiencia para tratar el pedido de nulidad de este sumario”, señaló el dirigente.
“No encontramos fundamentos que digan que estos compañeros han cometido una falta y en el supuesto caso de que alguno haya mandado esa información a los medios, esto es información pública. No hemos encontrado falta alguna. Lo único que se hace con esto es desvirtuar el significado de una instrucción sumarial. Se genera una pérdida de tiempo de la Junta de Disciplina que puede estar abocada a otros reclamos del personal y también significa una pérdida económica para los compañeros que tienen que buscar abogado. Esas cuestiones evaluamos para manifestar nuestros repudios”, agregó Zapata.
En esa línea, el representante del personal municipal consideró que el caso es “insólito” ya que es “información pública”. “La verdad es inentendible. Lo triste es que el Departamento Ejecutivo haga lugar a esto”, cerró.
Por su parte, Silvina Decco, concejal del FPV, también repudió la decisión del Ejecutivo. “Se hace esta información sumaria para verificar quién tuvo la conducta de difundir el decreto. Repudiamos lo realizado por el Ejecutivo porque esto no es una conducta que implique una sanción, porque son actos que son públicos que puede tener acceso cualquiera, hasta los concejales”, dijo.
“A nosotros nos preocupa porque son veinte empleados que después les queda una mancha en el legajo por una situación que ni siquiera constituye una conducta sancionable. Esperamos que se revea esta decisión porque nos parece una persecución innecesaria a los empleados.”, agregó la edil opositora.
Al finalizar, afirmó que en Diamante no se cumple de forma cabal con la publicidad de los actos de gobierno. “El municipio tiene la página Web donde debería publicar el Boletín Oficial y ahí el municipio está incurriendo en la falta que se le quiere adjudicar a los empleados. El Boletín no se publica durante muchos meses y nosotros hemos hechos pedidos de informe sobre ese tema, porque precisamente no se puede acceder a esa información que debe ser pública”.
Fuente: Entre Ríos Ahora