Cambios en la traza del puente Paraná–Santa Fe aumentan el impacto socioambiental en la capital entrerriana

Agenda Abierta

El nuevo emplazamiento de la cabecera del puente que unirá ambas capitales provinciales eleva considerablemente el impacto que la obra tendrá sobre la costa de Entre Ríos. Hay alerta en los vecinos de la zona que se reunirán esta semana para analizar la situación.

Por Pablo Urrutia y Pablo Churruarín

Se conocieron detalles del nuevo emplazamiento de las cabeceras del puente que unirá las capitales de Santa Fe y Entre Ríos. Las tres alternativas que están siendo consideradas elevan notablemente el impacto social y ambiental que tendrá la mega obra, principalmente para la ciudad de Paraná.

El lugar elegido por los intendentes Sergio Varisco y José Corral fue al norte de las zonas urbanas de ambas ciudades. La ubicación estuvo precedida de un extenso debate, que se inició durante la anterior gestión, y una de las posibilidades planteadas por la consultora contratada por el gobierno nacional, desechada por la actual gestión, era situarlo al sur de ambas capitales. Finalmente, la traza del anteproyecto se situó al norte, por lo que en Paraná se afecta la zona de la Toma Vieja, donde existe un área natural protegida, el histórico complejo de piletas, el camping y un parque con una vista privilegiada al río. Sin embargo, a pesar de las inconveniencias de ese proyecto original, donde primó la postura de Santa Fe, el impacto no era tan grande ya que el emplazamiento proyectado era atrás del complejo municipal, en un área que no está utilizada.

Pero, a fines del año pasado la Dirección Nacional de Vías Navegables emitió un dictamen que obligó a revisar y modificar la traza original de la obra, según lo había establecido el anteproyecto inicialmente aprobado y dado a conocer en octubre de 2016. Esa observación hace necesario redefinir el lugar de emplazamiento de las cabeceras del puente. Las alternativas a las que tuvo acceso Agenda Abierta, realizadas por una consultora privada, implican transformar drásticamente toda la zona de la Toma vieja, que incluiría agredir el paisaje costero y expropiar buena parte de los terrenos privados que hoy le dan forma al barrio.

Esta situación se mantuvo en reserva hasta la semana pasada, cuando la Comisión Vecinal del barrio Toma Vieja solicitó una reunión con las autoridades locales. Allí, fueron puestos al tanto de la novedad que claramente los afecta y la información comenzó a circular a cuentagotas.

El año pasado, desde Agenda Abierta informamos que el puente Paraná – Santa Fe es un anuncio a futuro, con más publicidad que fondos para su realización. En aquella nota, señalamos que el Presupuesto Nacional 2018 aprobado en el Congreso, asignó tan sólo 1 millón de pesos para ese ítem. El mismo monto que se proyecta destinar durante el próximo año. De la lectura del Presupuesto y las proyecciones, se desprende que el 98% de los costos de la Mega Obra, que responde a un histórico reclamo de ambas ciudades, deberán afrontarlos futuros gobiernos.  De hecho, el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, había anunciado en marzo del año pasado que durante el 2017 se llamaría a licitación, pero todavía no se cuenta con el emplazamiento definitivo, por lo que la licitación demorará un poco más.


Desde el Gobierno local admiten que los plazos están desfasados de la realidad operativa, y lo que ahora les preocupa es cómo reaccionará la población a las modificaciones que en breve deberán anunciar.

El dictamen de la Dirección de Vías Navegables es determinante en su conclusión, manifiesta que no se puede construir el puente donde estaba proyectado, unos 100 metros aguas arriba del Complejo Toma Vieja y se debe realizar una variación hacia las torres de alta tensión, en la zona ubicada entre el complejo y el Túnel Subfluvial. El argumento de su inviabilidad es difícilmente refutable: en ese lugar, impide el paso y giro de las barcazas que permanentemente surcan el Paraná dando salida a la producción de las provincias del litoral hacia los puertos de ultramar, y río arriba, ingresando al territorio los conteiners de mercaderías con diferentes destinos, incluso a la República del Paraguay.

Por esas razones se proyecta el corrimiento de entre 600 metros de la traza original (alternativa 1), 700 metros (alternativa 2) y 1000 metros (alternativa 3), tomando la primera una parte del complejo Toma Vieja, la segunda un área natural protegida y las zonas urbanizadas aledañas, y la tercera una de las zonas más poblada del barrio, que también serán afectadas por las obras complementarias.

Alternativa 1 – Foto: Agenda Abierta
Alternativa 2 – Foto: Agenda Abierta
Alternativa 3 – Foto: Agenda Abierta

Como se desprende de las fotografías, las tres alternativas barajadas a un lado y otro de las líneas de alta tensión, tienen un alto impacto ambiental y social en su recorrida para llegar al Acceso Norte, que requiere la expropiación de una zona que ha tenido un importante crecimiento demográfico en los últimos años.

Por supuesto, los vecinos ya tomaron nota del negativo efecto que tendrá sobre el lugar que eligieron para vivir y de la posibilidad cierta de que deban abandonar los terrenos.

Reconociendo ese daño ambiental del proyecto y el conflicto que se generará con los vecinos afectados, el Ejecutivo local presentará una contrapropuesta a la Dirección Nacional de Vialidad y al Ministerio de Transporte de la Nación, solicitando se mantenga la traza original y se realicen adaptaciones al diseño del puente para permitir el paso de las barcazas, según informó el ingeniero Omar Ramos, Secretario de Proyectos Estratégicos de la Municipalidad de Paraná.

Antecedentes de la obra

La necesidad de contar con una conexión entre ambas capitales provinciales, diferente y alternativa al Túnel Subfluvial, que forme parte del corredor del Mercosur es de larga data. El primer acuerdo oficial tendiente a la concreción del puente se dio durante el gobierno de Sergio Urribarri, en Entre Ríos, y Antonio Bonfatti, en Santa Fe. Fue en el marco de la celebración de los 200 años de la elevación a villa de la actual capital entrerriana. En la firma de ese primer acuerdo estuvo presente, además de la intendenta Blanca Osuna, la presidenta de la Nación, Cristina Fernández.

Aquellos primeros pasos dieron lugar al debate en torno a la ubicación, un tema fundamental. Paraná pujaba porque la obra estuviera al sur de las zonas urbanas de ambas ciudades, entre la capital y Oro Verde, y de esa manera desviar el tránsito pesado que ingresa de las principales rutas interiores mediante la concreción de la Circunvalación de la ciudad. Santa Fe, prefería el norte. Con el cambio de gestión, el intendente Varisco dio lugar al pedido de su par santafesino, José Corral.

Si bien la obra es de carácter nacional y tienen incumbencia directa los gobiernos provinciales, el impacto lo absorben los municipios implicados por lo que su palabra en cuanto al destino final de la ubicación fue determinante. El acuerdo entre Corral y Varisco, dio pie al avance del anteproyecto, anunciado en 2016. Sin embargo, poco y nada se avanzó desde aquel momento a la actualidad. La licitación, prevista para el último trimestre de 2017, no fue llevada a cabo.

Cabe además señalar que dentro de los pasos a seguir, se hace necesario convocar a una Audiencia Pública, y allí se verá de qué modo los vecinos asimilan el impacto que tendrá, prácticamente hacer desaparecer el complejo municipal Toma Vieja, la zona declarada área natural protegida, que ya motivó el reclamo popular en el contexto de una obra de Enersa, y la expropiación de terrenos donde actualmente hay viviendas.

La preocupación de los vecinos

Los ciudadanos que habitan el barrio Toma Vieja ya están al tanto de esta situación que no sólo puede modificar el paisaje en el que construyeron sus casas, sino que además puede derivar directamente en la expropiación de los terrenos.

Como es de imaginar, la novedad no cayó bien y generó un rechazo casi inmediato de la Comisión Vecinal. Para profundizar la información con la que cuentan y empezar a plantear una posición en común al respecto, desde la Vecinal iniciaron la convocatoria a una asamblea para este viernes a las 19 en la escuela Maximio Victoria, situada en calle Ing. Jozami y Rondeau, donde se espera contar con la presencia del Defensor del Pueblo, Luis Garay.

Será el primero de una larga serie de encuentros en que se invitará a funcionarios para que den explicaciones al respecto y traten de buscar una solución que no afecte negativamente a la comunidad, y requerir la convocatoria a Audiencia Pública prevista en la legislación, necesaria para consensuar un proyecto de tal magnitud.

La Ley General del Ambiente (25.675) establece que toda persona tiene derecho a ser consultada y a opinar en procedimientos administrativos que se relacionen con la preservación y protección del ambiente (art. 19) y, para concretar ese derecho, la norma regula el deber de las autoridades para institucionalizar procedimientos de consultas o audiencias públicas como instancias obligatorias para la autorización de actividades que puedan tener efectos negativos sobre el ambiente (art. 20), haciendo especial énfasis en la participación ciudadana en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental y en los planes y programas de ordenamiento ambiental del territorio (art. 21).

En nuestra provincia hay sendos antecedentes en la materia: la definición del trazado de la  ruta 14, requirió una consenso pueblo por pueblo; el trazado de a tercer línea de 500 kv, cuando se repotenció la represa de Yacyretá, que atravesó toda la provincia de Entre Ríos; y la del emplazamiento de la estación transformadora de 500 kv en el norte de la ciudad.

El puente Paraná – Santa Fe, como se dijo al comienzo, es una obra planeada a largo plazo, con más anuncios que concreciones y que, sin lugar a dudas requerirá del debate y la participación de los vecinos para que no se convierta en una decisión unilateral de los gobiernos que sólo será aprovechada por los contratistas del Estado, sin tener en cuenta las necesidades de los ciudadanos.