Buenos Aires: 13 años de impunidad por la masacre de Magdalena

En 2005 la unidad 28 del penal de Magdalena se incendió y 33 presos murieron calcinados. La justicia absolvió a 14 de los 17 penitenciarios acusados de dejarlos morir.

María del Rosario Roma besa la cruz, sentada junto a otros 16 penitenciarios. Todos están acusados de haber dejado que 33 presos se murieran en el incendio de la unidad 28 del penal de Magdalena. Escucha a la secretaria del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 5 de La Plata decir:

– Veredicto absolutorio para María del Rosario Roma.

La mitad de la sala increíblemente estalla en una ovación y la otra, los familiares de las víctimas, queda desolada. Roma, la jefa de los carceleros, ahora libre, casi como heroína de la impunidad improvisa un discurso en la puerta del Tribunal:

– Los que apoyaron, creyeron en nosotros y en nuestra inocencia. A todos, gracias. Y a los que no vinieron gracias también porque ahora sé quiénes son.

Para los organismos de derechos humanos, Roma es una de las principales responsables de una de las peores masacres de la democracia. Después de doce años del incendio, la justicia absolvió a Roma y a otros trece penitenciarios. Los tres restantes, el director del penal, el jefe de turno y un guardia, fueron condenados pero recién el mes próximo conocerán el monto de la pena. Las víctimas tendrán que esperar a que empiece a moverse la causa que investiga las responsabilidades políticas, que recientemente fue desarchivada.

33 muertes evitables

En Sierra Chica, la Garza Sosa le llamaba “jefa”. La “Jefa Roma” también se codeaba con un grupo de presos pesados que cumplían condena en el penal de máxima seguridad, donde en 2000 habían protagonizado el motín más sangriento de la historia argentina. Cinco años después, Roma fue la única mujer penitenciaria acusada por la “Masacre de Magdalena” y el alma máter de una sentencia que dejó tres condenas y 14 absoluciones.

Cuando sonó la alarma el 15 de octubre en la Unidad 28 de Magdalena, la Jefa Roma se preparaba para una víspera de un día de la madre tranquilo. Tenía planes: comer canelones en Banfield en la casa de su madre. Hacía 15 años que estaba en el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y era la única mujer operativa, que manejaba armas y no papeles, en la cárcel que había alojado presos como Carlos Menem durante la última dictadura, Jorge Rafael Videla después del regreso de la democracia y Aldo Rico por atentar contra ella.

Roma agarró la escopeta y corrió para el pabellón 16 con otros penitenciarios que estaban de guardia. Dos presos se peleaban en espacio en el que convivían 58 detenidos. La irrupción fue violenta y desmesurada. Quince penitenciarios para controlar una pelea en un módulo de autodisciplina. Gritos. Perros. Veintiún disparos a menos de diez metros. Corridas. Fuego. “Engomá”, escuchó un preso. La puerta de chapa se cerró. Roma fue de las últimas en salir, declaró el jefe de turno. En menos de una hora, los cadáveres envueltos en mantas se amontonaban afuera del pabellón. La muerte sembrada en el pasto: 33 cuerpos que antes eran apilados en “módulos de bajo costo” construidos durante la gobernación de Felipe Solá ahora esperaban ser entregados a los familiares.

La Jefa

Roma no es parte del Servicio Penitenciario Bonaerense desde 2008. La jubilaron por incapacidad tres años después del incendio en el penal y dos internaciones psiquiátricas mediante. No podía dormir. Dice que todavía carga con los fantasmas de los 33 muertos y que toma pastillas. Tiene tatuado el uniforme en la piel pero pide a los jueces que se pongan en sus borceguíes y desprecia a sus jefes del SPB por haberlos dejado solos. Ella fue de las pocas que habló en el juicio: defendió los agentes del SPB ante los jueces Carmen Palacio Arias, Ezequiel Medrano y María Isabel Martiarena. También gritó y amenazó a la fiscal que los acusó. Es la jefa espiritual de los penitenciarios en el banquillo.

Crónica de una masacre

El humo nubló todo y llegó hasta el pabellón contiguo. En la retirada, los penitenciarios sacaron a 23 de los 58 presos del módulo 16. No había agua. Los matafuegos no estaban cargados. Los módulos habían sido inaugurados en 2003, en medio de una emergencia por la sobrepoblación de presos en cárceles y comisarías, sin las bombas que garantizaran la presión de agua necesaria en caso de un incendio. No tenían final de obra.

Pasaron alrededor de diez minutos desde el inicio del fuego hasta que unos guardias abrieron el pabellón 15: los detenidos golpeaban la puerta de atrás y pedían auxilio porque el humo también los sofocaba a ellos.

Afuera escuchaban los gritos de sus compañeros del 16. Un preso le dijo al tribunal que los penitenciarios no le abrían porque no tenían la orden del jefe de turno, que andaba por la ciudad. Roma dice que los videos muestran que la puerta de atrás la abrieron los penitenciarios. No es lo que sostienen los organismos que querellan en el caso. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ) sostuvieron que a la represión en el pabellón le siguieron las puertas cerradas y la inacción de los penitenciarios. Una llamada tardía a los bomberos y la decisión de privilegiar la seguridad del penal frente a la vida de los internos guió el accionar del SPB para los organismos y la fiscalía.

Para los organismos, el rescate lo asumieron los propios detenidos. Uno de los presos declaró en el juicio que recordaba las caras de los hombres del 16 aplastándose contra las ventanas laterales y un pedido: “No me dejes morir acá”.

– Salgan por atrás que somos los del 15.

Los presos rompieron las paredes del módulo 16 y armaron boquetes para rescatar a sus compañeros. También improvisaron un pasamanos con baldes, vasos y tuppers que llenaban con agua. Así lograron rescatar a tres. Uno salió por la puerta de emergencia. A otros dos los sacaron por los boquetes. Uno de ellos, Cristian Rey González, falleció a los tres días: fue la víctima 33 de la masacre de Magdalena.

En contexto

El incendio en Magdalena fue un hecho de violencia institucional, dijeron las abogadas del CIAJ en su alegato. El juicio que se extendió casi medio año mostró las dificultades de investigar estos hechos con imputados que siguen en actividad y con testigos que son integrantes del SPB o personas que continúan privadas de su libertad.

De los acusados, Roma y Núñez fueron jubilados por incapacidad. Reimundo Fernández, el jefe de turno condenado, está retirado. Daniel Tejeda, el pastor evangelista que era el director de la Unidad 28, también fue condenado como Fernández y está fuera de la fuerza. El resto de los imputados siguen vistiendo uniforme. En el proceso, hubo olvidos de los agentes que debían testimoniar sobre lo hecho por sus colegas y hubo casos de amenazas a internos que debieron narrar lo que vieron hacer – o no hacer – a las autoridades de la penitenciaría.

Durante la feria, la justicia decidió desarchivar — ante un pedido de los querellantes — la causa que debe investigar a los responsables políticos de la masacre. “Pedimos que se investigue a los que habilitaron los pabellones, decidieron el alojamiento de los detenidos en esos lugares y, por ende, a la jefatura del SPB y a las áreas del Ministerio de Justicia de la provincia vinculadas a la construcción de estos módulos”, explicó Caravelos.

Según el CELS, había 30.970 personas privadas de la libertad en 2005. Ocho de cada diez de los presos no contaban con sentencia firme. A diciembre de 2016, de acuerdo con el informe publicado el año pasado por la CPM, eran 38.681 las personas privadas de la libertad que se alojan en 20.071 plazas penitenciarias que no cumplen con los estándares en derechos humanos.

Fuente: Anfibia