El presidente no electo definió que el ejército se haga cargo de la seguridad. La oposición denunció «ocupación por motivaciones políticas». En el fondo del debate aparece la reforma jubilatoria.
Este jueves, Michel Temer ordenó la intervención militar en Río de Janeiro con el argumento de la lucha contra el crimen organizado. El decreto fue firmado en el Palacio de Planalto y rige hasta fines de diciembre cuando concluya su presidencia. La oposición criticó la medida oficial. Las trabas del Ejecutivo para el tratamiento de la reforma jubilatoria.
La intervención ya está en vigor, pero el decreto necesita ser aprobado por el Congreso Nacional para continuar valiendo. «El crimen organizado casi tomó el control» de Río y se ha convertido en «una metástasis que se propaga por el país y amenaza la tranquilidad de nuestro pueblo», afirmó Temer.
La intervención federal en el área de seguridad de Río es una medida inédita desde la restauración de la democracia en 1985.
Según manifestó el titular de la Cámara de Diputados Rodrigo Maia, la imposibilidad de debatir y aprobar la propuesta de enmienda constitucional (PEC) que modifica el sistema de jubilaciones obedece a que la Carta Magna no puede ser modificada cuando estuviera vigente una intervención federal, el estado de defensa o el estado de sitio.
La Cámara baja, anticipó, no votará hasta el lunes o martes próximos el decreto de intervención federal y el Senado solo lo hará un día después que esto ocurra.
Por su parte, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) en el Senado Federal, Lindbergh Farias, aseveró que la intervención federal en la seguridad de Río de Janeiro «representa un eufemismo para encubrir una ocupación con motivaciones políticas».
Mientras, en declaraciones a la TV247, el diputado federal del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), Glauber Braga, alertó que la restricción de derechos que se derivará de la medida afectará sobre todo a las comunidades !más vulnerables y solo creará una pseudo sensación de seguridad. Agregó que «Río, sostuvo el legislador, vive la ampliación de un estado de sitio».
Está claro que la intervención en los Estados, aunque prevista en la Constitución de 1988, supone una ruptura del orden democrático y su primera consecuencia será la vuelta de los generales al poder en la segunda mayor entidad federativa del país, indicó por su parte el periodista Alex Solnik. Además afirmó no percibir en la situación de la capital fluminense elementos que caractericen ‘un grave comprometimiento del orden público’ (lo cual justificaría la intervención), e instó a los legisladores a no aprobar la medida «que es el camino más corto para la dictadura».
Fuente: Prensa Latina, G1 y Telesur