La democracia encerrada

Desde Thomas Hobbes y John Locke a esta parte, las sociedades se asientan en un determinado contrato social. El poder del Estado en tiempos de paz social cobra su legitimidad en el cumplimiento de las diferentes cláusulas, en su mayoría tácitas, de ese contrato.

Por Pablo Urrutia.

Para utilizar una obviedad como ejemplo, no matar o el derecho a vivir, es una parte fundamental de ese contrato en el marco de las democracias que no es explicitado por ningún gobierno o partido en campaña. No devaluar, no quitar derechos adquiridos, no ajustar sobre los sectores más vulnerables, luchar contra la pobreza, sí pueden considerarse la parte escrita de ese contrato social aunque no se expliciten los programas. De hecho, esas parecen ser las clausulas proclamadas e incumplidas por el gobierno de la Alianza Cambiemos.

En la Argentina posPerón, previa lucha de los sindicatos anarquistas, el acceso al trabajo y a la estabilidad laboral con todos sus beneficios son una parte tácita del contrato que sostiene el orden social. En estos últimos días surgió claramente que un amplio sector de la población también considera parte del contrato, el acceso a una jubilación digna.

La Alianza gobernante a nivel nacional tiene altos niveles de aceptación en el segmento etario que está jubilado o pronto a jubilarse, niveles que parecen trastabillar luego de la aprobación en el Congreso de la primera etapa de la reforma previsional. Encuestadoras que trabajan para el Gobierno dan cuenta de una brusca caída en la imagen positiva del presidente Macri.

Pero otra de las cláusulas fundamentales del contrato social que sostiene nuestra recuperada democracia es el que permite a los representados ser representados por sus representantes. Y ese es uno de los aspectos que, a simple vista, aparece vulnerado a partir del avance de Cambiemos con su programa de reformas.

Que nos acostumbremos a que las sesiones en el Congreso de la nación y en las legislaturas provinciales, como sucedió en Buenos Aires, se realicen tras vallas custodiadas por un operativo represivo, mientras sostenemos que esto es una democracia, no es un buen síntoma de nuestra salud mental y cívica. En todo caso volvamos a discutir qué es la democracia y cuales sus niveles de calidad. Pero un ciudadano que está reclamando por sus derechos no está “jorobando” y por nada del mundo se merece “balas de goma en las piernas”. De alguna manera y por alguna razón, sindicatos, héroes de Malvinas, docentes, trabajadores, jóvenes, mujeres y jubilados, quedaron de ese otro lado de las vallas. Habrá que indagar, en clave democrática, las razones de esa segregación geográfica en las inmediaciones del Congreso –una relevante metáfora–, antes que los motivos particulares del hombre mortero o de los tirapiedras.

Es extenso e innecesario caer en un racconto o análisis discursivo de las toneladas de frases dichas en los medios hasta sepultar lo importante. Pero vale destacar una afirmación de entre tantas: desde el oficialismo y la prensa en línea, se cuestionó a los legisladores opositores por antidemocráticos y fascistas al impedir el desarrollo de la primera frustrada sesión; sin embargo, poco se detuvieron en que el Congreso ya estaba cerrado al pueblo, a la ciudadanía, principal sujeto de las políticas que allí se están delineando.

Entrar a discutir cual de las violencias es condenable y cual justificada, o mantenerse en el purismo de los modos, es un engaña pichanga, al igual que denunciar penalmente a los legisladores que le desparramaron los papeles a Emilio Monzó.

Pretender que la democracia actual involucione hacia un ideal esquema de pura representatividad en el cual los ciudadanos veranean de civismo durante dos años cada dos años, es inocente de mínima y autoritario de máxima. Muestra de ello son los perdigones de goma que marcaron los cuerpos durante las jornadas legislativas. Nadie que pretenda mantener su opinión en los marcos de la honestidad intelectual puede argumentar que sesionando a sangre y fuego se defiende la democracia y sus instituciones.

Un pacto no es lo mismo que un contrato social. Carece de las complejidades y alcances del segundo. El pacto fiscal fue entre dos partes, nación y provincia, y de alguna manera llevó a la colisión con el contrato social, si hay que reducir el gasto hay que bajar el empleo público, enfriar salarios recortar la inversión. Es decir, afectar las clausulas no escritas del contrato que los ciudadanos firmaron imaginariamente cuando concurrieron a las urnas.

Una vez aprobada la reforma previsional, en Entre Ríos se sacudió el tablero del PJ, confundido en la disyuntiva de sostener un gobierno peronista en la provincia que debe gestionar ante un gobierno en las antípodas de la doctrina a nivel nacional. Funcionarios, autoridades partidarias, y hasta los propios legisladores que levantaron la mano para deteriorar el futuro de los jubilados y los titulares de la AUH, hablaron de la extorsión de parte del Gobierno nacional. Es decir, sucumbieron frente a esa extorsión en que estaba amenazada ni más ni menos que la estabilidad democrática de las provincias, en nombre de la democracia. El rumor se tornó tan ensordecedor que el gobernador Bordet tuvo que cortar camino y golpear la mesa para proclamar que “acá no hubo ninguna extorsión”. Esas palabras, tendrán consecuencias a no tan largo plazo en el peronismo entrerriano.

Más allá de los intentos del gobierno nacional por justificar la represión en la violencia de grupos de izquierda ahora aliados o cercanos al kirchnerismo, puertas adentro se sabe que el impacto del paquete de reformas es extenso, tanto como el rechazo. Las intenciones de avanzar en la reforma laboral anticipan otro round. Desde Cambiemos, en parte, logran acordar con las cúpulas de los representantes de los trabajadores y ciudadanos, pero esos acuerdos producen el quiebre de esas representatividades tornando inestable el sistema. El desbande no es buena estrategia para la contienda, y se sabe, en la estampida, los que pagan las consecuencias son las mujeres, los niños, los ancianos.

El ambiente político y los medios del eje tratan de llevar el clima social a las temperaturas más amables de Villa la Angostura, pero para quienes deben seguir trabajando durante el verano, para quienes apenas pueden recurrir a la manguera para hacer más soportable la jornada, el calor es un castigo que se retroalimenta.

Hace varios años me tocó estar en la provincia de Corrientes como una especie de veedor de las elecciones a gobernador. Existe en esa provincia una tradición brutal que tuve el disgusto de conocer en persona. Le llaman el encierro. El día previo a la elección, se encierra literalmente a algunos votantes, aquellos de los sectores más excluidos que habitan en parajes perdidos, casi sin servicios. Se utilizan para el encierro galpones que algún estanciero pone a disposición de su candidato favorito, se les retiene a los encerrados sus documentos y al otro día se los traslada al lugar de votación donde se les devuelve el dni con la boleta que deben introducir en la urna. Durante ese encierro se les provee de comida y bebidas, no están allí, a su entender, en contra de su voluntad. Ningún encerrado, en su mayoría personas adultas con escaso o ningún nivel de instrucción, manifestó intenciones de denunciar la situación. Tal vez no viene al caso, pero en esas elecciones ganó el aliado del oficialismo nacional, Ricardo Colombi. Nadie discutirá que el resultado de esas elecciones se dio en el marco de la democracia formal.