El último episodio ocurrió la semana pasada en Peque, Antioquia, donde Wilmar Asprilla y Ángel de Jesús Montoya perdieron la vida tras un encuentro con la comunidad. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia exigen garantías al Ejecutivo nacional.
Va en ascenso el número de asesinatos a excombatientes de la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). De acuerdo con reportes de sus voceros, al menos 36 personas han muerto desde el comienzo de los acuerdos de Paz. El último episodio ocurrió la semana pasada en Peque, Antioquia, donde Wilmar Asprilla y Ángel de Jesús Montoya fueron asesinados.
La lista de ataques que se han estado presentando contra miembros de la nueva colectividad es larga. Hace dos días miembros de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, como se le conoce a la colectividad que surgió tras el desarme de la ahora exguerrilla, se movilizaban por una carretera de Arauca, cuando fueron atacados por supuestos disidentes de esa misma agrupación que no aceptan el acuerdo de paz. Ese mismo domingo, en el sur de Bogotá, fue agredida una joven de 23 años que pertenece al movimiento político. «Fue agredida por tres personas a las 11:30 de la noche. La golpearon y le mostraron fotos de otros compañeros”, explicaron voceros de la Farc. Según el relato que entregaron este martes, la joven fue abordada por dos hombres y una mujer que portaban subametralladoras y se desplazaban en una camioneta negra sin placas.
En ese sentido, los miembros del naciente partido denunciaron “amenazas de grupos paramilitares en contra de la militancia” y defensores de derechos humanos en la ciudad de Cali, y el asesinato de excombatientes en proceso de reincorporación en varias regiones del país. “Exigimos al Estado que actué consecuentemente con lo pactado en el acuerdo de paz y se brinden las garantías integrales para el ejercicio de un partido que le ha cumplido al país”, aseguró Sergio Marín, vocero del nuevo partido. Los hechos de agresión a la mujer de 23 años se presentaron este domingo y se dieron en la misma localidad donde la Farc, este 27 de enero, lanzará su campaña política.
Según reportes de la Farc, a la fecha se han presentado 49 hechos violentos contra excombatientes, familiares y nuevo militantes del partido. Cauca, Antioquia y Nariño son las zonas donde se han registrado más denuncias. “Mantenemos el acto político. Le exigimos al Estado y la Policía Metropolitana que tomen medidas pertinentes, porque un niño menor de edad está siendo hostigado para que la compañera no denuncie”, continuó Marín.
Como parte del seguimiento a las denuncias que se han venido presentando, este martes el vicepresidente, el general (r) Óscar Naranjo, participa en la presentación del decreto de alertas tempranas y protección a líderes sociales, junto al Ministerio del Interior, que se lleva a cabo en Cali.
Aunque para los expertos el “tema es muy serio”, eso no implica necesariamente que haya una estructura criminal detrás de los asesinatos. De ahí, la importancia de que las autoridades se muevan con mayor agilidad para descartar o no si hay un patrón en cada uno de los crímenes que se han reportado.
“El proceso con las FARC es un espejo para el ELN que genera incertidumbre y desconfianza”
El optimismo que despertó en septiembre el acuerdo de cese al fuego bilateral, nacional y temporal entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) parece ahora un vago recuerdo. Los acontecimientos se suceden en Colombia con tanta rapidez que interpretar la coyuntura siempre parece misión de adivinos. Por eso estos líderes sociales que se sientan con Juan Carlos Cuéllar, uno de los dos gestores de paz del ELN habilitados dentro del proceso de negociación, tienen muchas preguntas y ninguna es fácil.
El comandante Juan Carlos Cuéllar lleva años alimentando la posibilidad de una salida política al conflicto armado, primero desde la prisión de Bellavista (Bello, Antioquia) o como facilitador en acercamientos anteriores en Alemania, Venezuela o Cuba, ahora como gestor de paz en decenas de encuentros con organizaciones, académicos o políticos. Es de hablar pausado y de tono calmado, pero no oculta su preocupación por el momento que vive la Mesa de Quito. “La realidad es que el proceso [de paz] con las FARC es un espejo para el ELN y ese espejo genera incertidumbre y desconfianza. Nuestros mandos y combatientes ven cómo se ha vaciado de contenido la implementación de los Acuerdos de La Habana, les preocupa que haya una disidencia tan grande y, lo más importante, las razones de esa disidencia…”.
Los asistentes a este encuentro tienen muchas inquietudes y las primeras de ellas giran alrededor al final del cese al fuego bilateral, el 9 de enero, y a los ataques que realizó el ELN horas después y que fueron el argumento del Gobierno para suspender el inicio del quinto ciclo de conversaciones en Quito. “A pesar de la versión repetida en los medios, lo que ocurrió es que se terminó el cese y había acciones ofensivas muy fuertes del Ejército en los territorios donde opera el ELN y fue inevitable una reacción… pero el ELN probó durante los 101 días del cese su voluntad, todas sus estructuras cumplieron y respetaron el cese y el único incidente fue reconocido y asumido [se refiere al asesinato del líder indígena Aulio Isaramá en octubre]. No pasa igual con el Estado, que se niega siquiera a hablar de las violaciones de la Fuerza Pública al cese al fuego”.
El argumento del ELN, que repite Cuéllar, es que durante el cese al fuego el Ejército aprovechó para sacar partido militar y que eso hay que evaluarlo. Transmite a los asistentes que la organización guerrillera quiere un nuevo cese al fuego, “pero debe ser un proceso más serio, con protocolos claros, fruto del análisis de lo sucedido en estos tres meses, de cómo se logró o no el principal objetivo, que era el alivio humanitario en las comunidades”. También recuerda cómo, mientras el ELN cumplió con sus compromisos –no atentar contra infraestructuras, no realizar secuestros y no reclutar a menores-, el Gobierno no ha avanzado en ninguno de los tres puntos que le correspondían en los acuerdos firmados en septiembre: alivio humanitario para los presos del ELN, descriminalización de las formas de protesta social, medidas contundentes para evitar el asesinato de líderes sociales.
Fuente: Colombia Plural y Semana
