Violencia policial contra las trabajadoras sexuales

Un reciente informe de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (Ammar) sobre violencia institucional reveló que el 90 por ciento de las encuestadas sufrió algún tipo de maltrato policial durante el último año. 

Para cualquier persona estar parada en una esquina no es un delito, pero para las trabajadoras sexuales el solo hecho de estar en esa situación puede volverse un motivo de hostigamiento, requisas vejatorias, demoras y detenciones policiales.

Durante tres meses de 2017 AMMAR, el Sindicato de Mujeres Meretrices de la Argentina, realizó una encuesta donde relevó 363 testimonios para conocer el panorama de la violencia institucional hacia las trabajadoras sexuales. Casi un 80 por ciento de las encuestadas en Constitución, Flores y Once fueron cuestionadas por las fuerzas de seguridad solo por estar paradas en una esquina. Del total de las trabajadoras sexuales de modalidad calle entrevistadas, un 90 por ciento admitió haber sufrido algún tipo de maltrato durante el último año.

La mayoría aseguró haber sido detenida o demorada durante 2016. Ninguna tuvo una causa judicial posterior. Desde AMMAR crearon dos herramientas para contrarrestar esta violencia: la PUTYSEÑAL, un app para el celular que orienta en situaciones de acoso policial, y la Línea Roja, una línea telefónica gratuita que recibe las denuncias de violencia institucional.

“En los últimos dos años hubo un aumento de la violencia institucional”, aseguró en la presentación de los resultados el último 6 de diciembre, Georgina Orellano, Secretaria General AMMAR Nacional.

Ella, junto a otras dos trabajadoras sexuales, Sofía Escudero y Sofía Tramayzagues, hicieron públicos los resultados en una merienda con periodistas en la CTA de los y las trabajadores. Además de compartir las principales conclusiones, hablaron sobre la importancia de que la recolección de los datos haya estado a cargo de trabajadoras sexuales.

Todo el relevamiento quedó sistematizado en el estudio “Una mirada hacia la relación entre las fuerzas de seguridad y las trabajadoras sexuales en nuestro país”. Se trata del primer informe nacional sobre violencia institucional hacia trabajadoras sexuales en Argentina.

El estudio fue realizado junto a la Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe (RedTraSex), de la que AMMAR es parte. Es un informe regional que incluye a 13 países de América Latina. En total fueron encuestadas 5222 mujeres de Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Honduras y Argentina.

En la mayoría de los países, los resultados fueron los mismos niveles de violencia estatal con excepción de Honduras: en el último tiempo aumentó la violencia y hubo más asesinatos de trabajadoras sexuales.

La situación legal en Argentina

En la Argentina el trabajo sexual es legal pero no está regulado. Entonces, una serie de leyes y normativas hacen que el contexto actual afecte directamente el ejercicio de esta actividad y exponga a las trabajadoras sexuales a mayor vulneración de derechos.

Casi un 80 por ciento del total de las encuestadas dijeron haber sido detenidas/demoradas por las fuerzas de seguridad durante 2016. Este porcentaje representa 276 mujeres, lesbianas, travestis y trans trabajadoras sexuales que sufrieron demoras arbitrarias, de las cuales ninguna tuvo una causa judicial posterior. Estas acciones no son solo hechos que perturban el trabajo sino que son detenciones que quedan archivadas en formas de actas en las comisarías. “Detenciones totalmente ilegales”, explicó Orellano en la presentación de los resultados. Dar a conocer estos datos permite tener un panorama sobre cómo la violencia estatal se despliega sobre los cuerpos de las trabajadoras sexuales porque se trata de información que no queda registrada en otro lugar.

Casi un 50 por ciento de las demoras fueron por averiguación de antecedentes. Las detenciones en un 50 por ciento son de entre 12 y 48 hs. A su vez, un 60 por ciento de las entrevistadas fueron amenazadas verbalmente por las fuerzas de seguridad al ser interrogadas, el 58 por ciento fueron increpadas con la solicitud de sobornos para no ser trasladadas o que se les labre un acta contravencional. Un 73 por ciento declaró haber sido tratadas con un lenguaje inapropiado, lo cual implica referencias a su condición laboral o de género a modo de estigma. Y un 70 por ciento fueron tratadas de “putas” de modo despectivo, utilizando este término como condición de discriminación.

El informe también hace mención a la xenofobia y racismo de la violencia estatal: las trabajadoras sexuales migrantes, que representan un 41 por ciento de las encuestadas, denunciaron persecusión y acoso con agresiones verbales, xenófobas y racistas por parte de la policía. Al mismo tiempo, los procesos de requisa siempre son más violentos con las trabajadoras sexuales trans.

Un dato que refleja la situación de vulnerabilidad de las trabajadoras sexuales es que el 33 por ciento de las encuestadas no supera los estudios primarios, y si a ello le sumamos aquellas que no completaron el secundario estamos hablando de un 60 por ciento de la muestra.

Desde AMMAR se crearon dos herramientas para contrarrestar la violencia institucional: la PUTYSEÑAL, un app para el teléfono celular que es abierta al público en general y que prevé desde manuales de procedimiento ante situaciones de acoso y violencia por parte de las fuerzas de seguridad hasta un botón de alerta a un grupo de abogadxs militantes. Y la Línea Roja, una línea telefónica gratuita de denuncia de situaciones de violencia institucional por parte de la policía. Durante el período que va de septiembre de 2015 y a septiembre de 2016 se recibieron 47 denuncias, de las cuales el 81 por ciento fue por violencia institucional y el 19 por ciento restante, por vulneraciones de derechos en general.

El reclamo de AMMAR se centra en la derogación de los códigos contravencionales que penalizan por trabajar en la vía pública y todas las normativas que penalizan la promoción de los servicios sexuales. Además, pide una normativa que regule el trabajo sexual autónomo y proteja su ejercicio. En ese sentido, en 2018 presentarán un nuevo anteproyecto de ley que busca garantizar el reconocimiento de derechos laborales para trabajadoras y trabajadores sexuales en todo el país.

Fuente: Nuestras Voces