Caso Rafael Nahuel: sin plata no hay pericia

Mañana cuando la familia de Rafael Nahuel reciba la Navidad se habrá cumplido un mes de su asesinato. Las mismas fuerzas de seguridad involucradas en la muerte del joven mapuche realizan los peritajes de las ropas, los celulares y las armas.

El juez pidió que el Centro Atómico Bariloche (CAB) analice la existencia de rastros de pólvora en las manos de los agentes del grupo Albatros que participaron del operativo para determinar quién de ellos disparó. Pero el CAB reclama 290 mil pesos para hacer el trabajo y hasta el momento el juez no logró reunir el dinero. Se espera que este martes la Justicia libere este monto y avance la pesquisa.

Para saber quién fue el prefecto que disparó el arma que mató a Rafael Nahuel el 25 de noviembre pasado en Villa Mascardi, son fundamentales las pericias que se realizarán en el Centro Atómico Bariloche (CAB). Para que esto ocurra en la entidad aguardan el pago de 290 mil pesos para avanzar con las pruebas. El juez, Gustavo Villanueva, solicitó días atrás ese dinero al Ministerio de Justicia de la Nación y espera que la próxima semana se libere ese monto para continuar con el peritaje.

Según confiaron a Nuestras Voces fuentes con acceso al expediente, mientras no se abone esa suma al CAB no se podrán conocer los resultados de las pericias con cinta de carbono practicadas en las manos de los ocho agentes del grupo Albatros que participaron del operativo; así como del mismo Rafael Nahuel, de Fausto Jones Huala y Lautaro González, que fueron los dos únicos detenidos aquel 25 de noviembre. Tal como pudo saber Nuestras Voces, las muestras de carbono en busca de los rastros de pólvora se realizaron en una estación de servicio del Automóvil Club Argentino de Villa Mascardi pocas horas después del operativo: “Me pidieron el lugar para la requisa. Me acuerdo que estaban los del grupo Albatros de la PSA, que eran los que comandaban todo. Había otras personas que serían de la Justicia y no sé quién más, no recuerdo a todos, pero eran varios. De los Albatros eran unas ocho personas. Les hicieron la prueba de hisopado a unos efectivos, esa que busca los rastros de pólvora y también se la hacían en los uniformes. Y sí, a algunos se los notaba muy nerviosos”, contó Fernando, empleado de la estación.

Esta pericia es clave para el avance de la investigación ya que al verificarse la existencia de rastros de pólvora en las manos se confirmará, de una vez por todas, si es que hubo un enfrentamiento con fuerzas federales que es la causa por la que el Ministerio de Seguridad de la Nación justifica los disparos del grupo Albatros contra los mapuches.

CAB: De Kosteki y Santillán a Rafael Nahuel

El Centro Atómico Bariloche es uno de los centros de investigación y desarrollo de la Comisión Nacional de Energía Atómica en el que se realizan investigaciones básicas y aplicadas en Física e Ingeniería Nuclear. En sus instalaciones tiene sede el Instituto Balseiro.

El CAB fue elegido para las pericias por su neutralidad en el caso y por tratarse de una entidad prestigiosa que ha participado en otras investigaciones penales. El caso más recordado es cuando los investigadores de la entidad determinaron –con una alta probabilidad– que las balas que mataron a Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, en junio de 2002 en la estación Avellaneda, procedían de las armas del comisario inspector de la Policía Bonaerense, Alfredo Fanchiotti y del cabo Alejandro Acosta.

Paradójicamente el resto de las pericias las están llevando adelante las mismas fuerzas federales que participaron del operativo: la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) se está encargando de verificar las llamadas de los celulares de los gendarmes el día que ocurrieron los hechos; la Gendarmería Nacional tiene a cargo los peritajes a las ropas de los prefectos y la policía científica está tratando de comprobar en el Tiro Federal cuáles fueron las armas con balas de 9 milímetros que fueron utilizadas el día del operativo.

Cada disparo que se realiza en el Tiro Federal sirve para determinar a qué armas pertenecen las “31 vainas servidas calibre 9 mm, el cartucho completo y las 13 vainas servidas de escopeta calibre 12/70 con munición antitumulto junto a otro cartucho completo”, según figura en el acta de procedimiento tras la inspección ocular realizada el 7 de diciembre en la lof Lafken Winkul Mapu de Villa Mascardi.

Entre las armas periciadas se encuentran los fusiles MP5 que usó el Grupo Albatros así como también 24 pistolas Beretta que disparan balas de 9mm que fueron secuestradas a los prefectos tras el asesinato de Rafael Nahuel.

Cuando se llevaron a cabo los procedimientos de incautación de armas en la estación de servicio ACA sobre la ruta 40 –la noche tras la cacería– se constató que eran cuatro los subfusiles MP5 de los cuales 3 fueron disparados.

Siguiendo esa pista se presume que entre esos tres subfusiles MP5 que disparan balas 9 milímetros se encuentra el arma que usó uno de los prefectos para matar por la espalda a Rafael Nahuel. La autopsia determinó que el joven fue asesinado con una bala 9 milímetros por la espalda.

No volverán a la cárcel

En la semana la fiscal Silvia Little había solicitado que Lautaro González y Fausto Jones Huala volvieran a ser detenidos. La funcionaria esgrimía que pertenecen a una “agrupación terrorista” y que existe “peligro de fuga” de los dos jóvenes que bajaron el cuerpo sin vida de Rafael Nahuel.

Finalmente, la Cámara Federal de General Roca no accedió a la petición de la fiscal y los jóvenes continuarán en libertad. “Hemos solicitado el sobreseimiento de los imputados y esperamos los resultados de las pericias para descartar que se produjo un enfrentamiento y que la comunidad tenía armas de fuego el día del operativo”, dijo Schraer, el abogado co defensor, a Nuestras Voces.

Los jóvenes que estuvieron cuatro días privados de libertad y luego fueron liberados por orden del juez Villanueva están imputados por “usurpación y atentado agravado contra la autoridad”.

Desde la parte querellante esperan que el juez Gustavo Villanueva cite a declarar a los ocho agentes del Grupo Albatros que participaron en la represión que derivó en el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel.

Se presume que el magistrado aguarda el resultado de las pericias para llamarlos a prestar declaración testimonial. Al cumplirse 1 mes del asesinato del joven mapuche queda en claro que hasta que no envíen los 290 mil pesos no habrá novedades de los peritajes.

Conocida es la frase de que los tiempos de la Justicia son lentos pero también está comprobado que cuando existe voluntad política esos tiempos se aceleran. Las partes que reclaman justicia piden que se hagan las pericias antes de fin de año porque sino tendrán que esperar que termine la feria judicial y se haría recién en febrero de 2018. Y así todo se dilatará aún más en el proceso de alcanzar la verdad.

Fuente: Nuestras Voces