Cambiemos en Paraná aprobó una ordenanza a contrapelo de los lineamientos del Ejecutivo nacional

En la última sesión ordinaria del Concejo Deliberante, la concejala Claudia Acevedo presentó un proyecto que recogió el apoyo de todos los ediles y fue aprobado inmediatamente. Se trata de la prohibición del uso, venta, y traslado de glifosato y limpieza de vehículos contaminados.

Por Pablo Urrutia.

Ni bien asumido, el flamante Ministro de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Etchevehere, marcó cual sería la línea del gobierno en torno a la regulación del uso de agroquímicos en la producción de alimentos, particularmente del glifosato. “El glifosato bien aplicado es inocuo. Se desactiva cuando toca el suelo”, resumió el entrerriano en torno a un tema que particularmente en nuestra provincia ocupa un lugar importante en la agenda social, principalmente, y últimamente también en las agendas de los municipios.

Es que si bien ya había sendos proyectos promoviendo la prohibición del uso de agroquímicos dentro del ejido de Gualeguaychú y Concordia, Paraná hizo punta en la provincia al aprobar de manera unánime una ordenanza que prohíbe el uso, traslado e incluso la limpieza de camiones y maquinarias contaminadas con el plaguicida, dentro de la ciudad. La iniciativa de la concejal Claudia Acevedo, de Cambiemos, presentada in voce en la última sesión ordinaria del cuerpo legislativo de la capital entrerriana, tuvo un tratamiento y una aprobación record. Inmediatamente el edil del FPV destacó la propuesta y mocionó su tratamiento sobre tablas que derivó en la aprobación unánime. El hecho tuvo notable repercusión en medios locales y nacionales.

Pero en el Concejo Deliberante, muchos se mostraron sorprendidos. La presidenta del cuerpo, Josefina Etienot, sugirió que correspondía el tratamiento en comisión, pero en un cuarto intermedio los ediles acordaron algunas modificaciones y volvieron decididos a dar por aprobada la norma.

Las razones por las que el Municipio de Paraná pasó de pretender habilitar la venta de espacios públicos tales como el Parque Humberto Cayetano Varisco y el Parque Botánico a la explotación privada, a enarbolar una de las principales banderas del movimiento ecologista se desconocen y sorprende aún más la medida por cuanto contradice de manera directa el discurso de Cambiemos a nivel nacional.

Es cierto que la presión social y la preocupación de los ciudadanos en general ha crecido en este último tiempo, alertada por el crecimiento del número de casos de cáncer y la afectación directa de ciudadanos que fueron alcanzados por las pulverizaciones realizadas en campos lindantes, incluso a establecimientos escolares. Pero también es cierto que el tema y la movilización no son recientes.

En el congreso anual de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), realizado en agosto de este año, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, rabino Sergio Bergman, y el de Agroindustria, en ese momento, Ricardo Buryaile, participaron en la charla inaugural como disertantes.

Ambos ministros anunciaron que asignarán mediante una resolución distancias mínimas de fumigación con agroquímicos, de manera que quedarán permitidas las fumigaciones terrestres a 110 metros de lugares habitados y 200 metros para la aérea. La resolución vendría a poner un parámetro general para los municipios que ya avanzaron en algún tipo de regulación que el Gobierno nacional considera “muy restrictivas”, y los que pretendan hacerlo.

La reducción de las distancias de fumigación pone en riesgo a la población, aseguran quienes sostienen que la normativa debería ir en sentido contrario, es decir alejar las fumigaciones de los poblados y avanzar en la eliminación gradual de agroquímicos considerados nocivos para la salud.

Muchos municipios avanzaron en ordenanzas que restringen las fumigaciones entre 800 y 1500 metros de lugares habitados a instancias de la lucha de asambleas de vecinos preocupados por los efectos que estos químicos causan.

La ciudad de Paraná podría contar con una norma mucho más restrictiva ya que la aprobada el jueves de la semana pasada “prohíbe la utilización, comercialización, circulación y aplicación de cualquier tipo de producto químico o biológico de uso agropecuario, destinado a la fumigación o la fertilización que contenga glifosato y agroquímicos derivados, con el objeto de asegurar la protección de la salud humana y el medio ambiente”, según el texto de la Ordenanza.

La medida también condena “la limpieza de todo tipo de maquinarias y equipos utilizados para la aplicación de productos químicos o biológicos de uso agropecuario que contengan glifosato y agroquímicos derivados, como asimismo el tránsito de máquinas de aplicación de dichos productos que no se encuentren descargadas y perfectamente limpias”,

En el congreso 25 de Apresid, Sergio Bergman, describió la situación normativa como “un caos” y por ello aseguró que “estamos consensuando una resolución para que después adhieran las jurisdicciones. Saldrá como una resolución de Agroindustria en conjunto con nosotros”. Si bien cambió el Ministro de Agorindustria, la línea sigue siendo la misma: no está comprobado científicamente que el glifosato cause más daños a la salud de la población que cualquier químico de uso doméstico.

El ministro Etchevehere ratificó esa posición este fin de semana, al visitar la ciudad de Colón en el marco del cierre anual del Consejo Empresario de Entre Ríos. “No vemos bien que si el organismo sanitario americano, el organismo sanitario europeo y si el Senasa dice que el glifosato no hace daño a la salud no entiendo cuál es la intención de la gente de estar asustando a la ciudadanía”, dijo en declaraciones a los medios en que además defendió la instalación de la industria celulosa en el territorio provincial.

El crecimiento desmesurado de la frontera agrícola cercó a las ciudades y pueblos. En Entre Ríos, hay escuelas rurales en medio de inmensos campos de soja y ya hubo un juicio con condena a quienes fumigaron sobre la escuela Bartolito Mitre de Gualeguaychú, cuya directora quedó afectada de manera crónica por el envenenamiento con los agroquímicos. La decisión de los ministros de Amiente y Agroindustria pone en aprietos a los intendentes que son quienes reciben de forma directa la presión de los vecinos afectados y alarmados por la situación.

Esa puede ser una de las razones para que la iniciativa de Claudia Acevedo haya prosperado con tanta velocidad que hasta ella misma se vio sorprendida y abrumada por el impulso que recogió de parte de los ediles de la oposición, dejando en un lugar complicado al Municipio frente al Ejecutivo nacional. De hecho, a principios de año, a instancias del edil del PRO, Emanuel Gainza, ese mismo Concejo Deliberante declaró de interés municipal la charla brindada en Paraná por la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid) una ONG que recibe financiamiento de BASF, Bayer, Dow, DuPont y Monsanto y cuyas charlas están dirigidas a promover la expansión del modelo que se basa en la siembra directa, las semillas transgénicas y el uso de agroquímicos.

Aún no está todo dicho, ya que la ordenanza aprobada está en el despacho del intendente Sergio Varisco quien en última instancia será quien decida si promulga o veta la norma.