Buenos Aires: Docente perseguido por hablar de Santiago Maldonado en clases

Juan trabaja actualmente en cuatro escuelas, con 250 estudiantes. Aunque los derechos humanos se encuentran en la currícula, su abordaje le trajo represalias. La Comisión Provincial de la Memoria denunció otros casos.

Durante los meses que transcurrieron luego de la represión de Gendarmería a la comunidad mapuche, que finalizó con la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, distintos gremios docentes nacionales y provinciales definieron el abordaje como parte de los derechos humanos en las aulas públicas de todo el país. Incluso, en muchos casos fue acompañado de instructivos pedagógicos confeccionados por los diferentes espacios educativos. Juan, docente de Bragado, provincia de Buenos Aires, fue uno de los educadores que incorporaron la temática a sus clases. Como toda agenda coyuntural, algunos padres y madres (14 de 250) expresaron su disconformidad y pidieron que se detenga el abordaje de los temas. Aunque es currícula, y no puede confundirse con una cuestión meramente partidaria, las autoridades educativas tomaron represalias bajando la calificación docente de Juan por cuatro puntos (en un rango de diez). La palabra del docente y el respaldo de la Comisión Provincial de la Memoria que denunció otras situaciones de persecución hacia las y los educadores. Ctera impugnó las calificaciones.

“La Constitución Nacional, el estatuto docente y todas las normativas educativas nos obligan a trabajar los derechos humanos en las currículas escolares: es un derecho de los estudiantes y es un deber de los educadores», destaca Juan. «Que se persiga a alguien por hacer eso mismo nos deja en una situación de indefensión absoluta”, añade con un poco de impotencia por la circunstancia que atraviesa.

El educador asegura que el abordaje del caso de Santiago pone a los estudiantes «en una situación de relación con los temas de historia y ciudadanía que forman parte del programa pedagógico» y significa el debate de otros temas, como el «tratamiento hacia los pueblos originarios, la extranjerización de la economía, entre otras cosas”.

Juan es docente hace 12 años, y actualmente se desempeña en cuatro escuelas de Bragado, ubicado en el centro noroeste de la provincia de Buenos Aires. Allí trabaja con 250 estudiantes, de los cuales 14 manifestaron, mediante intervención de sus familiares, el deseo que no se enseñen estas temáticas a sus descendientes. Tuvo un caso más peculiar, cuando un alumno lo grabó y le pasó el material a su madre, concejal de Cambiemos en el municipio bonaerense. Desde ese momento se dieron una serie de acusaciones públicas, con la difusión de un audio transmitido por las radios locales.  ese hecho desencadenó una serie de acusaciones que llegó a la esfera pública cuando el audio fue transmitido por una radio local. «Nunca en 12 años pasé por algo así», puntualiza Juan. Luego de la exposición, la directora de la escuela lo citó para decirle que estaba dando el tema de manera incorrecta, que tenía que notificarle antes a ella, que debía modificar las actividades y rever la currícula. “Recibí actas escritas en un tono persecutorio y aleccionador”, agrega.

“Ideologizada”, “que se excede lo curricular” o que se trata de “adoctrinar a los chicos”, son parte de los argumentos escritos por las autoridades educativas en las actas donde se califica la labor docente. Juan pasó de tener un 10 a un 6,66 en todas las unidades educativas. «Las razones que me dan no tienen sustento normativo pero sí un fuerte contenido persecutorio y de disciplinamiento”, detalla sobre las respuestas a la diferencia en la calificación. Destaca que contestó cada una de las actas y atendió a cada padre, madre o familiar que necesitara una explicación. «Mi interés en dar este tema no era partidario sino en defensa de los derechos humanos, que está en todos los diseños curriculares y es política de Estado”, precisa el docente.

Comenta que la persecución continúa con acciones cotidianas.  “Varias veces no pude firmar el libro de temas porque no estaban, habían sido remitidos a la jefa distrital, otras veces recibí devoluciones de clases que están por fuera de la normativa; es decir, hubo un control absoluto sobre mi labor en el aula”.

Otros casos

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) decidió reunir y registrar estas acciones arbitrarias porque entendía que tenían un mensaje disciplinante que no sólo era un cercenamiento a la libertad de expresión sino que, fundamentalmente, desvirtuaba el lugar de la escuela como una institución para la construcción de valores democráticos. La persecución contra Juan se inscribe en esa misma lógica.

El instructivo en Buenos Aires, implementado por Juan como en tantos otros casos de la comunidad educativa,  fue formulado por los gremios Ctera, Suteba y Ute. Justamente, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina se encuentra tramitando por vía administrativa la impugnación de esas calificaciones. Mientras transcurre esa presentación, y al tomar conocimiento del caso, la Comisión Provincial por la Memoria también está realizando notas para remitir a las distintas autoridades educativas y ministeriales porque entiende que se trata de un hecho por demás irregular y arbitrario, y que cercena la libertad de expresión. Y lo más importante, no es el único.

Fuente: Agenda Abierta y ANRed