La Secretaria General de la Delegación Entre Ríos del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina, se refirió al Decreto 794/17 que crea la empresa Corredores Viales S.A. Dijo que “no es legal” y que privatiza el trabajo que realiza Vialidad.
Por Pablo Urrutia.
Los trabajadores viales se encuentran en alerta desde la publicación del Decreto presidencial 794/17, que crea la empresa Corredores Viales Sociedad Anónima, con participación accionaria de Vialidad Nacional y el Ministerio de Transporte de la Nación. Piden la nulidad de dicho decreto y vienen llevando adelante acciones de concientización hacia la población ya que alertan que la medida busca pasar a manos privadas las tareas que realiza el órgano estatal, lo cual afectaría directamente a los trabajadores y también a la población que hace uso de las rutas del país, ya que implicaría multiplicar los puestos de peajes e incrementar sus costos.
En diálogo con el programa Agenda De Radio que se emite de lunes a viernes por FM Radio de La Plaza (94.7Mhz), la secretaria General de la Delegación Entre Ríos del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina, Patricia De la Rosa, afirmó que el decreto “busca favorecer algunas empresas con cierto amiguismo del Gobierno” pasando a manos privadas funciones que actualmente cumplen los trabajadores de Vialidad Nacional. Explicó además que esto afectaría a quienes transitan las rutas y a los pueblos chicos cuyos caminos no son redituables en términos empresariales.
“Ese decreto (por el 794/17), en la parte del Estatuto en el punto 8 habla no sólo de las rutas que van a pasar a ser concesionadas, sino que también habla de la traza, del mantenimiento, de la conservación de todas las rutas nacionales, cosa que es función de los trabajadores viales”, explicó De la Rosa y en ese sentido señaló que, “la idea es darle a las empresas las rutas que son redituables y poner peajes cada 100 kilómetros con un costo mínimo de 4 dólares y medio, lo que significaría un impacto para todos los que transiten las rutas”.
La gremialista, expresó que los trabajadores viales, “primero pedimos la nulidad porque no es legal que Vialidad conforme una sociedad anónima, porque quedó conformada con el 49% de acciones de Vialidad y el 51% del Ministerio de Transporte. Estamos sensibilizando a la población en general y lógicamente los trabajadores estamos haciendo la lucha por nuestra fuente de trabajo. Vialidad fue creada en 1932 y está claro que la gente sabe lo que es, sobre todo en el interior, con la presencia de los viales cada vez que se los ha necesitado cuando ha habido una catástrofe”, sostuvo.
Agregó que, “nuestra función real es mantener las rutas, si bien hay muchas tareas que no podemos realizar porque somos 6 mil agentes en todo el país, podemos hacer la mantención de algunas rutas. Esto nos estaría cortando toda la actividad y le estarían dando a una empresa privada la misma función que hoy está cumpliendo Vialidad Nacional. Eso es lo que estamos defendiendo, no solamente recorriendo la provincia para hablar con concejales, diputados provinciales, senadores, diputados nacionales, también se han hecho presentaciones en el Congreso. Muchos han manifestado su repudio y esperamos que cuando se sesione, la mayoría de los diputados, voten para pedir la nulidad de este decreto”, dijo.
Patricia De la Rosa, relató que “estamos concientizando a través de panfletos, esperamos en los semáforos para una vez que cortan entregarle a la gente. Nos hacemos presentes en la peatonal juntando firmas para que la gente no se sienta molesta con los cortes, pero sí hacernos escuchar y que sepan cual es la preocupación de todos nosotros”, explicó.
Respecto a la situación generada en Vialidad Nacional a partir de la firma del Decreto 794 del presente año, sostuvo: “Corremos casi la misma suerte que en el año 2001, cuando Vialidad por un decreto pasaba a ser un ente residual. Si buscamos transparencia, hoy por hoy, siendo una sociedad anónima dejarían de hacerse las licitaciones públicas y esto pasaría a hacerse bajo una contratación directa”, subrayó y agregó: “Ellos (por el Gobierno nacional) hablan de celeridad en la efectividad del trabajo a través de las empresas privadas, cuando nosotros tenemos que apuntar a que tenemos profesionales con años de carrera que están preparados para hacer no solamente los proyectos, sino también la inspección de obra y todo lo que lleva, así como tenemos trabajadores en conservación. Venimos escuchando hace dos años que se va a reconvertir la gente y que vamos a tener mucha más conservación en rutas y nos encontramos con que se lo vamos a pasar a manos privadas”, cuestionó.
Para De la Rosa: “Esto busca favorecer algunas empresas con cierto amiguismo del Gobierno, con lo que la gente muchas veces cree que sobran empleados públicos cuando ha ingresado mucha gente del gobierno nacional. No estoy a favor ni en contra de si ingresan o no ingresan, pero sí estoy en defensa de Vialidad, porque a nosotros no nos sobra gente, no tenemos ñoquis, la gente hace su trabajo y se ha capacitado durante muchos años. Las cosas no fueron bien manejadas, y vamos a luchar hasta lo último pero necesitamos también la conciencia de la gente y que nos ayude en esta lucha, que no es defender vagos”, planteó.
“En toda la provincia somos 169 agentes distribuidos en los campamentos, hay una determinada cantidad en nuestra oficina central en Avenida Almafuerte de Paraná, y tenemos campamentos en Gualeguaychú, Gualeguay, Concordia, la Paz, Colón, tenemos una balanza en Federal, y lo que pasaría con esto es que ellos van a cumplir la misma función que nosotros, exactamente la misma”, incisito y acotó que de prosperar la medida, se estaría quitando “la función real para la que fue creada Vialidad Nacional que es unir todos los pueblos, aquellos que están situados dentro de las rutas que son redituables y en aquellas que no son redituables. Ese es el problema central más allá de la doble función”, aclaró.
Por último, Patricia De la Rosa, secretaria General de la Delegación Entre Ríos del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina, informó que en el marco de las acciones que llevan adelante, “vamos a organizar una marcha federal en la que van a participar todas las provincias, desde Ushuaia hasta Jujuy para cuando sesionen en el Congreso y pidan la nulidad de este Decreto”, finalizó.