Orgullo disidente: «La criminalización de la protesta impide la comunicación»

La organización de la marcha que se realizó el sábado en Paraná analizó la jornada de reclamo, alegría y amor colectivo. Se repudió la aparición de policías sin identificación y se rechazó la violencia institucional.

El 11 de noviembre fue una fecha histórica para la disidencia sexual porque colectivamente se interpeló a la sociedad paranaense, marchando, reclamando, bailando, entre una marea de libertades, deseos e identidades. La jornada, que tuvo feriantes, intervenciones y festival disidente, fue un punto de encuentro del transitar cotidiano, de todo ese recorrido anual en espacios educativos, gremiales, barriales, comunitarios, de salud. Un hecho político, como conversación colectiva en la construcción de un mundo más equitativo y más justo.

Al finalizar la jornada, se acercaron un grupo de policías provinciales para interrogar, pedir habilitaciones e invadir mediante violencia institucional en una instancia que hablaba de lo contrario, de garantizar derechos. Los papeles habilitantes aparecieron, aunque uniformados sin identificación se negaron a dar la suya, violando todas las garantías. La policía vio los papeles y se fue, sin una disculpa ni identificarse como cualquier trabajador de las fuerzas de seguridad debe hacer. Y ese «debe» implica obligación. Lo que salió en la escena fue por el contrario las pintadas realizadas a las paredes de la sede de la Unión Cívica Radical, el repudio del intendente Sergio Varisco y las declaraciones de la ministra de Gobierno, Justicia y Educación de la provincia Rosario Romero, poniendo a disposición las cámaras para judicializar a quienes realizaron eso. Hasta salió a hablar un diputado provincial, oriundo de Nogoyá, Daniel Koch, que llegó a la banca por la lista del Frente Renovador, con violencia, estigmatización y discriminación, sobre la activista Keili González. Entre todos esos hechos, la organización de la II Marcha de Orgullo Disidente difundió un comunicado.

«Las organizaciones abajo firmantes que el pasado 11 de noviembre participamos de la II Marcha del Orgullo Disidente en la ciudad de Paraná, queremos compartir con la opinión pública nuestra inmensa alegría. El sábado expresamos colectivamente una maravillosa consigna: “mi cuerpo, mi deseo, nuestra lucha” y lo hicimos disfrutando desde la tarde hasta la madrugada», comienza el escrito enviado a Agenda Abierta.

«La marcha se desarrolló tal y como la imaginamos: con nuestras exigencias, nuestros colores, nuestros cánticos, nuestro arte y en nuestras calles. Hicimos historia», se destaca en el comunicado. «Expusimos nuestra disidencia en carteles, en nuestros cuerpos con maquillaje, en nuestro pelo teñido de tantos colores, en las risas y los abrazos. Marchamos, en una marea orgullosamente disidente» detalla la organización sobre la jornada vivida el pasado sábado.

«Vivimos momentos de felicidad. Fue una experiencia hermosa y hasta ahora única», comparten con la sociedad las primeras sensaciones de las intervenciones. Desde la organización de la marcha en Paraná se precisa que la actividad «estuvo acompañada por una comisión de seguridad asistida por inspectores de tránsito que posibilitaron la dinámica y el resguardo de la marcha que llegó a la Plaza Alvear sin inconvenientes».

En un párrafo sobre el tratamiento y la cobertura de la prensa, se expresa que los medios «relataron la fiesta del orgullo disidente y coincidieron con nosotras/os en que salió todo como lo organizamos». Expresa que desde esa perspectiva les sorprende «la intencionalidad de criminalizar la protesta social».

«Nos manifestamos contra la militarización de los espacios públicos y denunciamos el uso de móviles y cantidad de uniformados para intimidar», se repudia el accionar estatal. «Una vez finalizado el festival del orgullo disidente se acercaron policías sin su identificación a amedrentarnos», se denuncia en el comunicado. Se rechaza «la discriminación y violencia, la negación de la identidad de género y la incitación al odio a través de declaraciones y rumores públicos de los que son víctimas muchas/os activistas».

«Exigimos el cese de la violencia institucional y que no se usen cámaras de la vía pública y los recursos del Estado para perseguir activistas», se responde a las declaraciones de la ministra Romero. «Estos deberían estar destinados a la investigación e identificación de agresores, violadores, feminicidas y no a la persecución de luchadoras y luchadores sociales», se destaca.

En el escrito se recuerdo que aún se espera «la identificación del violento que atropelló a una compañera feminista en la movilización del Paro Internacional de Mujeres del 8M en Paraná, las agresiones de las cuales fueron víctimas compañeras y activistas travestis a manos de policías y los custodios municipales, así como también los avances en la investigación del feminicidio de Jesica Do Santos».

«Todas nuestras construcciones y manifestaciones son por y para el diálogo por esto entendemos que la criminalización de la protesta entorpece y/o impide la comunicación», se finaliza mientras se invita a la lectura del documento elaborada con proclamas y exigencias para el día de la marcha.