La Federación de Jubilados y Pensionados de Entre Ríos alertó por la armonización de los sistemas previsionales

La Fjper difundió una carta abierta dirigida al gobernador Gustavo Bordet en rechazo a cualquier decisión que recorte derechos. Adelantaron que se litigará si no hay soluciones justas.

 

La Federación de Jubilados y Pensionados Provinciales de Entre Ríos (Fjper) advirtió su preocupación por la armonización de los sistemas previsionales mediante una carta abierta destinada al gobernador Gustavo Bordet. La organización del sector, conformada por 34 Centros de Jubilados adheridos, distribuidos en todo el territorio provincial, alertó sobre distintos ejes que perjudican a los trabajadores jubilados.

Se precisó que «el Decreto 894/16 (Programa Nacional de Reparación Histórica) estableció que a partir de 2021 no se asistirá financieramente a las provincias que no hayan armonizado sus sistemas». Se puntualizó mediante un comunicado enviado a Agenda Abierta  que «dicha armonización normativa es entendida como la convergencia de la legislación provincial con la nacional y en cuanto a los siguientes conceptos: Edad de acceso a una jubilación ordinaria; alícuota de aportes personales y contribuciones patronales; cantidad de años de servicios con aportes efectivos; determinación del haber inicial y mecanismo sustentable de movilidad de los haberes jubilatorios».

La Federación advirtió que «el artículo 32 del referido decreto determina que en el caso de que las cláusulas constitucionales impidan el proceso de convergencia normativa con la legislación nacional, en algunos de los ítems comentados precedentemente, la provincia de que se trate, deberá proponer un esfuerzo mayor en otro concepto, con el fin de garantizar la equidad en el esfuerzo fiscal de cada jurisdicción provincial». Se añadió que el mayor gasto resultante «no será financiado por el estado nacional y estará a cargo exclusivo de la provincia».

Se indicó que «Anses tiene previsto enviar 14 mil millones de pesos para financiar las cajas provinciales no transferidas a la Nación, entre ellas la de Entre Ríos, y se calculan que se necesitan para financiarlas la suma de pesos 22 mil millones». Se agregó que dicho proceso llamado de armonización «tiene sus antecedentes en las leyes provinciales N°9542 y N°9578; decreto nacional N°2100/2008 y Leyes Nacionales N°25.235 y N°25.400 y normativas complementarias».

En la carta abierta dirigida al Gobernador de Entre Ríos se expresó que el artículo 41 de la Constitución de la Provincia «establece que la Ley de Jubilaciones será dictada con sujeción a normas técnicas que tengan en cuenta el principio de la proporcionalidad entre los aportes y los beneficios, el tiempo de los servicios y la edad de los beneficiados, sin excluir los aportes del Estado, de las municipalidades y las comunas». Fjper señaló que «así lo hizo la Ley N°8732. Por su parte la Cláusula quinta del convenio de armonización aprobado por Decreto N°2100/2008 dispone que toda vez que el proceso de armonización se contraponga por algún derecho conferido por la Constitución Provincial, los mismos serán respetados y sus mayores costos serán financiados exclusivamente por la provincia». Se destacó además que el artículo 175, inc. 23 de la Constitución de la provincia «asegura la permanencia de la Caja de Jubilaciones y Pensiones en la órbita provincial».

«Desde la Federación de Jubilados y Pensionados de Entre Ríos vemos con preocupación que se pueda llegar a concretar cualquier tipo de menoscabo en los derechos adquiridos de los jubilados y pensionados provinciales, habiendo sostenido reiteradamente la Suprema Corte Nacional que, para que pueda hablarse de derechos adquiridos, el particular debe haber cumplido bajo la vigencia de una ley “todos los actos y condiciones sustanciales y los requisitos formales previstos para ser titular de un determinado derecho, que en el caso del beneficio previsional forma parte del derecho de propiedad con garantía constitucional de la inviolabilidad, entendiéndose por propiedad todo interés apreciable en dinero que pueda tener el hombre fuera de sí mismo, su vida, su libertad, impidiéndose su vulneración por el principio de no retroactividad legal», reflexionó la Fjper.

Se aclaró que según las normativas provinciales y nacionales «ninguna de las premisas que  ha fijado la denominada armonización, podría vulnerar derechos adquiridos y lo dispuesto en el art. 41 de la Constitución de la provincia, y el porcentaje de los haberes previsionales establecidos por la Ley N°8732, por ser proporcional, sustitutivo y móvil del haber en actividad».

«Cualquier afectación patrimonial a la directiva del art. 41 de la CP más la precisión dada en la Ley N°8732, deberá ser considerada inconstitucional si, por la vía legislativa o por la vía de la armonización, se conculca el derecho a la percepción del haber tal como está adquirido por los jubilados y pensionados de la provincia», se adelantó en la carta abierta dirigida a Gustavo Bordet.  Se precisó que la Corte ya ha tenido oportunidad de expedirse «en casos de beneficiarios de Cajas que fueron traspasados a la Nación, que sufrieron topes a la cuantía de sus haberes y plantearon la inconstitucionalidad del mismo y advirtieron que el convenio de transferencia del sistema jubilatorio ‘no tuvo en miras perjudicar los derechos de los jubilados, sino garantizar su cumplimiento por el Estado Nacional'». Se recordó que en aquél caso (Francisca América) entendieron así que «la solución del conflicto planteado no puede ser la restricción de los derechos de la clase pasiva.

Por último, se exigió al Gobernador «que encuentre soluciones justas políticas y no obligue a nuestros jubilados y pensionados a tener que litigar, reclamando por sus legítimos derechos».