El Senado dio media sanción al proyecto que extiende el alcance de la Ley de Contravenciones al ámbito escolar y de salud

La iniciativa, fue aprobada por unanimidad este miércoles y pasa a considerar faltas graves las contravenciones cometidas en los ámbitos públicos o privados de la educación y la salud, habilitando el accionar policial con el objetivo de proteger a los trabajadores de estas áreas.

Este miércoles el Senado de la provincia de Entre Ríos volvió a sesionar, dando aprobación definitiva a la eliminación del descuento del 2% a policías retirados. Además, obtuvieron media sanción, por unanimidad de la cámara, los proyectos que amplían el alcance de la Ley N° 3815, de contravenciones, extendiéndolo a los ámbitos estatales y privados de la educación y la salud.

La reforma parcial de la Ley de Contravenciones implica la posibilidad del ingreso de las fuerzas policiales a las escuelas y hospitales ante una denuncia y la potestad para efectuar arrestos y sanciones sin mediar orden judicial. En concreto son dos proyectos que van en el mismo sentido, el que refiere al ámbito de salud es autoría de la senadora Nancy Miranda y Angel Giano; en tanto que el que hace lo propio en educación, además de la firma de Giano, lleva las de Lucas Larrarte y Pablo Canali.

Estas reformas que ya tienen la aprobación del Senado fueron giradas a la cámara baja para su tratamiento y eventual aprobación definitiva, de no mediar modificaciones.

Contravenciones en el ámbito de salud

Propone incorporara a la Ley 3815 un capítulo especial destinado a regimentar las contravenciones en el ámbito de los establecimientos de salud, que afectan el desempeño de los profesionales y/o trabajadores de la actividad.

Giano explicó a los presentes que, además de ser una realidad bastante conocida, “las contingencias que confluyen en los establecimientos de salud han generado una serie de situaciones disvaliosas y complicadas para el ejercicio de la actividad y profesión”. En ese sentido basta consultar “las estadísticas de denuncias policiales y actuaciones judiciales, donde son los profesionales médicos o enfermeros quienes resultan perjudicados por situaciones de violencia en cualquiera de sus manifestaciones, mientras ejercen sus artes”, y esas situaciones “son el emergente, sin dudas de una conflictividad considerable, donde el Estado no puede ser omiso a la situación, y mucho menos cuando también se encuentran afectados sus propios empleados, como en el caso de los establecimientos públicos”.

El legislador sostuvo que la situación perjudica “al desarrollo de uno de los principios básicos de la conformación de actividades del Estado, que es nada menos que el cuidado y atención de la salud de su población. Y en esto, va claramente la necesidad de proteger en todos sus órdenes a los operadores de dicho principio fundamental, como son los médicos y demás trabajadores de la salud”.

Contravenciones en el ámbito escolar

La otra iniciativa aprobada este miércoles y que también modifica la Ley de Contravenciones, atiende a los hechos de violencia física, verbal o simbólica que puedan darse en el ámbito de la educación. Con esa reforma parcial a la ley, se pondrá a resguardo la seguridad de quienes llevan adelante actividades relacionadas con el ámbito educativo, indicaron los legisladores oficialistas.

En los fundamentos señalan que “la cantidad de noticias, informaciones e inclusive actuaciones de índole administrativa en la cual se exponen situaciones de violencia en el ámbito educativo, en la persona de los padres o representantes legales de los alumnos ante los trabajadores de la educación, viene indicando una curvatura estadística alarmante. Agresiones verbales, insultos, faltas de respeto y escándalos de diferente monta se han observado en los diferentes establecimientos educativos tanto de gestión pública como privada. En ese sentido, el Estado no puede estar ausente, y es por ello que este proyecto de Ley apunta a reformar la ley de Contravenciones con vigencia en la Provincia de Entre Ríos”, aclaró Giano.

Cabe aclarar que los senadores al hablar de “protección de los trabajadores de la educación”, refieren tanto a docentes como no docentes, de situaciones que ocurran dentro del establecimiento educativo o en las inmediaciones del mismo, sean estos de gestión pública o privada; y cuando se habla de sanciones a los agresores, se estipula la intervención policial y judicial, a fin de garantizar estrictamente la integridad de los educadores, indicaron.