Diputados introdujo modificaciones a la Ley de Alquileres y se dilata su tratamiento

El proyecto que regula los alquileres a nivel nacional fue aprobado por unanimidad en el Senado el año pasado. Este miércoles, la Comisión de Legislación General emitió un dictamen con modificaciones propuestas por Cambiemos, por lo que deberá volver a ser analizado.

 

La Comisión de Legislación General de Diputados emitió dictamen del proyecto de ley de alquileres, que cuenta con media sanción del Senado, e implica modificaciones al Código Civil y Comercial de la Nación.

Por impulso de Cambiemos, la iniciativa sufrió numerosos cambios y fue firmada en disidencia por el Frente Renovador y los radicales Ricardo Alfonsín y Brenda Austin. En tanto, el FpV presentó un dictamen de minoría respetando el texto aprobado por unanimidad en la Cámara alta.

Aunque la media sanción del Senado elevaba a tres años la duración de los contratos de locación, el dictamen firmado este martes mantiene el plazo en dos años. Además, ajusta anualmente los precios según la inflación anual difundida por el INDEC. “Hoy tenemos un INDEC que ofrece cifras fidedignas”, destacó el diputado Daniel Lipovetzky (Pro) en diálogo con la prensa acreditada del Congreso.

En la nueva propuesta se incorporó una ampliación de los instrumentos de garantía que servirán al inquilino para ingresar a una propiedad: garantía real, aval bancario, seguro de caución; garantía personal del locatario o del fiador, que se documentará con recibo de sueldo, certificado de ingresos, o cualquier otro medio fehaciente; y cualquier otra que resulte satisfactoria a criterio del locador.

También, el presidente de Legislación General consideró “un gran paso” al proyecto, porque “hace 20 años que no hay una ley” y en el país “hay más de siete millones de inquilinos”. “Es una ley más equilibrada de la que venía del Senado”, expresó el macrista y estimó que antes del final del período ordinario pueda tratarse en el recinto.

Otro de los puntos de la iniciativa consiste en que, en caso de destino habitacional, al inquilino no se le podrá pedir un depósito mayor a un mes; y cuando se realice la renovación de contrato “las comisiones u honorarios no podrán superar el valor de medio mes de alquiler”.

El oficialismo también introdujo el concepto de “alquiler social” que indica que el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Vivienda y Hábitat, deberá “crear un programa destinado a apoyar a los inquilinos que tengan dificultades para cumplir con los requisitos de la garantía, depósito e incluso pago de alquileres, siempre que el destino de las mismas sean viviendas sociales”.

“Desconocen las necesidades de los inquilinos”

La senadora Silvina García Larraburu (PJ-FpV), autora del proyecto que recibió el apoyo unánime de sus colegas en la Cámara Alta, lamentó que la Comisión de Legislación General de Diputados no haya dictaminado sobre la media sanción del Senado respecto de la ley de alquileres.

La legisladora rionegrina consideró que el oficialismo “no sólo decidió burocratizar una norma fundamental, sino que además introdujo cambios que desconocen las necesidades de los inquilinos”.

La iniciativa presentada por la legisladora, que contaba con el apoyo del Frente Nacional de Inquilinos, modificaba el Código Civil y Comercial de la Nación en materia de locaciones urbanas y proponía mejorar las condiciones de los contratos de alquiler con destino habitacional a fin de evitar abusos.

“No se respetó el pedido de más de 6.5 millones de familias inquilinas de llevar a tres años los contratos de alquiler ni tampoco el requerimiento de un índice de actualización promedio entre inflación y salarios”, advirtió.

Y agregó: “El dictamen de la Cámara baja trae más oscuridad que claridad, propone un índice de actualización que no termina de entenderse, que es sumamente riesgoso y perjudica a los trabajadores; asimismo se flexibilizan los desalojos y se pone en manos del locatario la definición e imposición de los arreglos en el departamento”, señaló.

“Nuestro proyecto fue trabajado con organizaciones inquilinas de todo el país, su espíritu buscaba transparentar al mercado y evitar que propietarios e inquilinos tengan que regirse por una situación jurídicamente ambigua. Con la propuesta de Diputados este escenario se agudiza vulnerando los derechos y la protección que debe garantizarse a los locadores”, concluyó García Larraburu.