Adriana Gentile: «La justicia siempre responde al contexto político»

La abogada querellante en la causa de los magistrados en Córdoba. Dos condenas excarcelables, dos absoluciones y la complicidad del Poder Judicial en la dictadura cívico-militar-clerical.

Se realizó el noveno juicio por delitos de lesa humanidad en Córdoba, en este caso exponiendo la complicidad civil de la dictadura cívico-militar-clerical. La instancia judicial estuvo a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2, integrado por Julián Falcucci (Presidente), José Camilo Quiroga Uriburu y Jorge Sebastián Gallino, y determinó tres años de prisión al ex juez Miguel Ángel Puga y al ex fiscal Antonio Sebastián Cornejo y los inhabilitó en forma absoluta. Absolvió al ex secretario Carlos Otero Álvarez y al ex defensor Ricardo Haro. Adriana Gentile, querellante en la causa, reflexionó sobre el proceso judicial y su contexto.

«Nos dejó sensaciones encontradas», afirmó la abogada sobre el fallo, en declaraciones a La Garganta Poderosa. «Dos condenas excarcelables y dos absoluciones, en un juicio que al menos, sirvió para mostrar a la sociedad la complicidad civil en una dictadura que no se podría haber llevado a cabo sin la participación del Poder Judicial», destacó pese a las sensaciones ambiguas que dejaron el veredicto.

«Los dos condenados a tres años de prisión cada uno (excarcelable, pues no cuentan con antecedentes), son el exjuez federal Miguel Ángel Puga y el exfiscal federal Antonio Cornejo, ambos por “encubrimiento agravado”, en casos como los homicidios de Miguel Ceballos y Hugo Vaca Narvaja», comentó Gentile. «Los fiscales y jueces actuaron como burócratas útiles: no se les movía un pelo ante las denuncias por torturas que llegaban todos los días. Eran los únicos a quienes podían acudir los familiares y rechazaban todos los habeas corpus: en un momento, la gente dejó de confiar en ellos», ejemplificó la querellante de la causa.

«Los argumentos de la defensa se basaron en que ellos cumplían la ley: es decir, positivistas a ultranza, dispuestos a hacer cualquier cosa que la ley dijera», como una especie de obediencia de vida. Además, aseveraron que los casos estaban «bajo jurisdicción militar y que sólo el Ejército sabía de la matanza que se estaba haciendo. Otra total mentira», precisó.

Sobre la decisión del Tribunal de absolver al exsecretario penal del Juzgado Federal 1, Carlos Otero Álvarez y al ex defensor oficial federal, Ricardo Haro, por los cargos de “incumplimiento de deberes de funcionario público, Gentile puntualizó que «es una locura: Otero Álvarez es el que más víctimas tenía, con 72 casos, incluyendo la privación ilegítima de la libertad y tortura de Mitin Baronetto, el homicidio de su esposa Marta González, la privación ilegítima de la libertad de Vaca Narvaja y el homicidio de José Ángel Pucheta».  Agregó que todos esos casos «quedaron impunes». En la época el Código de Procedimiento decía que un secretario penal que, estando en funciones, se entere de algún delito, tenía la obligación de denunciarlo. Apuntó que la mayoría de los sobrevivientes «habían reconocido al secretario que les había tomado las indagatorias y se había enterado que habían sido torturados. De todas formas, ahora, nosotros tenemos posibilidades de una casación».

«Desde la querella, pedimos que en el alegato se hiciera alguna mención a las víctimas porque la verdad, memoria y justicia no implican solamente una reparación penal o un resarcimiento económico: también significa que quienes sufrieron la dictadura se sientan reconocidas en cuál fue la falta por parte del Estado. Y no nos hicieron lugar», señaló Gentile. Advirtió que las familias de las víctimas salieron «muy desesperada y muy mal, incluso varios insultaron a los jueces: imagínense, han estado más de 40 años esperando esto».

La corporación judicial

«Como la corporación de médicos y abogados, también existe la de los jueces. Entonces, es muy difícil que entre pares se juzguen. También jugó en contra el tipo de imputaciones: para nosotros había participación y complicidad necesaria, pero no pudimos acusarlos de eso por una cuestión procesal», reclamó la abogada querellante.

«Existe una línea de continuidad con la actualidad: acá en Córdoba, existen casos de torturas en comisarías. Yo he llevado varios casos de gatillo fácil y los expedientes se cajonean, y si algún empleado es expeditivo, vas un día y no está más: lo cambian de lugar. Y si la familia no se constituye como querellante, no pasa nada», detalle Gentile sobre el escenario cotidiano que garantiza la impunidad por parte del Estado. Denunció que «la justicia siempre responde al contexto político, amoldándose al poder, por lo que no es imparcial ni independiente: eso no existe».