Trabajadoras de casas particulares rechazan la implementación de la libreta de trabajo

El Sindicato de Empleadas en Casas de Familias de Entre Ríos (Secfer) rechazó la medida anunciada por el secretario de Trabajo Oscar Balla. «Nos encontramos una vez más silenciadas por las autoridades laborales», se denunció.

Manuela Muñoz, Secretaria General del Sindicato Empleadas en Casas de Familias de Entre Ríos puso de relieve su preocupación por el intento en Entre Ríos de “implementar Libretas de Trabajo para el personal de casas particulares”. La medida fue anunciada por Oscar Balla, Secretario de Trabajo y Seguridad Social de la Provincia y no se condice con la legislación en boga, según la gremialista. Es que, según ese sindicato, la Ley que regula la actividad del sector es la N° 26.844 y ésta estipula que no pueden existir medidas inconsultas. Lo que sigue es el anuncio de Balla y la réplica.

La Libreta de Trabajo para el personal doméstico es un registro que expide, de manera gratuita, la Secretaría de Trabajo y sirve como documento probatorio del contrato laboral y herramienta educativa. “Es beneficioso para los trabajadores y los empleadores”, comentó el titular de área, Oscar Balla. Estas libretas de trabajo deben ser retiradas por todos los trabajadores que presten servicios en el ámbito doméstico para facilitar la fiscalización y acceso a los derechos que establece el régimen laboral. Balla explicó que “la Ley N°26.844 establece que todos los empleados deben contar con este instrumento, porque es la prueba del contrato de trabajo y cuenta con los datos más relevantes del empleado y su empleador, por lo cual le sirve ambas partes”. Desde el Sindicato que nuclea a trabajadoras de casas particulares respondieron a la decisión oficial.

«Para recordar,  la ley N° 26.844, que  regula nuestra actividad, determina en su Artículo N° 62  un ámbito paritario que es la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares; órgano presidido por la Secretaria de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación e integrado por Sindicatos de Trabajadoras del sector,  Ministerio de Desarrollo Social y Ministerio de Economía de la Nación, como asimismo dos entidades de representación patronal», detalló el Sindicato mediante un comunicado oficial. «En ese ámbito es donde se instituyen las medidas vinculadas a nuestros derechos laborales y a la  implementación de herramientas que beneficien al sector», destacó Muñoz en diálogo con Diario Junio.

«Esta medida de libreta de trabajo, que fuera determinada en forma unilateral por este organismo provincial, sin la consulta correspondiente  a la entidad sindical que representa a las trabajadoras en Casas Particulares y a la Comisión Nacional, no contribuye a unificar criterios de actuación para la actividad», lamentó la Secretaria General del Sindicato Empleadas en Casas de Familias de Entre Ríos.

Silenciadas por ser mujeres

«Nos encontramos una vez más silenciadas por las autoridades laborales provinciales, no solo como entidad sindical sino también desde una perspectiva de género, donde los varones deciden en nuestro nombre y por nuestra actividad, sin debate y sin consensos», denunció Muñoz. Agregó que la medida llega «extemporáneamente, ya que desde el año 2014, por decisión de la gestión de gobierno nacional, se implementó la tarjeta magnética SUBE que se está poniendo en práctica en todo el país y que casualmente en estos días ha llegado a la ciudad de Paraná».

La gremialista precisó que para el sector la tarjeta SUBE consta de dos componentes: «sirve para el registro laboral y la utilización del transporte público a una tarifa más económica. La misma registra todos los datos vinculados a la relación laboral, de empleados y de empleador; tipo de servicio, sueldo, categoría y horario».

«No siendo potestad de la Secretaria Laboral legislar en materia de “obligación” respecto a las trabajadoras, como se lo enmarca en declaraciones del Secretario Oscar Balla, ya que el contrato de trabajo tiene su registro a través de la web de AFIP y se complementa con la tarjeta SUBE que vincula los datos laborales», puntualizó. Y recalcó que sólo con «realizar un cruzamiento de información con los organismos mencionados evitamos la burocratización de los sistemas de control, y volver a procedimientos ya perimidos en el tiempo que resultan obsoletos, en períodos de avances tecnológicos».

Esta medida resulta una doble imposición, que recae nuevamente sobre las trabajadoras, abusando de sus tiempos materiales, y no contribuyendo a erradicar la precarización laboral», finalizó Muñoz.