México: el Congreso aprobó la ley sobre desaparición forzada

Con 397 votos a favor, el Poder Legislativo finalmente aprobó la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

La Cámara de Diputados de México ha aprobado durante un pleno legislativo, con 397 a favor, la Ley General de Desaparición Forzada, tras más de dos años de debate. Dicha ley contempla la creación de un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que también ha sido aprobado por unanimidad con 361 votos, un consejo ciudadano y un registro nacional de personas desaparecidas y no localizadas. Esta ley deroga disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de la Salud e incluye «sanciones por el delito de desaparición forzada y el tratamiento de cadáveres de personas no identificadas».  Además, «cuando la víctima pierda la vida, sea migrante, niña, niño o adolescente, mujer, persona con discapacidad, adulto mayor, periodista o defensor de derechos humanos» la ley establece penas de 40 a 60 años de prisión. Por otro lado, la desaparición forzada cometida por particulares será castigada con una pena de 25 a 50 años de prisión.

La Cámara de Diputados avaló la minuta que el Senado de la República envió el último día de sesiones, en abril pasado. Y aunque se presentaron más de 50 artículos bajo reserva, al final se declinó su revisión, pues si alguno de ellos hubiera procedido, la minuta habría regresado a la Cámara alta y quedado en el cajón legislativo.

En conferencia de prensa, madres de jóvenes desaparecidos e integrantes del movimiento Nuestros Desaparecidos en México, quienes acudieron a la sesión en San Lázaro, expresaron que la nueva ley será una herramienta para enfrentar la grave crisis de desapariciones e impunidad en el país. “Las familias que conformamos el movimiento Nuestros Desaparecidos en México saludamos la aprobación de dicha ley por ser el resultado de casi tres años de trabajo por parte de más de 60 colectivos, familiares y organizaciones de la sociedad civil que han propuesto contenidos fundamentales de ésta”, indicaron.

De igual manera, solicitaron al presidente Enrique Peña Nieto que de inmediato publique la citada norma en el Diario Oficial de la Federación, que se asignen los recursos necesarios para poder operarla, y que a ellos se les permita participar en su implementación.

A la conferencia también acudió el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Armando Luna Canales, quien expresó: “Estamos muy contentos, esta es una buena noticia, diría yo la primera en mucho tiempo para muchas familias”. El diputado reconoció el trabajo de las organizaciones de familias de desaparecidos para concretar este proyecto que, subrayó, “es un producto con una gran dosis de sufrimiento y dolor, pero con gran optimismo y con mucha esperanza de que el futuro del país sea sin desapariciones”.

Canales sostuvo que así como se generó el consenso para la aprobación de la ley, es ineludible la asignación del presupuesto para su correcta aplicación. “Tenemos cifras claras que nos orientan a lo que se tiene que conseguir y estamos más que comprometidos en sacar esta ley adelante y lo estaremos haciendo en los siguientes días (en la aprobación de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2018”, aseguró.

Cristina Gaytán, quien también forma parte de la comisión de Derechos Humanos, agradeció el trabajo y esfuerzo de las organizaciones sociales y los familiares de desaparecidos que se comprometieron con esta misión a partir de hechos trágicos, como no saber dónde están sus seres queridos. Insistió que el planteamiento «está hecho, son 422 millones que la propia Cámara de Diputados y su área de finanzas públicas han señalado para la ley contra la desaparición forzada y para la ley contra la tortura. El compromiso es que no sea una ley que no tenga manera de implementarse”.

Fuente: Nodal y Proceso