El Municipio de Paraná carece de herramientas para prevenir y erradicar la violencia laboral

La muerte de José Zamora y su mensaje, ponen en el tapete la falta de interés de parte del Estado local por abordar una problemática que causa severos daños psicológicos en quien la padece, e incluso puede llevar al suicidio.

Por Pablo Urrutia.

“No aguanto más, esta gestión me persiguió como nadie”, escribió en su cuenta de Facebook, José Zamora, funcionario del municipio de Paraná, poco antes de tomar la terrible determinación de quitarse la vida arrojándose al vacío desde la terraza del edificio Cinco Esquinas de la capital entrerriana.

Tras conocerse la noticia del trágico hecho, el Gobierno local, emitió un comunicado en el que si bien no se hizo mención alguna al posteo del hombre, sí se aclaró que, “ocupó el cargo de Director General de Tránsito, designado por esta gestión, hasta la presentación de su renuncia hace pocos meses por cuestiones personales”. Según se afirmó en el texto, Zamora asumió “la función con el pleno respaldo político y la confianza absoluta del Departamento Ejecutivo. Su experiencia en el área, la idoneidad y la honradez que siempre lo caracterizó, fueron los motivos de tal designación, de la que este gobierno se sintió honrado”, finaliza el comunicado oficial.

Por su parte, el Fiscal Ramírez Montrull señaló en declaraciones a Radio La Voz, que se recabó información entre los compañero de trabajo de Zamora, ya que “también hay que investigar si no hubo algún tipo de instigación al suicidio, que es la figura penal que cabe en estos casos”. Es decir, si bien es sólo una hipótesis judicial, la publicación del ex funcionario Municipal, la declaración de su hijo, quien indicó que, “en el trabajo veníamos medio bajo, pero habíamos pactado de no charlar esos temas en la casa, por mi mamá”, son señales que indican avanzar en ese sentido para despejar dudas.

La situación obliga a replantar qué acciones lleva adelante el Estado municipal para prevenir y erradicar la violencia laboral entre sus trabajadores. Y en ese sentido, sorprende el hecho de la existencia de una ordenanza que regula el abordaje de la problemática, que nunca se implementó, ya que no se conformó la Comisión Especial que tendría a cargo el análisis de los casos. La misma debería estar integrada por un representante del área de Recursos Humanos del Departamento Ejecutivo, un profesional de salud entendido en la temática, un Concejal y un representante por cada organización que nuclea a los empleados municipales. Los integrantes deberán tener, de ser posible, conocimiento sobre el tema y procedimientos a implementar, a fin de poder revertir la situación, indica la norma Nº 8902, aprobada en julio de 2010, que hoy en día es prácticamente letra muerta.

Cuando se negociaba la paritaria 2016, los representantes de los sindicatos municipales reiteraron el pedido para que se conforme la Comisión que dispone la ordenanza, pero no hubo respuesta.

A principios de octubre de ese mismo año, el concejal Pablo Herández (UCR – Cambiemos), presentó un proyecto de ordenanza que propuso la creación de un Gabinete Interdisciplinario para el tratamiento de la problemática de violencia laboral. El mismo implicaba la derogación de la 8902, y el reemplazo de la Comisión Especial por el Gabinete de profesionales, excluyendo a los sindicatos.

A pesar de cercenar la participación de los trabajadores en el análisis de los casos y suprimir las sanciones, la iniciativa de Hernández trataba de solucionar el vacío existente en la materia. El 20 de octubre de 2016, fue aprobada por el Concejo Deliberante de Paraná. El 22 de noviembre de ese año, tras considerar  que “lo pretendido (en la Ordenanza aprobada) escapa ampliamente a las incumbencias y potestades del gobierno municipal, toda vez que implicaría invadir competencias de otros poderes, como el judicial por ejemplo, tanto en los niveles provincial y/o nacional” y que “tampoco se han previstos los recaudos presupuestarios que eventualmente implicaría dotar a la Secretaría General y Derechos Humanos de los elementos idóneos, en el hipotético caso que fuera viable la implementación física de un servicio como el que se pretende”, el intendente vetó la ordenanza impulsada por Hernández, postergando el abordaje de la violencia laboral.

Según la definición, el acoso laboral o acoso moral en el trabajo, conocido comúnmente a través del término inglés mobbing: asediar, acosar, acorralar en grupo,​ es tanto la acción de un hostigador o varios hostigadores conducente a producir miedo, terror, desprecio o desánimo en el trabajador afectado hacia su trabajo, como el efecto o la enfermedad que produce en el trabajador. Esta persona o grupo de personas reciben una violencia psicológica injustificada a través de actos negativos y hostiles dentro o fuera del trabajo por parte de grupos sociales externos, de sus compañeros (“acoso horizontal”, entre iguales), de sus subalternos (en sentido vertical ascendente) o de sus superiores (en sentido vertical descendente, también llamado bossing, del inglés boss, jefe). Dicha violencia psicológica se produce de forma sistemática y recurrente durante un tiempo prolongado, a lo largo de semanas, meses e incluso años, y al mismo en ocasiones se añaden “accidentes fortuitos” y hasta agresiones físicas, en los casos más graves. Una situación de acoso muy prolongada en el tiempo, además de enfermedades o problemas psicológicos, puede desembocar, en situaciones extremas, en el suicidio de la víctima.